El destituido presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR), Basilio Torres Rivera, demandó por $4 millones al gobernador Alejandro García Padilla por entender que tiene derecho propietario de la posición y que se le removió de su puesto ilegalmente y por ser simpatizante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El abogado Fredeswin López Caballero sometió esta semana la demanda de Torres Rivera contra García Padilla y Grace Sylvette Lozada Crespo, quien fue designada como presidenta de la CIPR por el Gobernador.

En la demanda, Torres Rivera indica que fue nombrado por el exgobernador Luis Fortuño y aprobado por el Senado el 19 de junio de 2012 como presidente de la Comisión por un término de seis años. Su salario es de $8,833 como presidente y también es comisionado, posición por la que devenga $65 mil anuales.

No obstante, relató que el 14 de enero pasado, Lozada Crespo llegó a su oficina con cuatro personas y le entregó una carta firmada por García Padilla que indicaba que se enmendó la ley de la CIPR el 30 de diciembre de 2013, para que la posición de presidente fuera de fácil remoción, y cambiaba la estructura de cinco comisionados a siete.

Fue entonces que la demandada le dijo verbalmente que había sido designada presidenta de la agencia administrativa a cargo de revisar las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y le pidió que le transfiriera expedientes, documentos, fondos y todo lo relacionado a la oficina.

Él se negó y le advirtió que la retaría en la corte, a lo que ella supuestamente le dijo que agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) llegarían para sacarlo a la fuerza, por lo que, ante ese escenario, él accedió y se fue voluntariamente.

La demanda alega que los demandados actuaron "maliciosamente e ignorando sus derechos constitucionales", y en una conducta "deliberada, discriminatoria e ilegal". Establece que fue humillado públicamente y ha sufrido angustias mentales, ansiedad, estrés y depresión.

Torres Rivera solicita permanecer como presidente y comisionado de la Corporación, alegando que tiene derecho propietario del puesto al ser una agencia con poderes cuasi judiciales. Además, solicita una orden de restricción temporera, además de la suma de $4 millones.

El juez federal Francisco A. Besosa fue asignado a atender este pleito.

El año pasado, tanto el Procurador para las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, como el Procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, demandaron a nivel federal a García Padilla por entender que se les removió del puesto ilegalmente sin el debido proceso de ley y por discrimen político, ya que fueron nombrados por Fortuño.

A raíz de una reorganización de las procuradurías, ambos funcionarios fueron reemplazados, aun cuando tenían nombramientos de 10 años que no habían vencido. Ambos casos están en proceso, pero por lo pronto, jueces federales determinaron que se mantuvieran en sus puestos.