Demanda de LUMA Energy contra la Utier podría concluir con un acuerdo entre las partes
La empresa reclama que no se le limiten los accesos a las instalaciones durante las protestas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, comenzó este viernes la vista evidenciaria en el que la empresa LUMA Energy busca que se emita una orden final y firme en la que se prohíba que los manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) impidan o entorpezcan la entrada a instalaciones que utiliza la empresa para cumplir con su misión de transmitir y distribuir energía eléctrica en la Isla.
Sin embargo, el desfile de testigos se detuvo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes.
El pasado viernes el juez emitió un entredicho provisional los tales efectos de que la Utier no entorpezca la labora de LUMA, pero con una duración de solo 10 días. Lo hizo ante la ausencia de representantes de la Utier a la vista judicial, porque supuestamente no habían sido emplazados, y luego de que la empresa demostrara a través de declaraciones juradas que sus labores se habían limitado a consecuencia de las protestas.
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Durante la vista de hoy, el juez permitió que se comience el desfile de prueba de parte de LUMA Energy. La primera persona en testificar fue la exsuperitendente de la Policía y actual directora de seguridad de la empresa, Michelle Hernández de Fraley.
El testimonio de la funcionaria se dirigió a través de imágenes tomadas por varios medios de comunicaciones durante las supuestas protestas realizadas por miembros de la Utier y jubilados ante la llegada de LUMA Energy el pasado primero de junio.
Hernández de Fraley aceptó que no estuvo presente en ninguna de las manifestaciones en las que se alega que los protestantes limitaron el acceso a los empleados de LUMA a realizar su labor. Esta situación y otros argumentos relacionados a que la testigo supuestamente llegaba a conclusiones no presentados en los reportajes mediáticos llevó a que los abogados de la Utier, Rolando Emanuelli y Alejandro Torres Rivera, cuestionaran la validez de la prueba presentada.
El juez, sin embargo, permitió la presentación de los vídeos con reservas.
“Yo tengo serias dudas del valor probatorio de estos vídeos”, indicó Martínez Piovanetti, al exponer que no sale a relucir en la prueba fechas ni horas en las que fueron tomados o publicados por los medios de comunicación.
No obstante, el juez no ha determinado si los vídeos y el testimonio de Hernández de Fraley serán inadmisible.
Ante las dudas planteadas, el abogado de LUMA, Lee Sepulvado, señaló que lo que insisten es en que se le dé “acceso” a la empresa a instalaciones en las que tienen que llevar a cabo su labor durante las manifestaciones. Por ello, el juez pasó a reclamar a las partes a que lleguen a un acuerdo en el que LUMA tenga acceso a las instalaciones y los manifestantes tengan derecho a su protesta.
“Yo lo que necesito es un acuerdo en el que no se nos bloqueen las entradas”, insistió Sepulvado, al dar paso a la discusión de un entendido.
Las partes no han determinado si esa posibilidad de llegar a un acuerdo sea aceptada por los demandados, principalmente la Utier.
“Vamos a regresar aquí luego de almuerzo y ustedes me informan si esto es viable. De lo contrario, continuaríamos con la vista”, puntualizó el juez.
La vista judicial continuará a la 1:30 p.m.
LUMA Energy demandó a la Utier, a su presidente Ángel Figueroa Jaramillo, y a la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se emita un cesen y desista de “bloquear o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros los caminos, aceras, carreteras o cualquier otro tipo de vía pública que conduzca a las instalaciones de la AEE”.
Las solicitudes también incluyen la prohibición de estos actos en cualquier componente del sistema o “locales donde LUMA realice actividades ubicados a través de todo Puerto Rico”.
La empresa alegó cuando radicó la demanda, el pasado 2 de junio, que estaban “totalmente impedidos” de acceder a las instalaciones de Palo Seco, Utuado y Caguas, “que son esenciales a la administración y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico”.
El juez, entonces, emitió el pasado viernes una orden temporera a los efectos de que “los codemandados Utier y al señor (Ángel) Figueroa Jaramillo que se abstengan inmediatamente de bloquear o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros, los accesos a las instalaciones de Ia AEE, a cualquier componente del Sistema de Transmisión y Distribución y a aquellos locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a través de todo Puerto Rico”.
Ahora, LUMA busca que el juez emita un interdicto preliminar y permanente y una sentencia declaratoria en contra de la Utier y los manifestantes.
Esta vista judicial se da en medio de una investigación local y federal para evaluar si hubo mano criminal en un fuego desatado en la tarde de ayer, jueves, en la subestación de Monacillos, que dejó a 800,000 abonados sin luz.