Tras escuchar las argumentaciones finales de la Fiscalía federal y el abogado de defensa, Rafael Castro Lang, el jurado del juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, se retiró a deliberar en la tarde de este jueves.

Tras casi tres horas de comenzar a evaluar la prueba para tomar una decisión, el jurado recesó. Fue llamado a continuar con su función mañana, viernes, a las 9:00 a.m.

Los siete mujeres y cinco hombres que integran el jurado deberán llegar a un acuerdo unánime sobre si Díaz Colón es culpable o no culpable de los tres cargos imputados, que son intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia. De no alcanzar un consenso, se tendría que realizar un nuevo juicio con otro jurado.

Al jurado no se le estipula un tiempo en específico para llegar a una determinación. Pueden demorarse horas o hasta días en anunciar una decisión.

Previo a que el jurado se marchara a deliberar, el día arrancó con las argumentaciones finales.

El primer turno lo tuvo la fiscal Myriam Fernández, en representación de la Fiscalía federal.

Fernández dio una exposición un poco dramática, en la que en reiteradas ocasiones lanzó aplausos como para alertar al jurado de los puntos que quería destacar y en momentos señalaba al acusado para pasar a aludir que este es culpable de los cargos imputados de intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia.

Su presentación fue titulada “Oportunidad, codicia, extorsión y encubrimiento”.

Dijo que la oportunidad fue el chat de Telegram que amenazaba con destruir la administración de Ricardo Rosselló, que la codicia eran los $300,000, la extorsión se dio en encuentros realizados el 21 de junio y 16 de julio de 2019 en los restaurante Musa e Il Postino, así como que el encubrimiento fue haber borrado los mensajes de Telegram que había enviado al principal testigo en su contra, el exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Rosselló, Anthony Maceira Zayas.

Asimismo, destacó que el acusado indicó en ocho ocasiones que Maceira Zayas debía hacer un pago de $300,000, durante una grabación realizada el 16 de julio de 2019 en el restaurante Il Postino. Imputó que el dinero era para Díaz Colón y no para supuestamente comprar el silencio de Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, a quien se le señala como el responsable de divulgar el controvertible chat de Telegrama que llevó a Rosselló a renunciar a la gobernación.

La fiscal Fernández repasó todos los delitos, hacía alusión a los testigos presentados por el Ministerio Público y describía cómo supuestamente Díaz Cólon orquestró un esquema para obtener dinero.

Alegó que la intención criminal de Díaz Colón presuntamente la cometió al enviar a Maceira Zayas el 20 de junio de 2019 unos mensajes “amenazantes”.

Estos decían: “Caballo, si Fortaleza no deja de joder con Raúl Maldonado (Nieves), el hijo de (el exsecretario de Hacienda), Raúl Maldonado, tiene pruebas contundentes para joder esta administración comenzando con Ricardo Rosselló. Según Raúl, ‘hijo de RM (Raúl Maldonado)’, eres tú y Fortaleza el que está detrás de este tiroteo hacia Raúl Maldonado”.

“No sé qué tú vas a hacer, pero si no paran los populares va a estar 30 años en el poder. Para esto”, establece otra porción del mensaje.

Fernández alegó que Díaz Colón se hacía pasar como el amigo de Macaiera Zayas, pero le insinuaba que lo quería destruir.

“Hay un patrón. ‘Te amo, quiero ayudarte, pero’”, sostuvo la fiscal, mientras se tocaba el hombro.

En resumen, la fiscal señaló que “probamos los elementos del delito más allá de duda razonable para que encuentren a Díaz Colón culpable”.

El abogado de defensa, por su parte, insistió en sus argumentaciones que los mensajes enviados por Díaz Colón a Maceira no eran amenazantes. Aludió que solo hubo una conversación y que la misma no constituye un delito.

Esa conversación, según dijo, era la de un “amigo” que alertaba de que existía la posibilidad de que una información perjudicial para él y la administración Rosselló saliera a la publicidad. Esa información era el chat de Telegram.

“Lo que hay evidencia es que Raulie (Raúl Maldonado Nieves, a quien se le imputa haber revelado el chat de Telegram) odiaba la administración y a Maceira. Este es un caso de venganza y no extorsión”, manifestó el abogado.

Insistió en que los $300,000 no eran para Díaz Colón. Expuso que ese dinero era el que solicitaba Maldonado Nieves y que su cliente solo era el “mensajero” para comunicar cuál era el reclamo.

Tras un receso de almuerzo, el fiscal federal Michael Nicholas Lang tomó su turno para refutar las expresiones de Castro Lang.

Enfatizó que “el señor Maceira no gana nada de participar en este esquema. No gana nada en participar con el FBI. Lo escucharon. Él no ganó nada financieramente. No lo hizo por dinero excepto que él estaba con miedo y quería hacer lo que era correcto”.

En esencia, se enfocó en demostrar que Díaz Colón sí era un gánster, tal y como lo describió Maceira Zayas durante su testimonio. Lo hizo para refutar una expresión de Castro Lang que establecía que una persona que envía un corazón como respuesta a un mensaje telefónico no actúa como un gánster.

El fiscal usó, como respuesta, unos mensajes que Díaz Colón envió a Maldonado Nieves el 25 de junio de 2019 para demostrar que sí actuaba como un maleante.

“Quieres que nos veamos más tarde. Te invito a Musa a almorzar. Quiero descojonar a estos hijos de puta. Sin armas no puedo enfrentarme a estos cabrones”, establecía un mensaje.

También indicaba: “No puedo enfrentar a estos bastardos. Dime que tú vas a hacer. No entiendo tu silencio Raulie”.

Cuando culminaba su exposición, Lang señaló que “este es el caso que Díaz Colón estaba tomando ventaja de alguien enojado”.

Familiares y el jefe del FBI en sala

La sala del juez Francisco Besosa, en el Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico, con sede en el Viejo San Juan, se encontraba llena de familiares del acusado en esta etapa final del proceso. A diferencia de los pasados ocho días, sus tres hijos -dos varones y una niña- están presente en sala. También se encuentra su esposa, sus padres y sus hermanos.

Por parte del Ministerio Público, volvió a hacer presencia el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González, y el fiscal federal Héctor Ramírez Carbó.

Uno de los testigos en el caso, Juan Carlos López, quien fue el agente federal que investigó la acusación hecha contra Díaz Colón por parte de Maceira Zayas, también está en sala.

Cabe destacar que al inicio del caso, el juez Besosa le entregó al abogado de la defensa una pastilla para la garganta.

Ayer, Castro Lang anunció que tenía laringitis y no podía dar las argumentaciones finales. Aunque el juez le denegó retrasar el proceso a causa de su padecimiento, las instrucciones al jurado demoraron tanto que no se pudo iniciar con estas argumentaciones.

Díaz Colón fue acusado por un gran jurado en enero de 2021 por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigación federal, en relación a la revelación del controvertible chat de Telegram que ocasionó que el pueblo se tirara a la calle a protestar durante el verano del 2019. La situación llevó al exgobernador Rosselló a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

El testigo principal de la Fiscalía federal alegó durante el juicio que Díaz Colón supuestamente le pidió en dos instancias, el 21 de junio y el 16 de julio de 2019, $300,000 para pagarle a Maldonado Nieves, quien es hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, para que este no revelara el contenido del chat de Telegram u otros chats adicionales.

Además, le atribuyó haberle solicitado ayuda en el gobierno para renovar dos contratos con las corporaciones Collective Impact y Social Consulting, en las que el acusado estaba implicado.

Maceira Zayas también alegó que Díaz Colón le anticipó que recibiría $2,000 mensuales de cada una de las corporaciones, si los contratos de estas corporaciones eran renovados con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, respectivamente.

Asimismo, el testigo principal afirmó que Díaz Colón solicitó un contrato para sí en el gobierno para colaborar a mejorar la imagen de Rosselló, anuncios gubernamentales para un segmento de buenas noticias a favor de dicha administración en el programa que producía, Nación Z, así como dinero para pagarle a personalidades públicas para que defendieran públicamente al exmandatario.

Trascendió que supuestamente Díaz Colón solicitó $50,000 para pagarle al manejador del programa “La Comay”, Antulio “Kobbo” Santarrosa, para que cambiara la narrativa en favor de Rosselló y detuviera el pedido de renuncia en aquel turbulento verano del 2019.

Sobre la destrucción de evidencia, Maceira Zayas y el agente investigador del caso testificaron que Díaz Colón borró los mensajes de Telegram que se alega emitió con relación a la petición de extorsión.

La eliminación del chat se alega ocurrió el 26 de julio de 2019, el día que el FBI tocó a la puerta de la residencia de Díaz Colón.