La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó al Tribunal Federal este miércoles a desestimar los cargos que emitió un gran jurado en agosto del año pasado.

La representación legal de la entonces primera ejecutiva, que encara un juicio por un presunto esquema de soborno que suscitó durante su campaña primarista entre finales de 2019 y mediados de 2020 en el que involucran al banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, sometieron una moción en la que argumentan que la Fiscalía federal no ha expuesto un “quid pro quo” explícito, es decir, un acuerdo de un intercambio.

La moción de los abogados Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis A. Plaza-Mariota y Peter John Porrata, por consiguiente, solicita al magistrado federal a remover los cargos uno, tres y cuatro que se exponen en el pliego acusatorio.

En dicho recurso, la defensa plantea que, en este caso, el Ministerio Público ha alegado que el “soborno” fue una serie de contribuciones a una campaña de un oficial público, o más bien, una promesa para contribuir a esa campaña en un futuro, en vez de pagos personales, por la cual ese intercambio debe ser más explícito.

Por consiguiente, los abogados de Vázquez alegan que la Fiscalía federal “no puede inferir de declaraciones ambiguas o una cronología circunstancial de eventos, sino que tiene que ser explícito”.

Dicho planteamiento, que se basa en el fallo de McCormick v. Estados Unidos, fue utilizado también en el caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, a su defensa alegar que los pagos del contratista Oscar Santamaría no eran sobornos, sino contribuciones de campaña sin acuerdo de que le dieran contratos municipales.

Dicho argumento, según El Nuevo Día, fue rechazado por la juez federal Aida Delgado, alegando que esa observación le correspondía al jurado.

La otrora secretaria de Justicia encara cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

La acusación federal estipula que la exmandataria aceptó una oferta de soborno por parte de Herrera Velutini y Rossini, quienes pidieron la renuncia del comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, a lo que ella supuestamente aceptó.

También están acusados Frances Díaz, presidenta del mencionado banco y el exasesor político de la entonces mandataria, John Blakeman.

Díaz y Blakeman ya hicieron alegación de culpabilidad y colaboran con las autoridades federales.

El mensaje de la también exsecretaria de Justicia llega luego de que uno de sus abogados, Luis Plaza Mariota, solicitó un “juicio rápido” para su clienta.