La defensa de Shirley Vera Barreto radicó hoy una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal en la que solicita la anulación de la sentencia a la que fue condenada por la jueza Mónica Alpi Figueroa, del Tribunal de Aguadilla, a cumplir 124 años de prisión por el asesinato de su esposo, el exteniente del Negociado de la Policía, Alvin Quiñones Acevedo.

Los licenciados Bryan Ramos Gil e Iván Alma Rozada indicaron que recibieron acercamientos de parte de un testigo del caso y de la hija del occiso, identificada como Dinorah Nicole Quiñones Jaramillo, de 22 años, cuyas revelaciones consideran como nueva evidencia para demostrar que su clienta fue privada de los derechos a un juicio justo e imparcial.

“Ciertamente, violentaron los derechos de nuestra representada durante, antes y después de que se llevara (a cabo) el juicio en su contra”, sostuvo Ramos Gil, tras aclarar que se les entregó la declaración jurada.

Por su parte, Quiñones Jaramillo, al responder sobre sus intenciones al revelar esta información ahora y no durante el juicio, parcamente expuso en una rueda de prensa que: “vine a Puerto Rico a conocer la verdad. ¿Por qué?, porque me enteré que Nancy Quiñones, mi tía, sabía del maltrato que había (contra Vera Barreto)”, tras encontrar unos mensajes entre la ahora confinada y la hermana del occiso. Agregó que no conoce a la acusada.

También reveló que desde dos años antes de la muerte de su padre no tenía ninguna relación con él y no se respondió si ella conocía del supuesto maltrato conyugal.

Luego de que Vera Barreto fuera hallada culpable por un cargo de asesinato en primer grado y dos por violación a la Ley de Armas (portación o uso de un arma de fuego sin licencia y disparar con un arma de fuego), el 6 de junio, los abogados apelaron la sentencia planteando errores del proceso judicial y solicitaron la celebración de un nuevo juicio.

Según el licenciado Ramos Gil, la confinada “está igual de indignada que nosotros”, con los nuevos eventos.

La pena que enfrenta se desglosa en 99 años por el cargo de asesinato en primer grado y 20 años por el delito de portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia (Artículo 6.05 de la Ley de Armas) y cinco años por disparar un arma de fuego (Artículo 6.14 de la Ley de Armas).

Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2020, cuando, se alega que la mujer le disparó en el lado derecho del cuello a su esposo con su propia arma de fuego mientras dormía en su hogar, ubicado en las parcelas Mamey de Moca, causándole la muerte en el acto.

Durante el juicio, la defensa intentó sin éxito establecer que se trató de un acto de legítima defensa, porque la mujer era víctima de un largo patrón de maltrato y que enfrentaba el “síndrome de mujer maltratada”.

A su vez, los abogados plantearon que los fiscales del caso, supuestamente, utilizaron “estrategias controladas” por la hermana de la víctima, Nancy Quiñones, quien es abogada y su cuñado, el exjuez Dennis Feliciano Crespo, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla.

De acuerdo con el documento, la exesposa de Quiñones Acevedo, Helen Jaramillo González, quien fue llevada al juicio como testigo, tuvo varios acercamientos que calificaron como indebidos por parte de Nancy Quiñones y el exjuez Dennis Feliciano, por mensajes de texto, llamadas y personalmente, para cuestionar su comunicación con los fiscales y con comentarios despectivos de algunos de los testigos.

“Con el propósito de declarar en el juicio del caso de epígrafe, Helen Jaramillo viajó a Puerto Rico entre el 26 y 27 de abril de 2022, su hija Dinorah Quiñones Jaramillo, fue quien la busca en el aeropuerto y de ahí van a la residencia de Dennis Feliciano y Nancy Quiñones, una vez allí Dennis Feliciano le entregó a Helen Jaramillo unas notas del caso que le fue enviada por la fiscal del caso para que Helen las verificara, acto seguido Nancy Quiñones le dice a Helen Jaramillo que eso no se podía hacer, pero de todas maneras se lo entrega debido a que ella no hizo declaración jurada”, lee un fragmento de la moción de 29 páginas de la que Primera Hora tiene acceso.

Los abogados manifestaron hoy que el Ministerio Público trató de minar la credibilidad de Vera Barreto, porque el cuchillo y unas correas que se alega fueron utilizadas para maltratarla, no aparecieron en la escena. En cambio, fueron hallados por Quiñones Jaramillo días después mientras limpiaba la habitación de la pareja.

“Se veía un poder detrás del poder y luego de esto pudimos corroborar de que el Ministerio Público, y aquí está juramentado, tenía conversaciones con testigos que están bajo las reglas (del tribunal y bajo una orden de mordaza), que la misma jueza les decía: ‘eso no lo pueden hacer...’ Esto se dio de una manera orgánica, libre y voluntaria de estas personas sintiendo del atropello que fue hubo contra Shirley Vera Barreto”, narró el licenciado Alma Rozada al clamar por la inocencia de su cliente.

Sobre ese aspecto, en la moción se informa que cuando la hija del occiso encontró el arma blanca, su tía se la arrebató de las manos y le dijo que había que esconderla. Luego, el 3 de octubre de este año volvió a ver la cuchilla en una gaveta y le tomó una fotografía, según se desprende de la declaración jurada que se le tomó el 14 de octubre.

“A pesar de que la presente moción no está basada en los hechos, toda vez que así ha estado establecido por norma jurisprudencial, de las declaraciones juradas que hemos acompañado, también surge que la investigación estuvo plasmada de errores y contradicciones que son irremediables al día de hoy y que corroboran la versión que alegó la señora Vera Barreto cuando fue entrevistada por la Policía”, agrega el documento.

Si finalmente se anula la sentencia, Vera Barreto sería excarcelada y su resultado no culminaría con la celebración de un nuevo juicio, subrayó el licenciado Ramos Gil.

Advertencia de Justicia

Por su parte, en declaraciones escritas, el fiscal de distrito de Aguadilla, Juan Ramos García y la fiscal Myriam Nieves Vera rechazaron de manera contundente las alegaciones, las cuales calificaron como falsas. Advirtieron, además, que estarán evaluando las expresiones hechas por los abogados y, de constituir alguna violación ética, tomarán las medidas correspondientes en los foros pertinentes.

“Las alegaciones son falsas, irresponsables, antiéticas y carentes de pruebas que las sustenten. La moción es infundada e improcedente en derecho, pero la vamos a contestar con fundamentos legales y en el tribunal, que es donde se litigan los casos. Además, evaluaremos las alegaciones conforme a los dispuesto en el Código de Ética Profesional de los Abogados”, puntualizó el fiscal Ramos García.

De igual manera, los fiscales rechazaron las alegaciones sobre la supuesta entrega de notas a Helen Jaramillo, quien figura como una de las testigos del caso. No obstante, destacaron que su testimonio no fue transcendental en la determinación del jurado, ya que esta no fue testigo presencial de los hechos ni se probó con ella ningún elemento del delito.

“Este juicio fue por jurado y el veredicto fue unánime. La decisión no cambiaría si se eliminara su testimonio, pues no declaró sobre los hechos del crimen que cometió Vera Barreto y que probamos con otros testigos y vasta evidencia. La declaración de esa testigo se limitó a describir el carácter del occiso, y la defensa no lo objetó oportunamente”, detalló la fiscal Nieves Vera.

“Cabe destacar que de la declaración jurada que acaba de prestar la testigo en ningún momento surge que se retracta de su testimonio vertido en el juicio”, añadió la fiscal.

“No nos sorprende esta actuación de la defensa, porque la conducta de los abogados fue igual de antiética durante el proceso. Hicieron imputaciones infundadas y no respetaron la orden de mordaza emitida por el honorable tribunal. Por esto, desde el principio solicitamos el auxilio del tribunal para evitar que se ventilara la evidencia públicamente durante el proceso. La defensa quiere litigar el caso en los medios y no en la corte; mediante falsedades pretenden lograr lo que no pudieron en el tribunal”, sentenció el fiscal Ramos García.