Aunque hizo claro que no hay oferta ni contraoferta, Luis Pinto Andino, uno de los abogados de defensa del exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz no descartó hoy una negociación entre las partes.

“La negociación nunca está excluida en un proceso judicial, pero expresar que existen ofertas y contraofertas para aceptar y rechazar cosas, eso no está (bajo consideración) en este momento, en esta etapa”, indicó Pinto Andino a preguntas de Primera Hora.

El abogado y otro integrante de la defensa de Rodríguez Ruiz, Luis Noel Rodríguez Ruiz se reunieron hoy con los fiscales especiales, Guillermo Garau y José Núñez Corrada con el propósito de estipular documentos que constituyen parte de la prueba.  El objetivo es agilizar el proceso, antes de la vista preliminar programada para los días 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2019.

El encuentro, a puertas cerradas, entre abogados y fiscales se llevó cabo en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).

Pinto Andino no precisó qué tipo de documentos podrían estipular.

“No sé decir qué tipo de documento podría estipular porque no he estado expuesto a nada. Hoy es que por primera vez voy a estar expuesto a lo que podría ser prueba estipulable”, sostuvo.

El abogado añadió que “típicamente es estipulable el recibo de un estacionamiento, pero en términos del caso estoy en cero”.

No obstante, reconoció que los fiscales han anticipado que la prueba “es voluminosa”.

El pasado mes de noviembre, los fiscales y los abogados del exrepresentante Rodríguez Ruiz y de la exdirectora de su oficina legislativa, Soniel Torres Suárez, acordaron ante el juez superior Rafael Taboas Dávila que estipularían la autenticidad de documentos, más no su contenido para agilizar el proceso judicial.  Como parte del acuerdo, las partes decidieron someterle al tribunal una moción con las estipulaciones.

En la vista del pasado mes de noviembre, Garau mencionó -a preguntas de periodistas- que podrían estipular la autenticidad de los récords médicos de Torres Suárez del Hospital Menonita de Guayama a donde esta fue a recibir asistencia médica el 11 de noviembre de 2017.

En sus primeras entrevistas con policías, la entonces empleada legislativa señaló a Rodríguez Ruiz como el autor de una agresión que había sufrido en el rostro el 10 de noviembre de 2017, en una carretera en Santa Isabel. Sin embargo, después de haberlo identificado con su puño y letra en una querella y de haberle mostrado su foto a la Policía, Torres Suárez exoneró al legislador de los hechos.

Otros documentos que podrían ser autenticados incluyen el testimonio que Torres Suárez prestó ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, así como la transcripción del informe de las vistas legislativas de mil páginas. Además, se estipularían otros documentos de la Cámara sobre las organizaciones sin fines de lucro creadas por Rodríguez Ruiz, así como la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones de su elección como representante novoprogresista en noviembre de 2016.

Un informe que encomendó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, al oficial investigador Ernie Cabán señaló irregularidades en la creación, nombramiento de directores y la designación de fondos de las organizaciones sin fines de lucro "Lazos dorados de amor", del 2 de enero de 2017, y la organización "Futuros deportistas", del 10 de enero de 2017.

El informe dice que estas organizaciones fueran creadas por Rodríguez Ruiz en su oficina legislativa con materiales y equipos de la Cámara de Representantes.

La documentación concluye, además, posibles irregularidades en los salarios altos de varios empleados y un contrato otorgado a un amigo del legislador que facturaba a razón de 8 horas diarias a pesar de ser empleado a tiempo completo de un colegio.

Otro de los puntos contenidos en el informe es la compra de una Toyota Tacoma blanca, adquirida en marzo de 2017, por Torres Suárez la cual era utilizada por el representante Rodríguez Ruiz.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de su escaño por el distrito 27 (Santa Isabel, Coamo y Aibonito) el 15 de febrero de este año en un juicio por residenciamiento del pleno de la Cámara de Representantes.

Los abogados de Torres Suárez, Mario Moczó y Lester Arroyo Pérez, no estuvieron presentes en la reunión de hoy.

Torres Suárez enfrenta cargos por perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, fraude o engaño sobre testigos y fraude, mientras que el exrepresentante encara cargos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales. Ambos están libres bajo fianza de $30,000 que fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).