La defensa del excorredor de seguros, Pablo Casellas, quien fue encontrado culpable de asesinato, violación a la ley de armas y la destrucción de prueba por la muerte de su esposa Carmen Paredes, solicitó al Tribunal de Instancia de Bayamón que deje sin efecto los veredictos del jurado y ordene la celebración de un nuevo juicio.

En una segunda moción radicada por la defensa, esta semana, se solicita que se anule el veredicto de culpa contra Casellas. Hace unos días, expusieron que un jurado, contaminó a algunos miembros del panel, llevándole información “falsa y despectiva”, que no constituía evidencia presentada en el juicio, contra el único testigo que presentó el acusado.

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Hoy radicaron una moción en solicitud de Orden Urgente para asegurar la tramitación justa del proceso apelativo, evitar dilaciones, gastos innecesarios, y que se cometa un desvarío de la justicia.

En esta moción, el abogado Harry Padilla expone que, bajo la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinó que Puerto Rico es un territorio incorporado y que está bajo la Cláusula Territorial del Congreso, se debe reconocer uno de los derechos fundamentales en el foro federal es el derecho a juicio por jurado con veredicto unánime.

La defensa de Casellas había solicitado un veredicto unánime previo al inicio del juicio en su contra, lo que fue declarado no ha lugar por el juez superior y ahora administrador del Tribunal de Instancia de Bayamón, José J. Ramírez Lluch.

Esta petición es parte de la apelación de todo el caso ante el Tribunal de Apelaciones. Pero ahora, le piden al juez Ramírez Lluch que no se dilate el proceso de nulidad de juicio en espera del dictamen del Apelativo.

“Se solicita al Honorable Tribunal, que luego de los trámites de rigor, emita una orden inmediata, dejando sin efectos los veredictos rendidos en contra del apelante en los casos de naturaleza grave y ordene la celebración de un nuevo juicio, sin tener que esperar por la adjudicación total del recurso apelativo que obra presentado: y ello al amparo de la Regla 1 de Procedimiento Criminal”, expuso Padilla Martínez.

El letrado  fundamenta el derecho que tiene cualquier acusado en Puerto Rico, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, a un veredicto por unanimidad y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para establecer que la unanimidad es un componente esencial de la VI Enmienda, que aplica a Puerto Rico por ser un territorio no incorporado.

“Por tanto, el mismo es obligatorio en esta jurisdicción”, expone.

El veredicto de Casellas fue de 11 a 1 y esto es parte de lo que está en apelación en el Tribunal. “La realidad es que el Artículo ll de la Constitución y la Regla 112 de Procedimiento Criminal, al permitir un veredicto 9 a 3, concede menos derechos que los autorizados por el Tribunal Supremo Federal, pero no puede dar menos”, se indica, citando jurisprudencia.