La defensa del excorredor de seguros, Pablo Casellas Toro, convicto por la muerte de su esposa Carmen Paredes Cintrón, presentó la tarde del lunes una moción solicitando la celebración de un nuevo juicio argumentando que un miembro del jurado utilizó evidencia externa al proceso judicial para evaluar la credibilidad de su perito Rafael Jiménez Pérez.

El perito Jiménez Pérez fue el único testigo que sentó la defensa de Casellas Toro durante el juicio para tratar de impugnar el testimonio de Luis Alberto Guzmán Hernández, quien declaró que la mañana del 14 de julio de 2012 observó cómo una persona que manejaba un Mercedes Benz gris lanzó hacia la acera la pistola que, según el Ministerio Público, se usó para segar la vida de Paredes Cintrón.

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En su moción de 34 páginas, los abogados Harry Padilla Martínez, Juan Ramón Acevedo Cruz, Arturo Negrón García y Francisco Rebollo Casalduc indican que el jurado José Ramón Pérez Torrellas utilizó información externa al proceso judicial que obtuvo de su puesto como contador supervisor de fondos federales en la Autoridad de Carreteras a la hora de evaluar el testimonio del perito de la defensa.

Apuntan que ese jurado conocía al perito de antemano y que en "tres ocasiones habló de forma negativa y despectiva a algunos de nosotros sobre el señor Jiménez Pérez", según una declaración jurada que prestó otro jurado.

"Manifestó que el señor Jiménez Pérez había estado envuelto en un caso de fraude en la construcción del Tren Urbano. Dijo que él participo en la fiscalización del proyecto del Tren Urbano. Indicó que personalmente le restó a la reclamación del señor Jiménez Pérez un millón de dólares en varillas. Señaló que el grupo que construyó el Tren Urbano, en el cual estaba el señor Jiménez Pérez, había sido objeto de una acusación", apuntó el jurado que ofreció la información a la defensa.

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Estas expresiones falsas, de acuerdo a los abogados defensores, iban dirigidas a minar el carácter y reputación del perito en ingeniería forense y, por tanto, su credibilidad.

"Por otro lado, los jurados que recibieron la información la usaron, no se lo informaron al juez (José) Ramírez Lluch, como éste le había requerido y ordenado, y lo que hicieron fue guardar silencio ante la ilegalidad", argumentaron los abogados.

"Ello realmente privó al acusado de ser juzgado ante un jurado imparcial como lo requiere nuestro sistema de derecho", agregaron.

Como parte de su moción, los abogados aclaran que Jiménez Pérez demandó a la Autoridad de Carreteras por incumplimiento de contrato y que, a su vez, la corporación pública contrademandó al perito y a su empresa.

Finalmente las partes alcanzaron un acuerdo y el tribunal dictó una sentencia aprobando la estipulación entre las partes.

"El doctor Jiménez Pérez y su empresa no estuvieron involucrados en ningún fraude, así como tampoco fueron objeto de acusación y en el proyecto del Tren Urbano se utilizaron fondos federales", indican los abogados.

Señalan también que el jurado Pérez Torrellas quebrantó el juramento que tomó cuando se comprometió a ser un juzgador imparcial de hechos y a solo tomar en cuenta la evidencia que desfilaría durante el proceso judicial.

En su argumentación, los letrados sostienen que el testimonio del perito era uno de vital importancia porque impugnaba al testigo de Guzmán Hernández al declarar que su testimonio era "físicamente imposible".

Ante esta situación, los abogados solicitaron al Tribunal de Bayamón que señale una vista evidenciaria para discutir la moción y que luego de que se determine que se privó a Casellas Toro de un juicio justo e imparcial se deje sin efecto su sentencia y se ordene la celebración de un nuevo juicio.

Actualmente Casellas Toro extingue una pena de 109 años de prisión en la cárcel de Bayamón luego de que un jurado, en una decisión de 11 a 1, lo encontró culpable de un cargo de asesinato, una violación a la Ley de Armas y un cargo de destrucción de prueba.

Casellas Toro también enfrentó un cargo menos grave de informar falsamente un delito al reportar a las autoridades que supuestamente sufrió un "carjacking" el 17 de junio de 2012, en el Club Metropolitano de Tiro, de Toa Baja. Este cargo no pasó al jurado porque se vio por tribunal de derecho.

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