En una moción presentada el pasado 5 de noviembre, el abogado Harry Padilla Martínez resumió los incidentes procesales del caso y pidió al Tribunal de Apelaciones que extienda la autorización y devuelva al Tribunal de Bayamón los autos del caso para que se atienda el reclamo del hijo del juez federal Salvador Casellas.

“Que en el escrito del Pueblo, éste no se opuso a la autorización solicitada, sino que por el contrario su posición fue 'que este Ilustre Tribunal debe detener los procedimientos apelativos de este caso y no pasar juicio sobre las controversias planteadas en el recurso de apelación de epígrafe, hasta tanto el foro primario se exprese sobre la moción de nuevo juicio que la defensa presentó ante su consideración'”, puntualizó el letrado en el segundo escrito que presenta solicitando la autorización del Apelativo.

El pasado 18 de mayo la defensa de Casellas Toro presentó una moción solicitando la celebración de un nuevo juicio argumentando que un miembro del jurado utilizó evidencia externa al proceso judicial para evaluar la credibilidad de su perito Rafael Jiménez Pérez.

El perito Jiménez Pérez fue el único testigo que sentó la defensa durante el juicio para tratar de impugnar el testimonio de Luis Alberto Guzmán Hernández, quien declaró que la mañana del 14 de julio de 2012 observó a una persona que manejaba un Mercedes Benz gris -similar al vehículo de Casellas Toro- lanzar hacia la acera la pistola que, según el Ministerio Público, se usó para segar la vida de Paredes Cintrón.

En su moción de nuevo juicio, los abogados Padilla Martínez, Juan Ramón Acevedo Cruz, Arturo Negrón García y Francisco Rebollo Casalduc indicaron que el jurado José Ramón Pérez Torrellas utilizó información externa al proceso judicial que obtuvo de su puesto como contador supervisor de fondos federales en la Autoridad de Carreteras a la hora de evaluar el testimonio del perito de la defensa.

Apuntaron que ese miembro del jurado conocía al perito y que en varias ocasiones compartió con los juzgadores de los hechos impresiones negativas y falsas del testigo de la defensa que evitaron que Casellas Toro fuera juzgado por un jurado imparcial.

Pero la moción de nuevo juicio no ha sido atendida por un asunto de jurisdicción.

La jueza Vivian Durieux Rodríguez, quien heredó el caso tras la muerte del juez José Ramírez Lluch, ha planteado que el Tribunal de Apelaciones asumió la jurisdicción del caso cuando pidió los autos para atender la apelación de la defensa.

Por eso, la togada ha insistido en que necesita la autorización de ese foro intermedio y los documentos ante su consideración para atender la controversia.

“En la medida que transcurra el tiempo sin celebrarse la vista, ello tiene un efecto negativo sobre el aquí compareciente”, aseguró Padilla Martínez en su última moción. 

Debido a la inacción del Tribunal de Apelaciones, la jueza Durieux Rodríguez señaló otra vista el estado de los procedimientos para el 10 de diciembre a las 10:00 a.m.

Ese día la defensa y el Ministerio Público, representado por los fiscales Phoebe Isales Forsythe, Sergio Rubio Paredes y Janet Parra Mercado, informarán si ha ocurrido algún avance en el caso.

Actualmente Casellas Toro extingue una pena de 109 años de prisión en la cárcel de Bayamón luego de que un jurado, en una decisión de 11 a 1, lo encontrara culpable de la muerte de su esposa.