La defensa de Pablo Casellas Toro, acusado por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón, enfilará sus cañones mañana a tratar de impugnar el testimonio de Luis Alberto Guzmán, quien declaró que la mañana del 14 de julio de 2012 observó la mano de un hombre de tez blanca lanzar un objeto desde un Mercedes Benz gris hacia una acera de la Avenida Santa Ana en Guaynabo.

El 14 de julio Casellas Toro manejaba un Mercedes Benz gris.

El paciente de metadona y residente de la barriada Los Filtros, que colinda con la urbanización Tierralta III, donde residía el acusado y su esposa, indicó que al acercarse al objeto descubrió que se trataba de una pistola, que las autoridades han identificado como el arma homicida.

En una moción radicada ayer, los abogados Harry Padilla Martínez, Juan Ramón Acevedo Cruz, Francisco Rebollo Casalduc y Arturo Negrón García solicitan al juez José Ramírez Lluch, del Tribunal de Bayamón, que cite al doctor Eduard Pharel, director del programa de Metadona de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y Ruth Aponte Cotto, secretaria regional del Programa de Metadona o su representante.

En el caso de Aponte Cotto, piden que la testigo traiga el expediente médico de Guzmán.

También solicitan la citación del ingeniero Javier Ramos, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que tiene a su cargo las operaciones del Tren Urbano (TU) y del ingeniero Alberto Figueroa, director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

Piden que Ramos traiga información relacionada a las distancia que existe entre la estaciones de Torrimar y de Centro Médico del Tren Urbano. La defensa solicita también los horarios de servicio del 14 de julio.

Mientras, Figueroa debe traer el tiempo real que toma desplazarse en guagua desde el Centro Médico hasta Alturas de Torrimar.

Guzmán declaró que la mañana del 14 de julio acudió al Centro de Metadona de Río Piedras y que regresó a su casa utilizando transportación pública. Pero no precisó la hora en que acudió a la cita, ni el tiempo que le tomó realizar el viaje de ida y vuelta. Tampoco especificó la hora exacta en que caminaba al supermercado y ocurrió el incidente.

En el contrainterrogatorio, el testigo también indicó que no consideraba la marihuana una droga y que entró voluntariamente al programa de rehabilitación por problemas familiares.

Como parte de la estrategia para impugnar las credibilidad de los testigos que declararon sobre la presunta arma homicida, los abogados defensores también solicitan al juez Ramírez Lluch que tome conocimiento judicial e informe al jurado que Guzmán, Joselito Rivera y José Luis Morales violaron la Ley de Armas al portar, vender o disponer de la bala en la pistola FN Five Seven.

Este delito conlleva una pena de cárcel que oscila entre 18 a 57 años de cárcel en el caso de Guzmán y de Rivera.

Guzmán encontró la presunta arma homicida y la entregó a Rivera para que la vendiera. Según el interrogatorio al que fue sometido Rivera dijo ser el dueño del punto de drogas de la barriada Los Filtros.

Morales, el dueño de un bar, compró la pistola, que eventualmente entregó a los agentes que investigaban el caso.

Los tres testigos declararon bajo un acuerdo de inmunidad.

Citando las Reglas de Evidencia, los abogados defensores señalan que un testimonio puede impugnarse cuando el testigo tiene un interés o un motivo de parcialidad.

Anticipando que el juicio terminará la semana entrante, los abogados defensores solicitaron al juez Ramírez Lluch que ordene al Ministerio Público, representado por los fiscales Janet Parra Mercado, Sergio Rubio Paredes y Phoebe Isales Forsythe que se ciñan a las Reglas de Evidencia su informe final al jurado.

"No está permitido el hacer un breve informe inicial y luego que se escuche el informe del acusado, pretender en rectificación cubrir lo que se dejó de hacer en el informe inicial", arguye la defensa, al tiempo que subrayan que la reglas describen el segundo turno como uno breve.

En los informes finales, el Ministerio Público tiene un primer turno para presentar su caso. Luego la defensa presenta su argumentación y el Ministerio Público tiene una réplica o segundo turno.

Para el viernes, la defensa del corredor de seguros citará a un perito para intentar impugnar el testimonio de la patóloga forense Rosa Rodríguez.