CAGUAS - La defensa de Manuel Natal Bracetti, el abuelo que embarazó dos veces a su nieta y quien hizo alegación de culpa a nivel federal en septiembre del año pasado, solicitó hoy, jueves, la desestimación de los cargos estatales en su contra.

La fiscal Cándida Sellés indicó que, durante una conferencia con antelación al juicio celebrada en la sala 302 que preside el juez Ricardo Marrero, la abogada Celimar Gracia argumentó que al caso de su cliente le aplica la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de Pueblo vs. Sánchez que limita que una persona acusada a nivel federal también enfrente cargos en una corte estatal.

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El juez Marrero concedió 10 días a Gracia, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) de Caguas, para radicar una moción con sus argumentos al respecto y concedió 10 días adicionales al ministerio público para replicar. 

El pasado 20 de marzo el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la acusación de una persona por los mismos delitos en el foro federal y estatal resulta en lo que se conoce como una doble exposición (double jeopardy), y por consiguiente, impide el procesamiento criminal de esa persona a nivel estatal.

El Departamento de Justicia se opone a esta interpretación de 8 de los nueve jueces del Supremo y se plantea la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Sellés dijo que no es correcto que el caso reciente del Supremo aplique a Natal Bracetti, pero declinó elaborar de inmediato sobre su planteamiento en derecho.

Una nueva conferencia de estado de los procedimientos, en la que se podrían argumentar ambas mociones, fue pautada por el juez para el próximo 21 de mayo.

Natal Bracetti, un agricultor de 65 años, se declaró culpable el pasado 29 de septiembre en el foro federal por transportar a su nieta del hogar de ésta en Cidra a su finca en San Lorenzo con la intención de cometer actos sexuales ilícitos y prostituirla al pagarle entre $20 y $80 por los hechos entre junio y julio de 2010, cuando la menor tenía unos 14 años.

Los cargos a nivel estatal son dos por agresión sexual, uno por actos lascivos y otro por maltrato de menores, con una sentencia potencial de 25 años de cárcel que sería consecutiva a los 24 años a los que se le condenó a nivel federal, dijo la fiscal Sellés.