El trío de abogados que representa a la legisladora Mariana Nogales, su madre Rita Molinelli y la empresa familiar Ocean Front Villas Corp. en el caso de presunta evasión contributiva que le imputan las autoridades denunciaron hoy un “intento de intimidación y persecución” por parte del Departamento de Hacienda en contra de los abogados y el perito de la defensa del caso.

En una enérgica denuncia, los abogados José A. Andréu Fuentes, Frank C. Torres Viada y Ricardo Prieto García condenaron que en medio de la vista de Regla 6, o causa para arresto, en alzada que se está llevando a cabo en el Tribunal de San Juan, se interrumpiera la misma durante el testimonio del perito de la defensa, licenciado Ángel Marzán Santiago, para que el fiscal especial Ramón Mendoza anunciara que el Departamento de Hacienda iba a referirlo al Departamento de Justicia “para ser acusado criminalmente” por una presunta comisión de delito.

Esa notificación, que ocurrió luego que el exsecretario de Hacienda Manuel Díaz Saldaña, quien es perito y testigo del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), interrumpiera el contrainterrogatorio a Marzán y provocara una reunión en la sala del juez, estaría confirmando, según el trío de abogados y el perito, información confidencial confiable que habían recibido previamente de que el Departamento de Hacienda va a usar su poder “para intimidar o hacer daño a todas aquellas personas que, de alguna u otra forma estén identificados con la defensa de las imputadas en este caso”.

“Resulta claro que esto es una acción hueca, infundada y maliciosa, con el solo propósito de intimidarle durante su testimonio y, peor aún, pretenden desacreditarlo como testigo, lo que podría lacerar su reputación”, afirmó el licenciado Andréu. “Esta actuación confirma la información que hemos estado recibiendo sobre la intención descabellada y mendaz del Departamento de Hacienda de investigar al licenciado Marzán Santiago como represalia por su testimonio pericial en el caso y a nosotros, los abogados de defensa, como si fuera una vendetta por defender nuestro caso como se garantiza en un estado de derecho como el que disfrutamos”.

Los abogados advirtieron que la actuación de los funcionarios y representantes del Departamento de Hacienda, que afirman “se ha convertido recientemente en un patrón inaceptable”, podría constituir un acto ilegal sancionado por las leyes penales de Puerto Rico y los Estados Unidos.

“Además, constituye la base para una acción civil en reclamo de daños y perjuicios, al amparo de las leyes de Puerto Rico y las disposiciones de las leyes federales, que imponen responsabilidad civil a los funcionarios públicos que bajo so color de autoridad, negligente o maliciosamente, infrinjan el ejercicio válido de derechos constitucionales”, afirmó el licenciado Prieto.

“Esto no se puede permitir. Esto es un abuso de poder, que viola en nuestro estado derecho leyes estatales y leyes federales, que no permiten que el Estado, so color de autoridad, viole los derechos civiles de los ciudadanos, ya sean abogados, ya sean personas privadas o lo que sean. El Estado no puede usar su autoridad para intencionalmente violar los derechos, y menos aún en un proceso criminal, donde está envuelto el derecho del acusado a tener una representación legal adecuada y a defenderse de los cargos que le están imputando en su contra”, afirmó Andréu.

Los abogados indicaron que la denuncia ya fue remitida al Departamento de Justicia ayer, lunes, invocando el derecho a que el Estado no viole los derechos civiles y constitucionales. En la denuncia, además, se incluye una carta en la que el abogado del licenciado Marzán denuncia que, a otros abogados, de otros casos que involucraron al Departamento de Hacienda, también han sido objeto de represalias por parte de funcionarios de Hacienda.

En las misivas al Departamento de Justicia también se solicita que se investigue la situación, y se tomen las medidas pertinentes.

“Nosotros no nos vamos a quedar callados ante esta situación. En estas cartas hemos sido enfáticos en decir que los abogados no vamos a tolerar que estado utilice su poder para abusar de esta forma, y para llevar a cabo este tipo de acción con el propósito de afectar el desempeño de estos abogados en el cumplimiento del derecho constitucional que tiene Mariana (Nogales) y su madre de representarse adecuadamente y de poder levantar todas las defensas que tienen en el caso”, insistió Andréu. “Esto es un atentado que hay que denunciar con fuerza, porque no se puede permitir”.

Reacciona Justicia

Tras conocerse los detalles de la conferencia de prensa, el Departamento de Justicia envió un comunicado de prensa en el que asegura que no ha recibido ningún referido relacionado al caso de la legisladora.

“Aclaramos que en el Departamento de Justicia no se ha recibido ningún referido de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente ni del Departamento de Hacienda relacionado con el caso presentado contra la representante Mariana Nogales Molinelli”, destacó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en declaraciones escritas.

“Cabe destacar que el Panel del FEI es un organismo independiente que, por virtud de ley, opera completamente aparte del Departamento de Justicia”, agregó la agencia.

Gobernador se distancia

En tanto, el gobernador Pedro Pierluisi, en declaraciones emitidas tras una conferencia de prensa en la que se anunciaron trabajos de rehabilitación en la Autopista Luis A. Ferré, sostuvo que “no tengo información sobre eso”.

“Realmente habrá que ver sobre la marcha si eso tiene alguna validez, esos planteamientos. Yo no voy reaccionar a alegaciones de ese tipo, tienen que fundamentarla”, indicó.

Agregó que, si como anunciaron los abogados denunciantes, habían referido el asunto al Departamento de Justicia, “estoy seguro que el Departamento de Justicia va a evaluar el referido y se expresará al respecto”.

“Pero yo estaría especulando, opinando fuera de lugar, a base de unas alegaciones que no ha sido fundamentadas hasta el momento”, añadió el gobernador.