La defensa de Pablo Casellas Toro, convicto en el foro estatal por la muerte de su esposa Carmen Paredes, se opuso a la solicitud de la fiscalía federal para que se le imponga una pena mayor para este acusado y rechazó los argumentos utilizados por los fiscales, incluyendo el alegato de que existe la posibilidad de que un gobernador de Puerto Rico emita un perdón ejecutivo o un indulto en este caso.

En moción presentada por el abogado Francisco Rebollo Casalduc, la defensa de Casellas acusa a la fiscalía de intentar traer el caso estatal de asesinato al proceso federal para intentar justificar una sentencia mayor que, afirma, sería un 900% más alta que la dispuesta para estos casos.

Casellas fue convicto finalmente en el tribunal federal por un cargo de mentir a agentes federales sobre un supuesto “carjacking” que alegó ocurrió días antes del asesinato de Paredes.

La sentencia dispuesta para este cargo, se insiste en la moción, es de 1 a 7 meses de cárcel, pero la fiscalía está pidiendo 60 meses, que serían concurrentes con la sentencia local de 109 años, pero que no concluya con esta si el acusado no la cumpliera en su totalidad.

“Nada en las guías de sentencia apoya la solicitud del gobierno (la fiscalía), por lo que la defensa objeta”, dice el escrito.

Rebollo Casalduc rechaza el reclamo de que se vincule la mentira, por la que fue convicto Casellas a nivel federal, con el asesinato por el que fue convicto a nivel estatal y afirma que ese último caso ya fue adjudicado en las cortes de Puerto Rico y “vindicado por una sentencia de 109 años , que ningún ser humano podrá servir”.

Afirma además que Casellas no fue convicto por mentir sobre un asesinato, sino sobre un “carjacking”, que fue lo que otorgó jurisdicción a las autoridades federales para intervenir en este caso.

“En un argumento que según nuestro conocimiento nunca se había levantado en un caso criminal federal, la fiscalía alega que hay situaciones únicas en Puerto Rico que ameritan una sentencia mayor”, cuestiona la defensa.

Argumenta que la primera de esas “condiciones”, la del respeto mayor hacia las autoridades federales, quien la lesionó fue la fiscalía con este caso y que no le corresponde al tribunal salvar y proteger esa imagen.

Rechaza argumento de indulto

Al rechazar el argumento de la fiscalía de que Casellas podría beneficiarse de un indulto que le extienda algún gobernador de Puerto Rico, la defensa sostiene que “calificar esta argumentación de especulativa, no le hace justicia” y cuestiona cómo quedaría el tribunal si, al seguir ese argumento impone la sentencia mayor y el indulto nunca se produce.

“Las sentencias deben determinarse en base a hechos conocidos, sostenidos por evidencia confiable y no sobre la base de condiciones especulativas que podrían o no materializarse. No existe mecanismo para corregir una sentencia impuesta sobre la ocurrencia de una condición futura que nunca se materialice”, sostiene la defensa.

Informa además al tribunal que el mismo día que los medios dieron a conocer el argumento que utilizó la fiscalía, el gobernador Alejandro García Padilla fue interrogado por periodistas sobre el tema  “y él, decisivamente, rechazó esa posibilidad”.

Por lo tanto, agrega, “si alguna evidencia no especulativa puede traerse a la atención de este tribunal, la evidencia aquí va contra los argumentos de la fiscalía”.

“La defensa, respetuosamente, solicita que el tribunal deniegue la petición del gobierno para una sentencia más alta y que el acusado sea sentenciado siguiendo las guías, correctamente calculadas por el informe del PSI (Presentence Investigation Report)”, concluye.