El juicio federal contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, continuó es martes en el tribunal federal en el Viejo San Juan, bajo medidas especiales en respuesta a la amenaza del coronavirus, que incluyeron colocar a los miembros del jurado lo más separados posible.

En esta novena jornada del proceso continuó el desfile de testigos de la defensa de Nazario, que está conformada por los abogados María Domínguez, Edgar Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu. Como parte de su estrategia, la defensa continuó tratando de poner en dudas la credibilidad de varios testigos presentados por la fiscalía, en particular algunos de los empleados y exempleados que habrían resultado perjudicados por el esquema de fraude que se le imputa a Nazario.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

Los fiscales Myriam Fernández y Scott Anderson han mostrado una gran cantidad de documentos durante el proceso, que incluyen copias de cheques, registros de nómina, listados de asistencia y documentos con diversa información escritos a mano, además de los testimonios de una gran cantidad de empleados y exempleados que en su mayor parte han testificado que fueron engañados por Nazario y trabajaron durante meses sin paga, aunque también ha habido testimonios contradictorios y algunos que han defendido al exalcalde y negado haber sido engañados o que se les deba dinero.

En la mañana de este martes, la defensa sentó a declarar a una empleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y otro del Departamento de la Familia (DF), con el propósito de restar validez al testimonio de varios testigos que alegan no haber sido remunerados por su labor, bajo la premisa de que no habrían estado trabajando puesto que para las fechas en cuestión estarían recibiendo beneficios de desempleo o del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Tras explicar de manera general cómo funciona el pago por desempleo, Sandra Valentín Robles, directiva del programa de seguro de desempleo del DTRH explicó validó en su testimonio varios documentos presentados por la defensa, como la solicitud de beneficios por desempleo de Bienvenido Cornier Troche, de Christian Rivera Troche y de Dixon A. Yordán Centeno.

Pero en su turno el fiscal Anderson pagó con la misma moneda de la defensa, sembrando dudas en torno a la certeza que podrían ofrecer esos documentos en relación con los hechos imputados a Nazario.

De hecho, llevó a la testigo a admitir que el municipio de Yauco, como empleador, recibe la solicitud de beneficios por desempleo del empleado y tiene la posibilidad de corregir cualquier error en la misma. De igual forma, reciben una notificación trimestral de los pagos por desempleo y también pueden corregir cualquier error que haya.

Por su parte, Carlos Manuel Alvarado Díaz, supervisor de asistencia social y familiar de la oficina local de Aibonito de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (Adsef) del DF, también avaló varios documentos de solicitudes de PAN de empleados afectados por el fraude que se le imputa a Nazario, en este caso Aramis Burgos Caraballo, Aníbal Mercado Lugo y Antonio Irizarry.

A pesar de las objeciones de la fiscalía por entender que los documentos correspondían a fechas que no eran parte de los periodos con pagos en disputa, no eran copias con buena legibilidad o en el caso de un testigo había ya declarado que no sabe leer ni escribir y por tanto no podría validar un documento, el juez Joseph Laplante permitió la evidencia sujeta a una revisión posterior.

La fiscalía optó no por no contrainterrogar al testigo.

Posteriormente fue llamado a declarar Alberto Caraballo Martínez, quien fue testigo de la fiscalía y presentó uno de los testimonios más contundentes en contra de Nazario.

El abogado Vega intentó buscar algún punto débil en sus declaraciones, pero Caraballo se reiteró con firmeza en lo que había dicho antes. Vega le cuestionó que en un testimonio inicial ante el investigador Virgilio Pabón, de la Oficina del Contralor, había dicho que cuando le entregaron el cheque por el acuerdo con el DT federal había sido junto a otro empleado, y no solo él ante Nazario como declaró en el juicio.

Pero Caraballo corrigió que ambos habían sido llamados a la oficina del alcalde a la vez, pero los cheque fueron entregados por separado, primero a él, y luego al otro empleado.

A preguntas de Vega, Caraballo se reiteró en que no era suya la firma que aparecía en un documento que tenía que enviar el municipio al DT federal confirmando la entrega del pago al empleado, como parte del acuerdo alcanzado.

Vega preguntó entonces al testigo por un incidente en el que habría sido llamado como parte de una auditoría para que respondiera a una alegación de que había usado la tarjeta del municipio para llenar de combustible un vehículo personal.

Caraballo dijo que alguna vez le habían preguntado sobre eso, “pero el asunto no llegó a nada”.

A preguntas del fiscal Anderson respondió que en la investigación le mostraron una foto de él, de espaldas, en una gasolinera. Agregó que en cualquier caso, había registro de los pagos que se hacían con los vouchers y tarjetas del municipio, por lo que habría quedado evidencia si hubiese hecho algún pago inapropiado.