El juicio federal contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, continuó es martes en el tribunal federal en el Viejo San Juan, bajo medidas especiales en respuesta a la amenaza del coronavirus, que incluyeron colocar a los miembros del jurado lo más separados posible.

En esta novena jornada del proceso continuó el desfile de testigos de la defensa de Nazario, que está conformada por los abogados María Domínguez, Edga Vega, Javier Micheo y Carlos Andréu. Como parte de su estrategia, la defensa continuó tratando de poner en dudas la credibilidad de varios testigos presentados por la fiscalía, en particular algunos de los empleados y exempleados que habrían resultado perjudicados por el esquema de fraude que se le imputa a Nazario.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario, que para entonces era alcalde de Yauco, se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

Los fiscales Myriam Fernández y Scott Anderson han mostrado una gran cantidad de documentos durante el proceso, que incluyen copias de cheques, registros de nómina, listados de asistencia y documentos con diversa información escritos a mano, además de los testimonios de una gran cantidad de empleados y exempleados que en su mayor parte han testificado que fueron engañados por Nazario y trabajaron durante meses sin paga, aunque también ha habido testimonios contradictorios y algunos que han defendido al exalcalde y negado haber sido engañados o que se les deba dinero.

Este martes, la defensa sentó a declarar a una empleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y otro del Departamento de la Familia (DF), con el propósito de restar validez al testimonio de varios testigos que alegan no haber sido remunerados por su labor, bajo la premisa de que no habrían estado trabajando puesto que para las fechas en cuestión estarían recibiendo beneficios de desempleo o del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Tras explicar de manera general cómo funciona el pago por desempleo, Sandra Valentín Robles, directiva del programa de seguro de desempleo del DTRH validó en su testimonio varios documentos presentados por la defensa, como la solicitud de beneficios por desempleo de Bienvenido Cornier Troche, de Christian Rivera Troche y de Dixon A. Yordán Centeno.

Pero en su turno el fiscal Anderson pagó con la misma moneda de la defensa, sembrando dudas en torno a la certeza que podrían ofrecer esos documentos en relación con los hechos imputados a Nazario. De hecho, llevó a la testigo a admitir que el municipio de Yauco, como empleador, recibe la solicitud de beneficios por desempleo del empleado y tiene la posibilidad de corregir cualquier error en la misma. De igual forma, reciben una notificación trimestral de los pagos por desempleo y también pueden corregir cualquier error que haya.

Por su parte, Carlos Manuel Alvarado Díaz, supervisor de asistencia social y familiar de la oficina local de Aibonito de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (Adsef) del DF, también avaló varios documentos de solicitudes de PAN de empleados afectados por el fraude que se le imputa a Nazario, en este caso Aramis Burgos Caraballo, Aníbal Mercado Lugo y Antonio Irizarry, aunque con objeciones de la fiscalía que serían revisadas posteriormente.

Posteriormente fue llamado a declarar Alberto Caraballo Martínez, quien fue testigo de la fiscalía y presentó uno de los testimonios más contundentes en contra de Nazario.

El abogado Vega intentó buscar algún punto débil en sus declaraciones, pero Caraballo se reiteró con firmeza en lo que había dicho antes. Vega le cuestionó que en un testimonio inicial ante el investigador Virgilio Pabón, de la Oficina del Contralor, había dicho que cuando le entregaron el cheque por el acuerdo con el DT federal había sido junto a otro empleado, y no solo él ante Nazario como declaró en el juicio.

Pero Caraballo corrigió que ambos habían sido llamados a la oficina del alcalde a la vez, pero los cheque fueron entregados por separado, primero a él, y luego al otro empleado.

A preguntas de Vega, Caraballo se reiteró en que no era suya la firma que aparecía en un documento que tenía que enviar el municipio al DT federal confirmando la entrega del pago al empleado, como parte del acuerdo alcanzado.

Vega preguntó entonces al testigo por un incidente en el que habría sido llamado como parte de una auditoría para que respondiera a una alegación de que había usado la tarjeta del municipio para llenar de combustible un vehículo personal.

Caraballo dijo que alguna vez le habían preguntado sobre eso, “pero el asunto no llegó a nada”.

A preguntas del fiscal Anderson respondió que en la investigación le mostraron una foto de él, de espaldas, en una gasolinera. Agregó que, en cualquier caso, había registro de los pagos que se hacían con los vouchers y tarjetas del municipio, por lo que habría quedado evidencia si hubiese hecho algún pago inapropiado.

“¿Y no acordó usted en esa investigación devolver dinero por haber llenado el tanque del vehículo privado?”, insistió Vega.

“No, eso no pasó, porque yo nunca hice eso”, respondió Caraballo.

También testificó Héctor Mercado Almodóvar, quien trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero para la época de los hechos era supervisor del parque urbano de Yauco.

El abogado Vega le preguntó sobre Harold Rodríguez Cruz, a quien supervisaba entonces. En particular, el testigo declaró sobre un incidente en que estuvo involucrado Rodríguez con otros dos empleados, en el que habrían manipulado el reloj del ponchador para ponerlo a marcar a las 8:00 p.m. e irse del trabajo antes de esa hora.

El testigo declaró que, luego de sospechar lo que ocurría, él mismo fue al lugar y vio que el trío estaba ausente y había ponchado a las 8:00 p.m. a pesar de que no pasaban las 7:30 p.m. Dijo que le notificó a Nazario lo ocurrido y al día siguiente los llamaron a la alcaldía, admitieron los hechos, y fueron transferidos a otro departamento.

“¿Ahora que sabe lo que hicieron, usted cree que se puede confiar en esas tarjetas de asistencia?”, cuestionó Vega.

“No. No son confiables. No sabemos por cuánto tiempo pudieron estar haciendo eso”, respondió el testigo.

No obstante, a preguntas del fiscal Anderson, admitió que no sabía nada de lo que había ocurrido con Rodríguez luego de que lo reportara ante el alcalde. Tampoco pudo decir nada acerca de por qué a Rodríguez solo lo transfirieron de puesto y no lo suspendieron. Incluso admitió que, aunque acusó al trío de manipular el ponchador, nunca vio a nadie como tal haciendo eso.

“La realidad es que no recuerda nada. Tenemos aquí tarjetas por cuatro meses y medio. Nos va a decir que todos los ponches de Harold (Rodríguez) fueron falsos”, cuestionó Anderson.

“No todos pero pudo hacerlo bastante tiempo”, respondió.

“Lo cierto es que usted no tiene idea de nada. Y como no tiene idea no sabe que a Harold se le siguió pagando mes tras mes después de ese alegado suceso”, insistió Anderson, antes de llevar al testigo a admitir que Nazario, siendo ya senador, había hecho una llamada a la AEE para hablar en favor suyo.

Mayra Ortiz, directora de finanzas del municipio de Yauco, también testificó y su testimonio más que cualquier otra cosa pareció demostrar, una vez más que el municipio era bastante mal administrado bajo Nazario, pues admitió que era frecuente que se cancelaran cheques por diversas razones, entre esas que se emitieran a gente que ya no estaba empleada por el municipio o estaba en licencia sin sueldo, porque al empleado no se le pagaba correctamente y reclamaba, porque los cheques llevaban más de seis meses sin cobrarse.

A preguntas de la fiscal Fernández, no pudo explicar por qué razón en listas de entregas de cheques no aparecía la firma de empleados, cuyos cheques luego se certificó coincidían con cheques anulados vinculados al esquema que se le imputa a Nazario.

La defensa sentó además Héctor Martínez Burgos, trabajador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y exempleado de Yauco. Declaró que, contrario a lo expresado por el testigo Antonio Irizarry Torres, cuando recibió su cheque por el acuerdo con el DT federal, además de Irizarry había varias otras personas presentes y el alcalde explicó por qué se daba el cheque.

Dijo también que durante su entrevista con el oficial de la Oficina del Contralor y la agente investigadora se sintió “intimidado” y que le hacían preguntas cerradas. Agregó que cuando expresó que no creía que el municipio le debiera dinero, porque poco después de recibir su cheque tuvo un accidente grave y estuvo meses sin trabajar, reaccionaron “con sorpresa, su semblante era como que no esperaban eso”.

Pero a preguntas del fiscal Anderson, se contradijo y respondió que los investigadores sí le habían permitido explicar sus respuestas, que le habían escuchado y que la entrevista había sido de apenas 20 minutos.

Martínez Burgos se contradijo también al momento de dar fechas, que luego no concordaban con la que mostraban documentos, como un cheque cambiado en el banco.

Admitió además que durante el accidente había sufrido un golpe fuerte en la cabeza, además de otras lesiones serias que lo tuvieron al borde de la muerte, y que estuvo algún tiempo bajo potentes medicamentos para controlar el dolor que lo mantenían casi todo el día dormido. Reconoció que los medicamentos podrían haber afectado su memoria.

Sin embargo, insistió en que Irizarry estuvo presente a la hora de entregar los cheques, y negó categóricamente haber recibido ayuda alguna de parte de Nazario para entrar en la AAA.

Por último, comenzó a testificar José A. Rodríguez Rodríguez, también empleado de la AAA y exdirector de Obras Públicas de Yauco. Su testimonio también fue enfocado en restar credibilidad a Irizarry Torres.

Al igual que el anterior testigo, negó que Nazario lo hubiese ayudado a entrar en la AAA, y dijo que tomó la decisión de dejar Yauco, aunque ganaría menos, porque necesitaba un mejor plan médico para cubrir una condición de su hija.

En cuanto a Irizarry, a preguntas de la abogada Domínguez, explicó que era un empleado con muchos problemas de asistencia, que “faltaba mucho” y a menudo salía antes de su hora. Explicó que cuatro de los cinco días de la semana salía media hora o una hora antes, e incluso desviaban de su ruta el camión en el que trabajaba, para que no perdiera el pon a su casa.

No obstante, agregó, le ponía todas las horas trabajadas y tenía un alegado acuerdo para que Irizarry trabajara esas horas que “debía”.

“Si el empleado tenía que faltar, yo le autorizaba que incluyeran las horas en la tarjeta (de asistencia) con el compromiso de que las trabajar”, explicó el testigo, admitiendo que las horas en las tarjetas no reflejaban el tiempo real trabajado, y que aunque lo ponía como trabajado en la tarjeta “físicamente el empleado no estaba allí”.

Afirmó que llevaba un sistema paralelo para saber las horas que debía el empleado, y que Nazario estaba al tanto de eso y lo aprobaba porque “decía que había que ayudar al empleado siempre”.

A preguntas de Domínguez, fue enfático en que creía que Irizarry no había pagado de vuelta todas las horas que debía.

El juicio continúa este miércoles, cuando se espera que continúe el testimonio de Rodríguez Rodríguez y desfiles otros testigos de la defensa.

De acuerdo con los cargos presentados por la fiscalía federal, se alega que Nazario, cuando era alcalde de Yauco, mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal e incumplió con un acuerdo al que habían llegado con el municipio para que les pagara a 177 empleados por horas trabajadas como “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, que no se les habían remunerado, en violación a las leyes laborales vigentes. En total enfrenta 37 cargos, 30 por cada caso de empleado que habría resultado engañado y en consecuencia habría constituido un fraude y violación al acuerdo con el DT federal, y otros siete de fraude electrónico.