La vista evidenciaria del proceso en el que el consorcio LUMA Energy busca que el tribunal emita una orden final que prohíba manifestaciones de miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en los alrededores de sus instalaciones, que impidan o dificulten sus labores, continuó esta mañana, luego que se anunciara que las partes no lograron un acuerdo.

La vista había comenzado el viernes y se interrumpió, luego que se diera a conocer la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, eso fue descartado luego que la Utier enviara una propuesta y recibiera de vuelta una contrapropuesta que consideró inaceptable, según describió el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien está a cargo del proceso.

La vista continuó con el testimonio de Michelle Hernández de Frayle, exsuperintendente de la Policía y actual directora de seguridad de LUMA, quien declaró sobre eventos de manifestaciones que habrían impedido el acceso a instalaciones luego que LUMA tomara control de las operaciones de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 1 de junio pasado. Específicamente, aludió a situaciones en la técnica de Utuado, la técnica de Caguas, las instalaciones de Palo Seco y las instalaciones principales del centro de control en Monacillos.

Sin embargo, la línea de preguntas de los abogados de LUMA fue interrumpida repetidamente por las objeciones de los abogados de la Utier y su líder, Ángel Figueroa Jaramillo, quienes argumentaron en su mayor parte con éxito, que Hernández de Frayle no tenía conocimiento personal de los hechos ni había estado presente cuando ocurrieron.

La parte representante de Utier, Figueroa Jaramillo, así como de la Asociación de Jubilados de la AEE, establecieron que mantenían una “objeción continua” sobre el testimonio de Hernández de Fryle.

No obstante, el juez permitió algunas respuestas, haciendo constar, que solo podía declarar sobre aquello sobre lo que tenía conocimiento personal, y no sobre asuntos surgidos de reportes noticiosos, videos noticiosos o informes de terceros. Agregó que, una vez emitiera su resolución concediendo o no el interdicto, las partes tendrían conocimiento de qué valor probatorio dio a los testimonios.

La jefa de seguridad de LUMA declaró que para el 1 de junio recibió una llamada de la técnica de Utuado, indicando que había unos individuos manifestándose dentro de vehículos, así como un negociador de la policía intentando resolver la situación. Agregó que, a consecuencia de eso, “los empleados de LUMA no pudieron entrar a la técnica de Utuado” y tuvieron que viajar brigadas desde otros lugares. Añadió que “tuvimos que contratar guardia de seguridad adicional”.

Hernández de Fryle sostuvo que los manifestantes “básicamente estaban bloqueando el acceso”, que no se restableció hasta después que el tribunal emitió la orden de entredicho, para el 7 de junio. Indicó que la policía no pudo remover a los manifestantes de la entrada.

Asimismo, indicó que en el área de Palo Seco, donde hay un gran almacén con el 60% de los suministros, “se bloqueó la entrada y no fue hasta la orden de entredicho”, el sábado después que se pudo entrar al lugar.

Según la jefa de seguridad, tendrían conocimiento de la participación de la Utier en esas manifestaciones, entre otras cosas por “información a la que hemos tenido acceso, con la policía, y porque se ha visto vehículos marcados con insignias de la Utier, banderas, y personas con gorras y camisetas relacionados a esta institución”.

Sostuvo que, a consecuencia de la manifestación en Palo Seco, “no pudimos sacar aditamentos necesarios para las operaciones”. Agregó que, aunque había presencia policial, no hubo acción para remover a los manifestantes, hasta después que se emitió la orden de entredicho.

Luego, a preguntas de los abogados de LUMA, describió situaciones similares con manifestantes bloqueando accesos a las instalciones de Misty Park en Caguas, y en Monacillos. Sin embargo, mencionó que en Caguas hubo dos intentos de la policía por sacar a los manifestantes, que no fueron fructíferos.

El abogado de la Utier, Rolando Emanuelli, confrontó a la testigo con el hecho de que en sus declaraciones juradas previas no había hecho mención de las conversaciones con la policía, ni el mediador en Utuado, ni los intentos de la policía por remover a los manifestantes.

También declaró Herminio Ramos Meléndez, ingeniero del centro de control energético en Monacillos, antes para la AEE, y ahora para LUMA.

Luego de describir su labor y la importancia del centro de control en Monacillos, así como de las brigadas técnicas de apoyo, el ingeniero destacó la importancia de que se mantenga un acceso constante a Monacillos y las otras unidades técnicas, de manera que el servicio a los clientes se afecte lo menos posible.

Sostuvo además que, el 1 de junio, fue notificado que no podrían salir de las instalaciones de Monacillos por las manifestaciones en las afueras. Aclaró, sin embargo, que no tenía conocimiento personal de qué ocurría porque estaba trabajando adentro.

En el contrainterrogatorio, Emanuelli llevó al testigo a reiterar que no tenía conocimiento personal de los sucesos en las manifestaciones, y además a admitir que la AEE tenía un plan de contigencia que incluía pecnoctar en las instalaciones en casos de emergencias, o en casos de protestas de unionados en el ejercicio de su derecho constitucional de manifestarse.

Poco antes del mediodía empezaría a declarar el vicepresidente de operaciones de LUMA, Todd McLaren, con la asistencia de un intérprete.