El juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, determinó hoy que Miguel Ángel Ocasio Santiago, acusado de asesinar a Andrea Ruiz Costas, es procesable para enfrentar el proceso judicial en su contra.

“El tribunal determina que don Miguel Ángel Ocasio Santiago está procesable, por esta razón continúan los procedimientos”, indicó el juez.

La decisión se basó en la recomendación del psiquiatra del Estado, William. J. Lugo, según fuera solicitado por la defensa del imputado, encabezada por los licenciados Rubén Parrilla y Luis Pérez, que el viernes pasado pidieron ser relevados de la representación por conflictos de intereses.

Como parte de una serie de preguntas hechas por la defensa, el psiquiatra sostuvo que Ocasio Santiago entiende el proceso penal al que se enfrenta y tiene la capacidad para comunicarse efectivamente y colaborar con su defensa.

“Él lo que me indicó es que se iba sentar con el abogado para trabajar su caso y solucionarlo”, dijo el médico a preguntas del licenciado Pérez.

La entrevista, indicó el psiquiatra, ocurrió el viernes pasado a través del mecanismo de videoconferencia y se extendió por una media hora. Hasta ese día, Ocasio Santiago estuvo internado en el Centro Médico Correccional (CMC) recibiendo asistencia clínica.

Lugo dijo que el acusado le confirmó que en el pasado buscó ayuda médica para tratar la depresión y sufrió de alucinaciones. Sobre si ha tenido intentos suicidas, el psiquiatra respondió que no exploró en esa área. “Me estaría desviando a algo más diagnóstico y terapéutico que pericial”, argumentó.

El psiquiatra confirmó, además, que no evaluó el expediente médico de Ocasio Santiago, proceso que tiene que ser autorizado por el tribunal, dijo.

En sala los fiscales Yamil Juarbe, María Teresa Caballero y Juan Carlos Goyco no realizaron preguntas al psiquiatra sobre el resultado de la evaluación. “Vinimos preparados para hacer preguntas sobre la cuestión de la procesabilidad, pero habida cuenta de que el doctor lo que expresa es que este caballero se encuentra coherente, responde con lógica, que es cooperador, pues no hubo necesidad de hacerle pregunta”, dijo Juarbe.

A su salida, sin embargo, los abogados de Ocasio Santiago cuestionaron el resultado de la evaluación psiquiátrica. “El doctor se enfoca en una entrevista breve que le hace a través de una videoconferencia. Entendemos que él no puede apreciar todos los elementos”, alegó Pérez al afirmar que su cliente se ha quejado de tener alucinaciones e ideas suicidas, según surge del expediente médico.

“Él tan siquiera se comunicó con ninguno de los médicos del CMC, no examinó el expediente médico. O sea, entendemos que hay pocos elementos de juicio”, añadió Pérez.

Aclararon, sin embargo, que no han podido entrevistar a Ocasio Santiago. Sobre si impugnarán o no la conclusión del psiquiatra, indicaron que es algo que tendrán que discutir. “Nosotros tenemos que hablar con él y eso no ha pasado hasta el día de hoy”, afirmó Parrilla.

Ruiz Costas fue asesinada a finales de abril por Ocasio Santiago, quien -según las autoridades- confesó los hechos. El acusado enfrenta cargos criminales por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Armas.

La muerte violenta de Ruiz Costas ocurrió a menos de un mes que una jueza del Tribunal de Caguas no encontrara causa para arresto contra Ocasio Santiago por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, pese a que Ruiz Costas relató que el individuo la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia.

Previo a este proceso judicial, la mujer intentó imponer una orden de restricción contra su agresor, reclamo que no fue atendido cuando así lo solicitó.

Vista para atender moción

En la tarde de hoy, ante el juez José M. D’Anglada, se atenderá la moción presentada por los abogados de Ocasio Santigo para ser relevados del caso por conflictos intereses.

Parrilla reconoció que el conflicto de interés radica en que “alguien o algún empleado” de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) -donde trabajan- tuvo comunicaciones “por un período largo de tiempo” con una de las testigos del caso.

“Eso genera un conflicto de interés por diferentes factores, pero eso lo argumentaremos en sala”, agregó Parilla.