La defensa de Ana Cacho culminó hoy, viernes, el contrainterrogatorio a la trabajadora social Vanessa Santana en la continuación del juicio civil que se sigue contra la mujer por alegada negligencia y por el cese de esfuerzos razonables para la reunificación familiar, solicitado por el Departamento de la Familia (DF).

Santana fue la primera trabajadora social de la agencia que intervino con Cacho y sus dos hijas a raíz de la muerte de su otro hijo Lorenzo González Cacho, de ocho años, ocurrida el 9 de marzo de 2010.

El testimonio de Santana, quien ha declarado sobre los hallazgos de su investigación en el caso, se ha extendido durante unos cinco días.

Concluido el turno de la defensa Cacho, el procurador de Menores Carlos Pérez inició su turno de preguntas. 

El proceso civil reanudó ayer, jueves, luego de un receso de casi tres semanas. Las abogadas Sharon González Maldonado, Brenda Berríos Morales y Carmen Vargas Medina representan a Cacho.

Como ha sido la regla desde que inició el juicio, dos alguaciles se apostaron en el área cercana a la sala 601 del Tribunal de Bayamón, que preside la jueza Wanda Cintrón Valentín, para evitar que personas ajenas al proceso entrarán al salón de sesiones.

Por disposición de la Ley 246 o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, el público no tiene acceso a este tipo de procedimiento. 

Un equipo de abogados, que incluye a la directora de la División Legal de la Administración de Familias y Niños, Olga López, al licenciado Rafael García y a los procuradores Pérez, Vivian Acosta, María Berríos y Celia Molano Flores, representa al DF durante el juicio, que se extenderá hasta el próximo mes. 

En el proceso, el DF persigue que se le releve de realizar esfuerzos razonables para reunificar a Cacho con sus otras dos hijas como lo dispone la Ley 246.

Este estatuto estipula que "luego de la remoción de un menor de su hogar, cuando sea viable y se pueda garantizar la seguridad, bienestar y el mejor interés de los menores, el Departamento de la Familia hará esfuerzos razonables para reunificar al menor a la unidad familiar de donde fue removido". 

Después de la muerte de Lorenzo, el DF ubicó a las dos hijas de Cacho en casa de un familiar de la mujer, pero posteriormente concedió la custodia física de la menores al padre, Ahmed Alí González.

Actualmente Cacho ostenta la patria potestad de las menores y sostiene relaciones filiares con sus hijas de 11 y de 18 años.

Este juicio civil se celebra luego de que el Tribunal Supremo revocó la decisión de la jueza Sonia del Toro, quien relevó al DF de realizar esfuerzos razonables para la reunificación familiar.

El DF comparece como parte demandante y Cacho como demandada. González, por su parte, comparece como parte interventora y es representado por las abogadas María Juarbe y María Sánchez. Sin embargo, la licenciada Juarbe no ha acudido a sala durante los últimos dos señalamientos.

En el ámbito criminal, las autoridades inicialmente identificaron a Cacho, Jesús Jenaro Camacho, William Marrero y Arnaldo Colón como sospechosos por la muerte de Lorenzo, aunque -a cinco años del crimen- no han presentado cargos por el asesinato.

Pero en un cambio de discurso, el actual secretario de Justicia César Miranda, abandonó el uso de la palabra sospecho y aseguró que todos los nombres que se han mencionado públicamente son "relevantes" a la investigación que conduce su agencia para esclarecer el crimen.

El juicio continúa el lunes con el testimonio de Santana.