El juez Jorge de la Rosa Rivé, del Tribunal de Bayamón, pautó para el 29 de abril la continuación de la vista interlocutoria sobre el arresto y evidencia ocupada a Christopher Sánchez Asencio, uno de los acusados por los asesinatos de cuatro miembros de una familia en Guaynabo. 

Durante la audiencia este viernes el togado continuó escuchando las declaraciones del sargento Luis Alfonso Martínez Serrano, quien el 18 de noviembre pasado llegó a una vivienda de la urbanización Versalles, en Bayamón, guiado por informaciones transmitidas por el sistema de radio de la Policía que aludían al sospechoso de perpetrar una masacre.

Según indicó el sargento, las informaciones vinculaban una guagua Toyota 4 Runner oscura con un hombre con la descripción de Sánchez Asencio y aludían a una matanza que, en ese momento, no quedaba claro si había ocurrido en Bayamón o Guaynabo. 

Martínez fue quien ordenó al agente Ángel Irizarry que mantuviera vigilado al entonces sospechoso y, posteriormente, le ordenó que lo arrestara, según declaró en la audiencia presidida por el juez de la Rosa Rivé. 

La defensa compuesta por Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon concentró sus esfuerzos en subrayar discrepancias entre ambos testimonios y señalar omisiones en las declaraciones juradas de ambos testigos de la Policía.

A preguntas de la fiscal Janet Parra, el sargento indicó cuál era la diferencia entre poner “bajo custodia” a una persona y arrestarla. “Estar bajo custodia es velarlo. Estar bajo arresto es ponerle las esposas y moverlo a un cuartel u a otro lugar”, respondió. 

Sin embargo, a preguntas del licenciado Cameron, admitió que mientras él y el agente Irizarry tuvieron bajo custodia a Sánchez Asencio, el joven no tenía libertad de movimiento, sino que seguía las instrucciones de ambos de mantenerse en el exterior de la casa en Versalles, al alcance de la vista de los oficiales. 

“Oiga, y hasta ese momento usted no sabía el nombre de don Christopher Sánchez Asencio, no tenía información que lo vinculara a un delito, ¿verdad que no?”, preguntó Cameron. 

“No”, admitió el sargento. 

La casa en Versalles es propiedad de Miguel Ortiz Díaz, una de las cuatro personas asesinadas a tiros entre la noche del 17 de noviembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. La madre del acusado le alquiló la casa a Ortiz Díaz y se alega que había atrasos en los pagos de la renta.

El agente Irizarry, por su parte, testificó los pasos que siguió para detener a Sánchez Asencio, una vez obtuvieron el dato de cuál era el nombre de la persona buscada y que eventualmente el sospechoso confirmó su identidad. 

“El sargento me da la orden de que ponga bajo arresto a Sánchez Asencio. Entonces procedo a hacerle las advertencias y le informo la razón de su arresto”, declaró. 

Como es el proceso usual, le colocó las esposas en la espalda. Luego le hizo un cateo “por seguridad suya y mía”. 

Indicó que al palpar el bolsillo lateral izquierdo del mahón del detenido sintió algo, que resultó ser un casquillo de bala, calibre 45. 

“Esa evidencia se ocupó y se transportó al caballero (Sánchez Asencio) al CIC de Bayamón”, detalló.

Sin embargo, en el contrainterrogatorio de la defensa, esta vez conducido por el licenciado Gordon, el agente tuvo que admitir múltiples lagunas en su declaración jurada,  como el hecho de que no notificó a su supervisor, presente en la escena, que había hallado el casquillo que ocupó en la ropa del arrestado.

No le pidió identificación al sospechoso para confirmar su identidad, ni le hizo preguntas, ni observó qué gestiones investigativas, si alguna, hizo el sargento mientras esperaban en el lugar.  Tampoco pudo estimar cuánto tiempo pasó entre su llegada al lugar y el arresto de Sánchez Asencio.  

“Usted no cursó por radio al centro de mando que haya llegado a la residencia (en Versalles), ¿verdad que no?”, le inquirió Gordon. 

“No”, reconoció el agente.

El Ministerio Público sentará a declarar al menos a otros tres oficiales del orden público en la continuación de la vista de supresión de evidencia.

Además de Sánchez Asencio, por la matanza está acusado José Luis Bosh Mulero, quien será enjuiciado de forma separada y comparece a audiencias que se llevan a cabo en días alternos a las que acude el otro implicado en el horrendo crimen.

Contra cada acusado pesan cuatro cargos de asesinato por las muertes de Ortiz Díaz, su esposa Carmita Uceda Ciriaco, su hijo adolescente Michael Ortiz Uceda y su suegra Clementina Ciriaco López.

También ambos encaran un cargo por tentativa de asesinato contra un menor de 13 años, único sobreviviente de la matanza de su familia, así como cargos de secuestro agravado, agresión grave, destrucción de prueba, robo agravado, conspiración y varias violaciones a la Ley de Armas.