Desde cientos de mensajes de textos comprometedores hasta miles de dólares supuestamente donados a la campaña primarista para la gobernación de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Esto reveló la acusación de un gran jurado federal sobre el caso de Vázquez Garced quien esta mañana fue imputada por un supuesto esquema de soborno mediante su campaña política a finales del 2019 y mediados del 2020.

La exmandataria enfrenta varios cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico. La jueza Camille Vélez Rivé le impuso una fianza de $50,000.

Junto a la exmandataria, también fueron acusados Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman, especificó el fiscal federal, W. Stephen Muldrow.

Díaz y Blakeman ya hicieron alegación de culpabilidad.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos y, si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión.

“No hay nadie aquí por encima de la ley”, resaltó Muldrow en conferencia de prensa.

¿Qué pasó?

Según la acusación, Herrera Velutini, dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, y Rossini, exagente del FBI quien ofrecía servicios de asesoría a Herrera Velutini, presuntamente prometieron proveer apoyo financiero a la campaña de la exmandataria con el fin de que ella, con su influencia política, destituyera y reemplazara al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, pues Bancrédito era objeto de una examinación de parte de la oficina. En cambio, buscaron reemplazarlo con Víctor Rodríguez Bonilla quien fue recomendado por Herrera Velutini.

Es por esto que Vázquez Garced supuestamente aceptó sobornos y, en febrero de 2020, “tomó acción para exigir la renuncia del comisionado de la OCIF” a cambio de $300,000.

Para montar la esquema, Herrera Velutini y Rossini se comunicaban “en secreto” y mediante intermediarios, identificados como Díaz- presidenta de Bancrédito- y Blakeman- asesor político de Vázquez Garced durante su campaña.

“Herrera, Rossini, Vázquez y sus coconsipradores se comunicaron en secreto entre sí directamente y a través de intermediarios a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería basadas en Internet, y durante reuniones internas, para discutir aspectos del acuerdo de pago de sobornos a Vázquez”, lee la acusación.

La acusación reveló que el 15 de diciembre de 2019 Herrera Velutini envió un mensaje de texto a Díaz que leía “¡Hablé con John (Blakeman) anoche! Debemos entrar a la Fortaleza y apoyar a la nueva gobernadora” y que debían usar “un rodillo de pavimentación sobre OCIF y construir una nueva estructura que regule y no persiga a los bancos y cambie los documentos de los documentos de fabricación”.

Cuatro días después, según la acusación, Herrera Velutini tuvo un intercambio de textos con Blakeman sobre cómo la International Consulting Firm- una firma de cabildeo internacional que opera en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, entre otros lugares- ayudaría a su “amiga” a triunfar en las elecciones.

Se desprende de la investigación que los mensajes comprometedores continuaron y, en enero de 2020, Rossini le prometió a Herrera Velutini en un mensaje de texto que la OCIF “pagaría caro” por su examinación a Bancrédito.

En ese mismo mes, Herrrera y Vázquez asistieron a una boda. Sentados en la misma mesa, Herrera Velutini recibió un mensaje de Blakeman afirmando que Vázquez ganaría las elecciones “con la ayuda de todos ustedes”.

“¡Lo tiene (nuestra ayuda)! En este mes ya tiene ($)2MM...pero tiene que resolver OCIF”, lee el cúmulo de respuestas que envió Herrera Velutini a Blakeman.

Para la segunda semana de enero de 2020, Herrera Velutini, Díaz y Blakeman se reunieron con Vázquez Garced en La Fortaleza, cónclave que se llevó a cabo después de que Herrera Velutini le dijera vía texto a Díaz que preveía una solución para “despedir a la gente que ha secuestrado a la Ocif y poner un comisionado interino que forme una Junta Internacional de Reforma Bancaria”.

Tras esa reunión en La Fortaleza, Rossini especificó en mensajes al director de la International Consulting Firm, cuya identidad no fue revelada en la acusación, que la gobernadora aprobaba la participación de la International Consulting Firm y que Herrera lo financiaría.

“Algunas finanzas de la campaña pagarán por sus servicios. El grueso lo pagará Julio”, leía el mensaje.

Ya para principios de febrero, Blakeman le avisó a Díaz en un mensaje de texto que había llamado a La Fortaleza y, haciendo alusión a Vázquez Garced, reportó que “la instrucción de G fue dada” para retirar el nombramiento de Joyner.

Para el 28 de febrero, Joyner presentó su carta de renuncia y, en marzo de 2020, Rodríguez Bonilla fue nombrado por la exgobernadora como comisionado de la OCIF. La fiscalía federal, por su parte, no identificó a estas personas, sino que las clasificó como “Comisionado OCIF A” y “Comisionado OCIF B”.

“Herrera y otros ocultaron el propósito ilegal y corrupto de los sobornos pagados en beneficio de Vázquez al canalizar ciertos pagos por servicios de consultoría política a través de cuentas bancarias de Rossini y de terceros”, dicta la acusación federal.

Acto seguido, Herrera Velutini y Rossini buscaron establecer un director de campaña para la primaria del 2020.

Según la acusación, Herrera Velutini dijo que no quería “poner un mono de Puerto Rico” para que ocupara esa posición. A esto, Rossini coincidió, respondiendo que la International Consulting Firm conseguiría a alguien de Washington D.C., ya que necesitaban “a alguien de los nuestros” que ocupara el cargo.

¿Sabía Pierluisi?

De los detalles de la fiscalía federal se desprende que, con la derrota de Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini vieron otra oportunidad para continuar su esquema con una segunda persona, identificada en la acusación federal como “funcionario público A”. Pese a que no especifica el nombre, sí aclara que “funcionario público A” ganó las elecciones del 2020 y que es gobernador, por lo que es evidente de que se trata de Pedro Pierluisi.

“Esta acusación no envuelve o alega actos ilícitos algunos por parte del gobernador actual”, reiteró Muldrow.

Se informó que supuestamente Herrera Velutini utilizó a intermediarios para allegarse a Pierluisi mediante un donante de la campaña del ahora Primer Ejecutivo entre abril de 2021 a agosto de 2021. Ese representante, sin embargo, era un confidente del FBI a quien describen como “dueño de una firma de contabilidad y consultoría en Washington, D.C.” que estaba recaudando dinero para un Súper PAC no identificado.

A pesar de que no fue expresado por las autoridades, Joseph Fuentes Fernández había admitió culpabilidad de ocultar de dónde provenían cientos de miles de dólares depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones al Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc. para financiar el grupo que hizo campaña en contra de los opositores de Pierluisi. Además, es contable con una oficina en Washington D.C. y, según trascendió, llegó a usar micrófonos para reportar acciones ilegales de terceros al FBI.

En cambio de apoyo finainciero, Herrera Velutini pidió al representante de Pierluisi: que Bancrédito no tuviera que firmar un memorándum de entendimiento con OCIF respecto a sus deficiencias; que Bancrédito no tuviera que entregar informes de actividad sospechosa (SARs) de transacciones involucrando cuentas bancarias y entidades controladas y de propiedad de Herrera Velutini; que la examinación de la OCIF culminara favorablemente para Bancrédito; y que ciertos empleados de OCIF fueran removidos de sus posiciones.

Luego de múltiples comunicaciones y reuniones, Herrera Velutini se compromietió en julio de 2021 a enviar $25,000 al Súper PAC de Pierluisi, el cual fue procesado el 10 de agosto de 2021.

Aunque la acusación resalta que el representante tenía comunicación con Pierluisi sobre sus conversaciones con Herrera Velutini, Muldrow rechazó aclarar si Pierluisi también estaba colaborando con la FBI.

“¿El gobernador no sabía que estaban haciendo estos acercamientos? ¿Esto fue a través de terceras personas o el gobernador llegó a estar enterado de eso?”, cuestionó un reportero.

“Vuelvo y repito: la acusación refleja y explica cómo pasó el evento, que era entre un contacto y otras personas que no era el gobernador”, respondió Muldrow.

Los abogados litigantes Ryan R. Crosswell, Erica O Waymack y Nicholas W. Cannon, de la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia, y el fiscal federal auxiliar Seth A. Erbe, de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, están procesando el caso. Del mismo modo, los miembros de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia asistieron con la pesquisa, al igual que los abogados litigantes Margaret Legih Kessler y D. Zachary Adams y la jefa interina de la Unidad de Integridad Bancaria, Molly Moeser.

“La víctima es el pueblo”

“El FBI es apolítico. No investigamos por colores ni rumores. Investigamos alegaciones y violaciones de ley federal. Nuestra lealtad es con el pueblo al que servimos que defendemos. La corrupción pública no es un crimen sin víctimas. La víctima es el pueblo. Por eso, el arresto de hoy no es motivo de celebración. Es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos, en este caso una exgobenadora y un exagente del FBI”, destacó el agente especial a cargo de la oficina del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en San Juan, Joseph González.