El exsenador Jorge De Castro Font terminará de cumplir su pena de reclusión federal de cinco años el próximo 19 de febrero, por lo que a corto plazo pasará a una prisión en Puerto Rico para comenzar a cumplir su sentencia estatal.

El portavoz del Departamento de Corrección y Rehabilitación, César Fiallo, no precisó a que institución penal sería ingresado el exlegislador y planteó este jueves que eso se determinará cuando llegue a Puerto Rico.

Al presente, de Castro Font está confinado en la institución Petersburg Federal Correctional Complex, en la ciudad de Hopewell, Virginia, según la página del Negociado Federal de Prisiones (BOP).

"Regularmente, cuando un confinado es trasladado de una institución federal a una estatal, es llevado a un centro de ingreso, donde puede permanecer varios días en lo que se le hace una evaluación médica, se determina si tiene bonificaciones, para entonces determinar cuánto tiempo le resta por cumplir y a que institución penal pasaría”, sostuvo Fiallo.

En esa evaluación también se considera "si el confinado se clasifica en custodia mínima, mediana o máxima", agregó Fiallo, quien recordó que en el área metropolitana, el centro de ingreso penitenciario es la sección 705 en Complejo Correccional de Bayamón.

El expresidente de la Comisión de Reglas y Calendario senatorial fue sentenciado a cinco años de cárcel y tres años de libertad supervisada el 17 de mayo de 2011 por cargos de fraude para privar al pueblo de servicios honestos y de conspiración por extorsión, al aceptar que de 2005 al 2008 solicitó pagos en efectivo y regalías a cambio de beneficiar terceros al aprobar proyectos de ley.

En la esfera estatal, fue sentenciado a 10 años por 95 cargos por apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Ética por casos relacionados.

En el Tribunal Federal lo sentenció el juez Francisco A. Besosa y en el foro estatal la jueza Isabel Llompart, el 26 de septiembre de 2012.

De Castro Font fue arrestado el 2 de octubre de 2008 junto con el empresario Alberto Goachet, a quien luego se le desestimaron los cargos en su contra y se declaró culpable en una denuncia por lavado de dinero. 

El publicista, que dirigió la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza bajo la administración del gobernador Pedro Rosselló fue sentenciado en marzo de 2009 a tres meses de prisión y tres años de libertad supervisada.