La presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU), Jessica Martínez Santos, advirtió que ayer estuvo en riesgo la seguridad de los empleados de las dos torres del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, tras desatarse un incendio en la azotea sur ya que no se activaron las alarmas de incendio y criticó el método para el desalojo de cientos de personas.

14 Fotos

“Los trabajadores nos indican que no escucharon las alarmas, que en ningún momento las alarmas se activaron, que se enteran porque van por el edificio y por el fuerte olor a humo se enteran de que hay un incendio en la azotea y comienzan a desalojar el edificio”, detalló Martínez Santos.

En estos casos tiene que haber identificado un personal para la prevención de incendios en todos los edificios y cuando ocurra una situación de esa magnitud active manualmente las alarmas de incendio, lo que ayer no sucedió.

La líder sindical, expresó su preocupación ya que en el segundo piso está ubicada la oficina de la Defensoría de las Personas con Impedimentos los cuales tuvieron que utilizar el ascensor para salir de la estructura, por lo que considera que deben ser reubicados en el primer nivel como medida preventiva, ya que los protocolos establecen que solo se pueden utilizar las escaleras en estas situaciones de emergencia.

La seguridad de estos trabajadores se puso en riesgo, porque en la azotea también están la maquinaria que mueve los ascensores del edificio, explicó.

De acuerdo con la información que le suministraron hubo empleados que inhalaron humo, aunque no tan fuerte ya que salieron antes de que el humo se propagara.

“Carecemos de información de si se está haciendo o con cuanta frecuencia se están haciendo las rutas de desalojo en todas las agencias del gobierno, si hay protocolos de prevención y si se hacen esos simulacros de cómo tú vas a desalojar el edificio si hay incendio, si hay temblores, si hay amenazas de bombas, o cualquier otra situación que envuelva la seguridad de los trabajadores”, apuntó Martínez Santos.

Dijo también que le preocupa la acción que presuntamente tomó el subadministrador de la ASG, Joel Fontánez González, al no permitir que su grupo de trabajo saliera de la torre norte ya que ambas estructuras están conectadas en la planta baja y es indispensable el desalojo completo por la salud y seguridad de los empleados en un momento en el que no se conocían detalles sobre la magnitud del incendio porque el efecto de estos incidentes no se puede minimizar.

“Aquí todo es cuestión de prevención, de educar a los compañeros y educar a los trabajadores de cuáles son las medidas y los sistemas y las rutas de desalojo cuando pasan situaciones dentro de los edificios y mantener todo lo que es seguridad al día”, afirmó.

Así mismo, se mostró confiada en el que director de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), licenciado Yamil Ayala Cruz, va a tomar medidas necesarias para garantizar la seguridad de los empleados de ambas torres.

Martínez Santos, repudió la propuesta del portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes,

Ángel Matos García, quien propuso hoy el cierre escalonado, el traslado de agencias y la venta del complejo gubernamental Minillas, ante la situación económica de la AEP, ya que las deudas por concepto de alquiler que el propio gobierno no paga, problemas de asbesto y el incendio en el techo de la torre sur, añade una carga económica adicional.

“La deuda acumulada por las agencias del gobierno ronda en 259 millones de dólares, la remoción y tratamiento de asbesto de estas torres está estimada en $15 millones y las mejoras a la torre sur previo al fuego estaba en 70 millones de dólares. Simplemente la Autoridad está descapitalizada y su modelo de negocio necesita una inyección de sobre 300 millones de dólares”, planteó el representante por Carolina, en un comunicado de prensa.

De su parte, la presidenta del SPU, le advirtió que la venta no es una solución y que debe velar por la asignación de los fondos necesarios para poner en condiciones óptimas esas estructuras.

“Aquí no todo se soluciona vendiendo, nosotros si seguimos vendiendo cada vez que hay una situación, los patrimonios que tiene el gobierno, ya Puerto Rico no va a tener nada, que se venda los políticos que están allí en el Capitolio, a ver si por fin conseguimos servidores públicos dentro de esas sillas que realmente trabajen para el pueblo, que realmente trabajen para los trabajadores, que no tengan agendas políticas y para beneficio individual”, reaccionó Martínez Santos.