El juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, entra esta semana en su punto culminante, ya que la Fiscalía federal llamará a declarar al eje central en el escándalo por corrupción pública que manchó a políticos de los dos principales partidos políticos del país, al empresario colombiano Oscar Santamaría.

El augurio de la jueza federal Aida Delgado Colón, del Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, es que también esta semana el jurado, compuesto por dos hombres y 10 mujeres, se retire a deliberar y determine si Pérez Otero es culpable o no culpable de haber recibido sobornos de parte de Santamaría.

Pero, previo a que el jurado tome tal decisión, los abogados de defensa intentarán demostrar que las pacas de dinero en efectivo que el empresario le entregaba al expresidente de la Federación de Alcaldes eran alegados donativos políticos ilícitos.

El juicio contra Pérez Otero inició el pasado lunes con la selección del jurado.

Durante los pasados días, por el banquillo de los testigos ya han desfilado cinco personas con las que la Fiscalía federal, representada por los fiscales Nicholas Warren Cannon y Myriam Fernández, intenta probar que Pérez Otero es culpable de los delitos federales de soborno, conspiración y extorsión. Específicamente, testificaron el actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Farrías; el presidente de la empresa Island Builders, Carlos de Jesús Pagán; el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo; el agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que investigó el caso, Miguel Rodríguez, así como el director auxiliar del área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental, Héctor Ramón Bladuell.

Como parte de la prueba ventilada, la Fiscalía federal sentó las bases sobre cómo se descubrió el soborno, demostró a través de fotografías y vídeos cómo Pérez Otero recibió dinero de parte de Santamaría, así como detalló el contrato que el municipio de Guaynabo le dio a la empresa de la persona que pagaba los sobornos.

Los testimonios más trascendentales fueron los del exalcalde de Cataño y del agente investigador del FBI.

Montalvo Delgado, en esencia, estipuló que fue la persona que acudió a donde el FBI y la Fiscalía federal para revelar los tentáculos de corrupción que había desplazado Santamaría y que acaparó a alcaldes del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Dijo que rompió el “código de lealtad” que se había creado, ya que agentes federales llegaron hasta el lugar de trabajo de su esposa, la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado, a investigarlos.

“Llamo a mi abogado, le explico la situación mía, le explico que estaba recibiendo soborno, que lo hice mal, que vaya al FBI que me quiero sentar con ellos”, expuso Delgado Montalvo, tras aceptar que recibía $2,000 semanales como parte del soborno que le pagaba Santamaría.

Durante su testimonio, el exalcalde de Cataño relató que fue mantenido por alrededor de un año por Santamaría para dedicarse exclusivamente a hacer campaña política para las elecciones del 2016 y que uno de los favores que le hizo al empresario fue contratar a la esposa de Pérez Otero, Liza Fernández, como abogada del municipio, aun cuando no necesitaba sus servicios.

Asimismo, reveló que Santamaría le consiguió los votos a Pérez Otero para que en diciembre del 2020 fuera nombrado por sus pares como presidente de la Federación de Alcaldes.

Entretanto, con el testimonio del agente del FBI se demostró cómo resultaba habitual que Santamaría le diera dinero en efectivo a Pérez Otero. Es que se presentaron vídeos y fotografías de sus encuentros en un mismo negocio, Café Shots, ubicado en la calle Carazo de Guaynabo.

La primera entrega de dinero grabada ocurrió el 19 de mayo de 2021. En el vídeo se observó cómo la transacción ocurrió por debajo de la mesa, en momentos en que la mesera les preguntaba qué deseaban y se escuchó que uno de los implicados pidió un chocolate.

El segundo encuentro ocurrió el 1 de julio de 2021, frente al mismo negocio de venta de café. En el vídeo se observa el momento en que Santamaría y Pérez Otero entran al vehículo del primero. Al recibir el sobre con los $5,000, se ve cuando el exalcalde los guarda en un bolsillo de su pantalón. En este momento, conversaban sobre Teleonce.

La tercera entrega de dinero “controlado”, pues era suministrado por el FBI, ocurrió el 19 de agosto de 2021. Se repitió que Santamaría y Pérez Otero se encontraran en el negocio Café Shots. Ambos caminaron por las calles de Guaynabo y se montaron en el vehículo del cooperador, una guagua Mercedes Benz blanca.

Del vídeo se desprende que el exalcalde hablaba con Santamaría sobre un director municipal, que estaba relacionado a asuntos con vertederos.

“Tú tienes al director mío, sabes”, dijo Pérez Otero.

En este momento, Santamaría entregó el sobre con los $5,000 y Pérez Otero procedió a ponerlos dentro de la media. Lo hizo al doblar su pierna y mientras saludaba a unos empleados que trabajaban en ornato.

Por estos alegados sobornos recibidos, Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021, luego de que el empresario Santamaría y Delgado Montalvo acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener los mismos con sus municipios. Sus testimonios llevaron a que varios empresarios, así como a que los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se declararan culpables ante la corte federal.

Del grupo de imputados, Pérez Otero es el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión.

En específico, la Fiscalía federal imputa a Pérez Otero haber recibido entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders, la cual realizaría unos trabajos viales en el barrio Ríos de Guaynabo. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Los abogados de defensa en este caso son Osvaldo Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer.