Este viernes, luego de la intervención que realizó la Policía para atender la violencia desatada por pistoleros de los complejos de vivienda pública Berwind, Monte Park y Monte Hatillo, comenzó con la presencia de varias patrullas y motoras de la Policía en los alrededores. 

Hasta ese momento, parecía un panorama calmado, sin novedad. Peatones caminaban pausadamente por las aceras y grupos de ciudadanos esperaban en la parada de guagua. Ni siquiera ver cerrada la escuela Gerardo Sellés Solá debía llamar la atención, pues las escuelas públicas que están en pueblos sujetos al racionamiento no abren los viernes.

Sin embargo, a medida que llegaba el mediodía, se podía observar que iba aumentando la frecuencia y la cantidad de unidades de la Policía en la avenida. En su mayoría, de la División de Patrullas de Carreteras y del Negociado de Drogas.

Temprano en la mañana, el coronel Leovigildo Vázquez dijo a este medio que no tenían intención de "tomar" los residenciales, sino que se trata de "un plan de mucha presencia de policías para que la gente nos vea y que no sientan que se va a atentar contra su seguridad, y que puedan disfrutar de las áreas comunes".

"El esfuerzo va dirigido a que no se vuelva a repetir el incidente del otro día. Va a durar varios días con mucho patrullaje en el área, entrando y saliendo, y hablando con la gente", agregó.

Sin embargo, vecinos de la comunidad de Monte Hatillo consideran que las medidas que se han tomado desde el incidente no han contribuido a la seguridad de sus residentes y que siguen sin atenderse reclamos de medidas más efectivas a los problemas sociales que fomentan la actividad delictiva.

Tomasa Rodríguez, líder comunitaria en Monte Hatillo, dijo que si tienen temor a su seguridad, es porque hoy la Policía sacó unos portones que había por uno de los lados del residencial. Ahora les preocupa que facilite la entrada de sicarios.

"Esto viene ocurriendo por años. Ha habido problemas siempre. Pero, ahora, yo no sé por qué han quitado los portones. ¿Dónde está la seguridad de los residentes de Monte Hatillo si le han volado los portones?", cuestionó Rodríguez.

"Entran… enemigos tenemos donde quiera. Pero, ahora, como se ha desatado una guerra, pues toda la gente de los residenciales son malos", agregó la líder comunitaria, quien dijo que originalmente no tenían problemas con el aumento en la presencia policiaca. 

"Ahora sí… Nosotros tenemos muchos nenes por ahí andando. Se desata un tiroteo otra vez. Mira, se pueden cerrar los portones. No se le está cerrando el acceso a la Policía en ningún momento, pero tampoco que nos los quitaran".

Rodríguez reclamó a la Administración de Vivienda Pública (AVP) y los administradores de los residenciales a que vuelvan a colocar los portones que se han ido sacando recientemente.

"Se nos pueden colar los enemigos… ¡Y quiénes son los enemigos! ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tenemos que vivir encerrados?", sostuvo.

Por su parte, la hija de Rodríguez, Sonia Noemí González, señaló que muchos vecinos de la comunidad sienten una gran incertidumbre por el cierre de la escuela de Monte Hatillo y el traslado de sus alumnos a otro plantel cerca de Berwind.

"Bien claro Rafael Román, (secretario de Educación), sabe el daño que hizo al cerrar esa escuela y ubicar los nenes en la otra escuela… Eso era lo que iba a traer", dijo González 

"El conflicto no era con los niños y se está reflejando en las escuelas donde tuvimos que ubicar a todos los nenes", añadió.

Alegadas llamadas anónimas con amenazas provocaron que cerrara la escuela Gerardo Sellés Solá el mismo jueves.

Por su parte, Román dijo en una entrevista televisiva esta mañana que la escuela cerró por baja de matrícula. Antes de visitar varias escuelas del área, anunció que Educación enviará sicólogos y otro personal de apoyo a las escuelas a partir del martes.

"Los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de las acciones de un adulto", manifestó Román en entrevista con WAPA TV.

De manera similar, AVP informó que, tras el incidente del jueves, ha buscado personal de apoyo emocional y sicológico para ofrecer servicio en la comunidad.

"Rápido que ocurrió (la balacera) nos comunicamos con el administrador. Identificamos que la necesidad que está palpable en la comunidad son los servicios sicológicos y hemos conseguido unos recursos externos para atender la crisis", dijo Gabriel López Arrieta, administrador de AVP.

Indicó que también reforzarán diversos programas que contribuyan a bajar la tensión que han visto en la comunidad.

En cuanto al reclamo de los portones, López Arrieta dijo que en los 332 residenciales de la Isla se han llevado a cabo estas labores de remoción en cumplimiento con regulaciones federales.

No obstante, las líderes comunitarias entienden que no son las medidas inmediatas las que podrán realmente eliminar incidentes como el ocurrido el jueves.

"Trabajo. Eso es lo que queremos", dijo González. "Aquí se nos margina. Nos ponen el sello de mantenidos, pero queremos trabajar. Lo que pasa es que siempre que cuando llenas (una solicitud) para empleo y pones una dirección de residencial, no te lo dan".

"Si tienes el récord dañado, no te van a dar trabajo. Si te rehabilitaste, tampoco te lo dan. ¿Dónde van a tocar las puertas y aparece un trabajo? De la manera que uno no quiere", afirmó.