Corte federal tendrá que avalar la APP que crearía el Centro de Capacitación de Seguridad Pública
Hasta el momento, el gobierno no ha consultado el proceso con el monitor de la Policía ni el juez federal Gustavo Gelpí.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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El monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, defendió hoy el currículo y los profesores que componen la Academia de la Policía tras conocerse la intención del gobierno de comenzar los procesos para ceder este centro de enseñanza y adiestramiento a alguna institución a través de la Alianza Público Privada (APP).
“Son unos profesionales. Si usted va, hay doctores; en el staff hay gente con maestría dando las clases, hay policías que tienen una facilidad de orientación y de trabajo increíble”, sentenció Claudio a preguntas de Primera Hora.
Asimismo, dejó claro que “el juez (presidente del Tribunal federal de Distrito, Gustavo Gelpí, quien está a cargo del proceso de cumplimiento de la Reforma de la Policía) jamás pondrá en riesgo la Academia”.
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Es que cualquier intento de privatizar la Academia tendrá que contar con su aval, como monitor de la Policía, y con la del juez Gelpí.
“Cualquier proceso que tenga impacto en la Academia de la Policía tiene que ser avalado por la corte federal”, sentenció.
Sin embargo, hasta el momento el gobierno no les ha consultado en lo referente al paso que se acaba de dar, que fue el comienzo del proceso para que los interesados en administrar lo que sería el Centro de Capacitación en Seguridad Pública sometan la solicitud de cualificaciones (RFQ, en inglés) ante la Autoridad para las APP. Así lo aceptó Claudio durante el foro “Seguridad ahora: la transformación de la policía está en el adiestramiento” que organizó la Escuela de Seguridad Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez (Suagm), recinto de Carolina.
Es, de hecho, Suagm quien único ha presentado una “propuesta no solicitada” al gobierno para hacerse cargo de la Academia de la Policía. Ahora se preparan para someter el RFQ, según indicó el doctor Jhon Sanabria, decano de la escuela de Seguridad Pública de la universidad, durante la actividad.
En su presentación durante el foro, Claudio aceptó que como monitor de la Policía no tiene poder para determinar si es la propia Policía o una entidad privada quien deba hacer cargo de la Academia. Dijo que como representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del tribunal federal en la Isla solo pueden pasar juicio sobre lo referente al “currículo, prontuario y profesores”.
Por tal razón, el monitor planteó que la entidad que el gobierno elija para crear el Centro de Capacitación de Seguridad Pública a través de una APP tiene que cumplir con los estándares que se establecieron en el 2014 como parte de la Reforma de la Policía.
“Nosotros necesitamos una Academia de la Policía de Puerto Rico que esté conforme a la Reforma de la Policía de Puerto Rico”, puntualizó.
Claudio aclaró que los requisitos que exponen no incluyen que la entidad a cargo de dirigir la Academia de la Policía esté acreditada. Dijo que el interés es asegurarse de que el policía cuente con las herramientas necesarias para ir a la calle a combatir el crimen y a proteger los derechos civiles de los ciudadanos.
“Lo principal del adiestramiento comienza con el policía, para darle las herramientas para hacer su trabajo”, explicó.
Por otro lado, en el foro se expuso el modelo educativo que desea implementar el Suagm si consigue administrar la Academia de la Policía a través de la APP.
El doctor Sanabria indicó que la propuesta incluye hacerse cargo de todas las academias de los Negociados del Departamento de Seguridad Pública, el cual incluye al Cuerpo de Bomberos y a Emergencias Médicas, así como del Departamento de Corrección. Promedió que el ahorro que tendría el gobierno a través de esta alianza sería de $30 millones, principalmente porque la mayoría de los estudiantes pagarían sus estudios a través de la Beca Pell.
Detalló que utilizarán sus cuatro recintos, en Carolina, Gurabo, Cupey y “En Línea”, así como sus 17 centros a través de la isla para dar cursos generales, como español y ética, entre otras cosas, y los especializados, como los es patrullaje y rescates.
Dijo que el programa educativo podría completarse entre 14 meses a dos años y medio, dependiendo de si las personas cuentan con créditos universitarios.