El Departamento de Corrección y Rehabilitación evaluará la posibilidad de cerrar varias de sus 38 instituciones carcelarias como medida para mejorar la eficiencia de su operación y reducir gastos, a la par que mejora su posición en el cumplimiento de los casos judiciales que le obligan a mantener ciertas métricas en su funcionamiento y en el trato a los confinados.

El secretario interino, José A. Aponte Carro, adelantó que ya está bajo evaluación el cierre de la cárcel de mujeres de Vega Alta y el Centro de Ingresos de Aguadilla. 

En el primer caso, explicó hoy ante la Comisión de Hacienda del Senado, el plan es trasladar a las confinadas de máxima seguridad a la instalación que hoy se utiliza para alojar transgresores menores en Bayamón y mover a las restantes confinadas a otras prisiones con mejores condiciones de vida. 

“Estamos evaluando el cierre de la juvenil que está ahí al lado de la Goya, en Bayamón, pero no es para cerrarla del todo, sino es buscando una mejor alternativa de vida para las confinadas de Vega Alta que están en máxima”, indicó el funcionario. 

Señaló Aponte Carro que el proceso para el cierre de la cárcel de mujeres está ya bastante adelantado.

“Estamos culminando el proceso. Hay un plan que estamos tratando de culminar, y estamos trabajando contra el reloj. Envuelve mover las máximas de mujeres a esa institución en Bayamón, las medianas podrían ir a una institución que tenemos cerrada en Salinas y las de mínima las podemos mover a una sección que tenemos en Sabana Hoyos, que al lado tiene un edificio lleno de máquinas de coser, así que tendríamos el primer campamento de mujeres en el sistema”, indicó.

Aseguró, por otro lado, que ya sostuvo conversaciones con las confinadas de máxima seguridad y que estas apoyaron la idea del traslado y que incluso le están llamando para inquirir cuándo finalmente se hará el mismo.

“Si logramos hacer eso y que los números me dan positivos, podría ser que salgamos mejor. Entre las cosas positivas (del cambio) las de máxima estarían más cerca del Centro Médico Correccional y estas requieren muchos servicios médicos”, dijo. 

Sobre el cierre del Centro de Ingresos de Aguadilla, indicó que en el pasado se operaba con un solo centro de ingresos y que al presente hay tres, por lo que entiende que es viable operar el sistema con solo dos de ellos. 

La información sobre los planes de esta agencia surgió durante la audiencia que celebró hoy la comisión senatorial para discutir el presupuesto de esta. En la misma se ensayó el nuevo formato que está implantando el Senado, en el que sentados en una misma mesa los senadores y los funcionarios de Corrección intercambiaron información sobre las operaciones de la entidad gubernamental.

El presupuesto que propuso la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el Departamento es de $379 millones, lo que representaría una reducción de $72.7 millones del presupuesto vigente.

Durante la audiencia se aclaró, sin embargo, que el presupuesto real de la agencia es mayor debido a que esa cifra no incluye sobre $60 millones que la OGP le retuvo a la agencia para pagar directamente los servicios de agua y electricidad, así como la renta de las instalaciones que pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos.

El documento que prepara la OGP sobre el presupuesto de Corrección establece lo que será la política con todas las agencias en torno al pago de dichos servicios. “Los recursos para el pago de renta y utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General serán consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes”, se indica.

A recortar gastos

A lo largo de la audiencia, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, reiteró que el objetivo de este proceso es identificar aquellas áreas donde pueden recortarse gastos sin afectar los servicios básicos a la población.

El reclamo fue acogido por el secretario interino quién expresó que “estamos encaminados en la misma misión de que todos los procesos le sean más beneficiosos al país y a un costo menor, siempre teniendo en cuenta que el Departamento de Corrección es una entidad que es de seguridad pero es también una entidad de servicios”. 

Explicó que la población a la que le sirve esta agencia tiene características particulares y precisó que hay cerca de 12,300 confinados en las cárceles del país y otros 12,000 que están en programas de desvío que son supervisados también por alguno de los componentes de la agencia.

“Son 38 instituciones penales en el país, cuatro de ellas juveniles en las que tenemos cerca de 305 personas, y operamos un sistema que tiene básicamente 7,000 empleados, tiene un sistema de salud y un centro médico correccional, tiene un instituto educativo correccional, y un sistema de seguridad”, indicó.

Para la población cautiva, agregó Aponte Carro, hay que proveerle el sistema de vivienda y el mantenimiento de la misma, sistema pluvial, agua potable y planta de tratamiento, sistema de alimentos, sistema de transporte, sistema de disposición de desperdicios y reciclaje, sistema de recreación y deportes, academia de oficiales, capellanes, programa de servicios con antelación al juicio y programas de adiestramiento y trabajo. 

Para dramatizar la magnitud de la operación de la agencia señaló que las 12,300 vidas que están confinados iguala la población de seis municipios de Puerto Rico, “con la diferencia de que tenemos que suplirle todos los servicios”. 

Agregó que si se suman esos 12,300 más los 12,000 que están afuera, así como los 7,000 empleados, “tenemos más población que 35 municipios en Puerto Rico. Es un sistema bien complejo”, afirmó. 

Insistió, sin embargo, en que se ajustarán a la realidad fiscal del país. “Aún con todo y eso, sabemos el momento que estamos viviendo en Puerto rico y aunque somos agencia de seguridad, que de ordinario se levantan y dicen no me toquen, en el caso de nosotros nos dimos a la tarea de buscar bajar el presupuesto lo más posible, así que estamos en esa disposición, aún a pesar de haber bajado nuestro presupuesto en $25 millones en los primeros dos años, seguiremos buscando en todas las áreas”.

Durante el proceso de hoy, y con la participación activa de uno de los asesores de la Comisión de Hacienda senatorial, se fueron anotando los acuerdos a los que llegaron los oficiales de la agencia con el Senado y el listado de informaciones y datos que deberán suplir en los próximos días al cuerpo legislativo.

Uno de esos acuerdos es evaluar la viabilidad de que empresas privadas construyan cárceles modernas en la Isla y se trasladen allí grupos sustanciales de confinados para que se puedan cerrar ya varias de las instituciones carcelarias que están ya anticuadas y en pobres condiciones. 

La propuesta fue formulada por el presidente de la Comisión, el senador José Nadal Power, quien instó a Corrección a evaluar esa posibilidad y determinar su viabilidad.