El superintendente de la Policía, José Caldero,  nombró al coronel Francisco Rodríguez, como el  nuevo superintendente auxiliar de Responsabilidad Profesional, a cargo de investigar las querellas que se radican contra miembros de la Uniformada, incluyendo a los agentes involucrados en el vídeo sexual.

Caldero prescindió en días recientes de los servicios de la abogada Lorena García, quien dirigía esa oficina, y era la responsable de ordenar la investigación sobre el vídeo sexual grabado en el Palacio Rojo de La Fortaleza, que involucra a dos miembros de la fuerza policíaca.

“Se prescindió de sus servicios  ya que ocupaba un puesto de confianza”, fue la respuesta de la portavoz de la Policía Maricarmen Ortiz, en ese momento.

Tras informársele a este diario el nombramiento del  coronel Rodríguez como nuevo superintendente auxiliar,  inquirimos  por el estado  de la investigación y la  etapa en  se encontraba, pero no se ofreció información.

“Hablé con el  coronel Juan Rodríguez- el pasado superintendente interino- ya que Caldero no se encuentra y me indicó que “no puede dar detalles del caso, por el reglamento que rige las investigaciones administrativas”, dijo Ortiz.

Con la salida de la abogada Lorena García, se pensó que pudiera paralizarse la investigación que se lleva sobre el escándalo del vídeo sexual, en el que la agente del Precinto 1 de San Juan, Tatiana Prats, aparece practicándole sexo oral a su ex pareja, José Meléndez Meléndez, el agente especial adscrito al Palacio Rojo, en La Fortaleza. 

Primera Hora supo que en las pasadas semanas los investigadores designados por García para investigar el comportamiento de estos policías estuvieron activos y tomando declaraciones a empleados de La Fortaleza y de la Uniformada. En el caso de Prats, la mujer policía ha sido citada en tres ocasiones, según indicó su abogado Antonio Figueroa.

De hecho, el abogado insistió ayer en que se someta a la prueba de polígrafo a su representada y que se haga lo mismo con el agente, para que de una vez por toda, según este, se sepa la verdad.

“Confiamos en  que no existe causa, ni  prueba alguna, ni ninguna violación a reglamento alguno y que prontamente todo el trámite realizado concluirá a su favor”, dijo el letrado.

“Si el trámite investigativo concluyese  en alguna falta, al menos    con un ápice de prueba,  entendemos que ya mi representada  hubiese sido suspendida y no hubiese podido regresar  a su trabajo”, observó Figueroa.