El juicio por presuntos actos de corrupción contra la exdirectora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres López, tomará unas semanas más en poder comenzar, según se conoció en una vista de estatus de los procedimientos que tuvo lugar hoy en el Centro Judicial de San Juan ante el juez Aldo González Quesada.

Por ahora, según ordenó el juez, las partes deben poner fin a una controversia relacionada con una evidencia que la defensa de Torres López reclama y quiere asegurarse de que esté protegida, para poder completar el proceso de descubrimiento de prueba.

La abogada de Torres López, la licenciada Carmen Quiñones, explicó que tenía la intención de radicar un recurso bajo la Regla 95 para solicitar al tribunal una orden para proteger documentos que pretender usar como parte de la prueba. Alegó que el los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) se habían opuesto a esa acción.

Sin embargo, el fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario, que lleva el caso junto a los también fiscales del PFEI Leticia Pabón Ortiz y Juan Catalá Suárez, indicó que, aunque no consideraban necesaria la orden de protección, no se oponían a la misma.

La abogada Quiñones insistió en que sí habían presentado objeciones, a pesar que la solicitua de documentos que hicieron “estaba bien fundamentada”.

Mendoza sostuvo que la abogada “no ha señalado la pertinencia de la información que solicita” y agregó que la controversia no tenía siquiera que llegar ante el juez, porque podían reunirse y resolverla entre las partes.

Así las cosas, el juez ordenó que las partes se reunieran y se pusieran de acuerdo en lo más posible, y se quedaba algún asunto relacionado a documentos confidenciales por resolver, lo llevaran ante él para analizarlo y resolver proteger lo que fuera necesario.

“Se reúnen y se ponen de acuerdo”, instruyó el juez. “Eso sería lo mejor, en la medida que tengamos menos controversias podemos proceder. Y si no, me dicen y yo los encierro en un saloncito aquí para que se pongan de acuerdo”.

El juez concedió además 15 días a la defensa para radicar el recurso bajo la Regla 95, y otros 10 días a los fiscales del PFEI para responder. Citó una vista de estatus de los procedimientos para el próximo 23 de septiembre en horas de la mañana.

Ya fuera de sala el fiscal Mendoza comentó que “la defensa tiene un término para presentar una Regla 95, y no lo ha hecho”. Explicó que “la Regla 95 es una petición de información, es la moción de descubrimiento de prueba. Es su obligación, es su deber, no es el nuestro”.

“Ellos tienen la obligación de cumplir con eso en defensa de los intereses y derechos de la parte que representa. Si no lo hace como entendemos que debe hacerlo, nosotros simple y sencillamente tenemos que hacer el señalamiento al tribunal, y el tribunal lo ha dicho claramente que la defensa tiene que cumplir con ese elemento”, agregó el fiscal Mendoza.

Por su parte, la abogada Quiñones sostuvo que “nosotros respetamos (lo ordenado por el tribunal). Iremos con lo que acordamos en sala”

Sin embargo, insistió en que “entiendo que no es necesario solicitar una Regla 95 para venir en amparo a una solicitud de una orden de protección de que cuiden los documentos relacionados con este caso que se encuentran en la Junta Reglamentadora de Comunicaciones”.

Quiñones, no obstante, expresó preocupación por lo que pueda ocurrir con esos documentos que están en poder de la JRT.

La “solicitud de orden protectora y solicitud de entrega de documentos” que sometió la defensa de Torres López al tribunal pide que se ordene a jefes, oficiales y agentes autorizados de la JRT abstenerse de “eliminar, destruir, ocultar, modificar o alterar de forma alguna, directa o a través de terceros”, so pena de desacato.

Dicha solicitud lista 17 documentos o paquetes de documentos, que incluyen expedientes, informes investigativos, amonestaciones escritas, intercambios de correos electrónicos, registros de asistencia, entre otros, que están la Oficina de la Presidencia, la Oficina de Sistema de Información y la Oficina o División de Recursos Humanos de la JRT.

A Torres López se le imputa aprovechar su posición para recaudar dinero para el comité de campaña de Ricardo Rosselló Nevares. Específicamente, enfrenta un cargo por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos y otros dos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por el alegado uso del cargo para obtener para sí o para una persona privada o negocio cualquier beneficio no permitido por ley, y por exigir y solicitar a otros servidores públicos hacer contribuciones o emplear su tiempo para realizar o participar en una actividad política.