La Oficina del Contralor refirió al Departamento de Justicia irregularidades detectadas en el Municipoio de Canóvanas al otorgar contratos millonarios a entidades que no estaban autorizadas en ley para pactar con el gobierno, indicó mediante comunicado de prensa esta dependencia. 

El informe cubrió el período del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2013, en el que el alcalde era el hoy aspirante al Senado José "Chemo" Soto. 

Según el comunicado de prensa del Contralor, el municipio de Canóvanas otorgó 20 contratos de ingeniería y 19 enmiendas por $1.47 millones (al 14 de marzo de 2014 se había desembolsado $843,868), a una corporación regular no incorporada para llevar a cabo servicios profesionales, que debía realizar trabajos de ingeniería. 

Asimismo, la secretaria de la Junta de Directores de dicha corporación, tampoco tenía licencia de ingeniería que es un requisito de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Además, el municipio le otorgó siete contratos por $58,110 a un contratista para realizar funciones que constituyen prácticas de ingeniería. El Colegio de Ingenieros certificó a la Contraloría que dicha persona no es ingeniero y tampoco está autorizado a ejercer dicha profesión.

"Para que una corporación pueda prestar los servicios de ingeniería, debe estar constituida como una corporación de servicios profesionales en la que todos los accionistas sean ingenieros licenciados", reza el informe del Contralor, quien cita que estas actuaciones violan las leyes 164-2009 y 173 de 1988.

El exalcalde, según el informe, rechazó que haya actuado de forma indebida. "Nuestro escenario de operación no alcanza hasta indagar si todos los accionistas y todos los miembros de la Junta de Directores están debidamente autorizados a ejercer la profesión. Resulta oneroso para nuestros escasos recursos obligarnos a ejercer funciones que exceden nuestra responsabilidad", fue parte de la respuesta.

Ambas situaciones se refirieron al Secretario de Justicia mediante cartas el 2 y 14 de septiembre de 2015.

Asimismo, las irregularidades relacionadas a la práctica de ingeniería también fueron referidas al Presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros el 8 de julio y el 2 de septiembre de 2015.