Pero eso era apenas una minucia comparado con la sorpresa de escuchar a la senadora popular María Teresa (Mari Tere) González decir que no podía contestar preguntas sobre la aportaciones de Anaudi a su campaña, porque no quería autoincriminarse.

La legisladora admitió que tampoco contestó preguntas del Gran Jurado reclamando el mismo derecho.

La semana pasada cuando se presentó la bitácora de las “aportaciones” que anotaba Anaudi, explicó que hizo un pago por $500 el 9 de noviembre de 2012, cuando ella era candidata, a Brothers Printing de “trabajo que se le debía”. También dijo que le pagó $2 mil.  Esas cifras motivaron el silencio de Mari Tere en la corte.

La legisladora, que está en su primer término y representa el distrito senatorial de Mayaguez-Aguadilla, admitió  que le pasó a Anaudi un borrador de un informe no público sobre el nombramiento de la coacusada Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) para que anticipara  cualquier problema  sobre su confirmación.

La legisladora  llamó a Cirilo Tirado y a Jorge Suárez tal y como le pidió Anaudi para que votaran a favor del nombramiento, aunque  Sally ya los conocía.

Mari Tere, que explicó que fue el gobernador Alejandro García Padilla quien le presentó a Anaudi como “allegado a su familia”, renunció ayer a la  candidatura a la reelección, aunque permanecerá en su escaño.

También testificó  Jesús Manuel Ortiz, secretario de Asuntos Públicos y Prensa, y ahora candidato a representante por acumulación, quien aceptó que intercedió ante Alberto Lázaro, presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para nombrar a Sonia Barreto como directora de compras de la agencia. Lo hizo según se lo pidió el senador Eder Ortiz y el mismo Anaudi. Sonia, quien fue nombrada, ya se declaró culpable por  participar en el esquema.

Ortiz se tornó  confuso en sus respuestas cuando el fiscal José Capó Iriarte le cuestionó sobre otras llamadas que le hizo a Alberto Lázaro recomendándole personas a distintos puestos. Cuando el fiscal le advirtió que ya había declarado bajo juramento sobre ese tema ante un Gran Jurado, entonces aceptó que cabildeó por Luis Santiago y Moisés Valentín, quienes ya laboraban en la AAA. 

Otro testimonio vertido ayer fue el de Luis Daniel Rosa, abogado y ayudante del secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, quien manifestó que las ferias de empleos que organizó JM Professional, empresa de otro socio de Anaudi, Javier Muñiz, también declardo culpable, recibían fondos federales. 

Mientras, el dueño principal de Waffler Avenue, Ray Ramón, habló sobre los fondos que logró gracias a un contrato de incentivos de ADL y de cómo se sometió a todo el proceso.

Annushka Orlandi, exdirectora de comunicaciones de ADL, dijo que comenzó a trabajar poco antes que Sally y que el día que la  confirmaron  la citaron a una actividad en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones, evento en el que  Anaudi y su socio Héctor Vargas eran anfitriones. Alegó que se sintió incómoda y que al cabo de hora y media se fue. No obstante, a preguntas del abogado de Sally, indicó que no pidió pagar por nada de lo que consumió.

Los otros coacusados en esta etapa son Ivonne Falcón, vicepresidenta de la AAA, su hermana Marieli Falcón y Glenn Rivera Pizarro, exayudante del administrador de la Cámara de Representantes.

El juicio continúa hoy.