La defensa de José Luis Bosch Mulero pondera presentar una moción para que se evalué el estado mental del imputado por la matanza familiar ocurrida en Guaynabo hace poco más de dos semanas, mientras que el otro coacusado, Christopher Sánchez Asencio, estrenó abogado.

Así trascendió hoy, martes, durante una vista ante la jueza Sylvia Díaz Solla, del Tribunal de Bayamón.

La vista empezó con un poco de atraso esta mañana debido a un brote de varicela en la sección de la cárcel de Bayamón donde se encuentra detenido Sánchez Asencio, explicó la jueza en una alocución inicial.

Díaz Solla detalló que habló con la directora médica de la institución esta mañana y que ésta autorizó el traslado del imputado al centro judicial porque no existía riesgo de contagio puesto que estaba separado de la población penal.

Una vez arribaron ambos imputados a la sala 706, la licenciada Mayra López Mulero, quien representa a Bosch Mulero, anticipó que en los próximos días podría presentar una moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal.

Esta regla autoriza al psiquiatra del Estado a evaluar al imputado para determinar si se encuentra procesable. Una persona se encuentra procesable cuando entiende el proceso en su contra y puede ayudar en su defensa.

La jueza indicó que, de presentarse la moción, resolverá el asunto por escrito y solicitó a la letrada que apoye su petición con evidencia y "no la mera alegación".

"El tribunal va a ordenar todas las prueba necesarias para cubrir todas las bases que sean necesarias cubrir", apuntó la jueza ante una objeción del Ministerio Público.

El licenciado Orlando Cameron Gordon, quien representa a Sánchez Asencio explicó que no había podido entrevistar al imputado en la cárcel debido al brote de varicela y pidió entrevistarlo hoy para luego "hacer los planteamientos que en derecho procedan".

Los fiscales María del Mar Ortiz Rivera, Miguel Alameda Ramírez y Janet Parra Mercado, por su parte, solicitaron que menor de 13 años, único sobreviviente del crimen y testigo esencial del Ministerio Público, declare usando la tecnología de circuito cerrado.

Ante esta petición, la licenciada López Mulero pidió a los fiscales que adelantaran los fundamentos de esa solicitud para determinar si se allana a la misma y evitar la celebración de la vista de necesidad.

Cameron Gordon no se expresó sobre el asunto.

Así las cosas, los abogados y fiscales escogieron la fecha del 29 de diciembre para discutir la moción del Ministerio Público pidiendo el circuito cerrado. Sin embargo, si los abogados defensores se allanan a la petición ese día podría iniciar la vista preliminar, según expresaron las partes a la jueza Díaz Solla.

"Haga sus mejores oficios para que le cuelen el caso", apuntó la jueza a la fiscal Parra Mercado ante el apretado calendario para usar el sistema de circuito cerrado.

Los imputados llegaron al salón de sesiones esposados de manos y pies. Dos alguaciles se mantuvieron en la puerta de entrada de la sala durante la vista. Tan pronto terminó la audiencia salieron del lugar escoltados por alguaciles.

El dúo encara cuatro cargos de asesinatos, un cargo de tentativa de asesinato, nueve violaciones a la Ley de Armas, dos cargos de secuestro agravado, un cargo de agresión grave, un cargo de destrucción de prueba, un cargo de robo y otro de conspiración.

Según las acusaciones, el dúo asesinó a Miguel Ortiz Díaz, un exsargento militar; a su esposa Carmita Uceda Ciriaco; al hijo adolescente de ambos, Michael Ortiz Uceda; y a la mamá de Carmita, Clementina Ciriaco López en hechos ocurridos entre el 17 y 18 de noviembre pasado en la urbanización Parque de Los Frailes en Guaynabo.

También se les imputa intentar matar al hijo menor de la pareja y de lanzarlo por un puente de más de 43 pies de altura.

La matanza de esta familia, según la pesquisa inicial de la Policía, se debió a una disputa por el alquiler atrasado de una propiedad de Ortiz Díaz.

Durante la vista estuvieron presentes familiares de las víctimas y de los acusados, pero todos abandonaron la sala sin realizar comentarios.

Fuera de sala, la fiscal Parra Mercado no comentó sobre el caso.

"El Ministerio Público siempre litiga sus casos en sala", insistió.

La licenciada López Mulero, por su parte, indicó que planteó el asunto de la procesabilidad de Bosch Mulero porque duda sobre su capacidad para entender el proceso que enfrenta.

"Es un joven que tiene algún tipo de situación emocional que me preocupa desde el punto de vista de si puede enfrentar el proceso, si está consciente y puede ayudar en la defensa", afirmó.

Sin embargo, señaló que era prematuro plantearse en este momento una defensa de inimputablidad.

Sobre el vínculo familiar con el imputado, la abogada afirmó que no existía ninguno, pero explicó que el hombre es el hijo adoptivo de un pariente suyo.