Un hombre fue condenado este viernes a 24 años y 5 meses de prisión, seguidos de 15 años de libertad supervisada, por producción de pornografía infantil, y por solicitar y recibir el material de explotación infantil a través de Internet y aplicaciones de redes sociales, informó la oficina de prensa de la Fiscalía Federal.

William Ramos-Candelaria fue sentenciado durante una vista en el Tribunal de Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico, ante el juez Francisco Besosa, cuatro meses luego que se declarara culpable el pasado 30 de septiembre de 2022 por utilizar, inducir, seducir y coaccionar a 12 menores de sexo femenino identificadas, de entre 12 y 16 años de edad, a participar en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir una representación visual de dicha conducta entre mayo de 2017 y agosto de 2019.

Según los documentos judiciales, Ramos-Candelaria se comunicaba de manera sexualmente explícita con las menores a través de un perfil en Instagram, donde solicitaba y recibía contenido comprometedor de las sobrevivientes a través de chats. El condenado utilizó esas imágenes para seguir exigiendo y coaccionando a las niñas para que enviaran imágenes más explícitas bajo la amenaza de publicar las imágenes en las redes sociales si estas no accedían.

Seducir y coaccionar a menores para que envíen imágenes sexualmente explícitas de sí mismos es un delito federal grave. La producción de material de pornografía infantil tiene una pena mínima legal de 15 años de prisión, y la coacción y seducción de menores a través de Internet y de aplicaciones de medios sociales para que adopten una conducta sexual ilegal, que incluye la producción de las imágenes sexualmente explícitas, conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

El Grupo Especial de Delitos contra Menores del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico investigó el caso.

“Nuestros niños, que son los más vulnerables e inocentes de nuestra sociedad, merecen todas las medidas de protección que podamos darles”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. “Como demuestra este enjuiciamiento, utilizaremos todas las herramientas que tenemos para investigar y procesar a todos los criminales de explotación infantil”, agregó.

La agente especial interina a cargo Rebecca C. González-Ramos expresó que “esta sentencia pone de relieve la ardua labor de los agentes del orden público asignados al Grupo de Trabajo de Delitos contra Menores de Puerto Rico”.

“Estamos vigilantes y llevaremos ante la justicia a aquellos que dañan a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, indicó.

La Oficina del Fiscal Federal y el Grupo de Trabajo de Crímenes contra Menores de Puerto Rico alientan al público a denunciar a presuntos depredadores de menores y cualquier actividad sospechosa poniéndose en contacto con HSI al 787-729-6969; a través de su línea gratuita de denuncias al 1-866-DHS-2-ICE; o completando su formulario de denuncia en línea.

La fiscal federal adjunta Jenifer Hernández-Vega, jefa de la Unidad de Explotación de Menores e Inmigración, llevó el caso.