Una contable de una corporación sin fines de lucro del municipio de Aguada fue sentenciada a 24 meses de prisión, seguido de un periodo de tres años de libertad condicionada, por mantener un esquema de fraude mientras administraba diversos programas federales, informó este jueves el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Ante el juez Francisco A. Besosa, del Tribunal Federal de Puerto Rico, Margarita Botti Nieves, enfrentará la condena luego que se declarara culpable en octubre del año pasado por cargos de malversación de fondos, evasión contributiva y obstrucción de una investigación fiscal.

Según el pliego acusatorio, Botti Nieves, empleada y agente del Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. (PAEC) -una organización que recibía y administraba beneficios en virtud de diversos programas federales de subvenciones, contratos y ayudas federales para atajar la delincuencia juvenil y prevenir la reincidencia criminal- evadió intencionalmente el pago de una parte sustancial de los impuestos sobre el empleo adeudados por PAEC a las agencias fiscales federales desde septiembre de 2016 hasta junio de 2019.

Según Fiscalía Federal, esto llevó a que la condenada cometiera los siguientes delitos, tales como presentar declaraciones falsas al Servicio de Ingresos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), proporcionar información falsa y documentos fraudulentos al PAEC para supuestos pagos al IRS que nunca se realizaron, y provocar la preparación de documentos fiscales que falsificaban las retenciones contributivas de los empleados de la organización.

Además, el esquema por el que Botti Nieves cumplirá una condena carcelaria la condujo a transferir fondos de la cuenta bancaria de PAEC a distintas cuentas bancarias que administraba para utilizar los fondos en gastos personales, al igual que intentar eludir al pago de impuestos sobre el empleo adeudados por la sin fines de lucro.

“Condenas como esta envían un mensaje alto y claro de que aquellos que desafían las leyes fiscales de nuestra nación serán investigados y perseguidos con todo el peso de la ley”, dijo Muldrow, en declaraciones escritas.

Mientras tanto, el inspector general para la administración tributaria del Departamento del Tesoro, J. Russell George, advirtió que su oficina seguirá “persiguiendo agresivamente a aquellos que intentan defraudar el sistema tributario federal y socavar la integridad del Servicio de Impuestos Internos”.

“Apreciamos los esfuerzos de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para garantizar que esta actividad delictiva rinda cuentas”, indicó.

El caso fue investigado por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria; el Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Investigaciones Criminales; la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; AmeriCorps-The Corporation for National and Community Service; la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.

La fiscal federal adjunta María L. Montañez ejerció la acusación.