Ángel Figueroa Cruz, exjefe de Asuntos Gubernamentales del Senado, fue condenado hoy a 10 meses en prisión, seguido de una pena de libertad supervisada de tres años y 150 horas de servicio comunitario por su participación en un plan para defraudar al gobierno por medio de empleados fantasmas en la Legislatura.

Así lo informó esta noche el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow. El juez federal que dictó la sentencia fue Francisco A. Besosa.

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Figueroa Cruz se declaró culpable el pasado 15 de octubre de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

En ese momento, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que le dio “mucha lástima” que su “compañero y amigo” se declarara culpable en el caso federal por corrupción.

“El caso contra Angelito no se sostiene. Ellos estiraron el chicle, desde mi punto de vista, para acusar viciosamente al compañero”, había opinado el líder del Partidos Nuevo Progresista (PNP).

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Un gran jurado federal emitió el 28 de mayo de 2019 una acusación formal de 18 cargos contra Figueroa-Cruz, junto con dos excontratistas Chrystal Robles Báez e Isoel Sánchez Santiago.

La Fiscalía federal había explicados que los cargos eran por conspirar para defraudar usando medios electrónicos interestatales, hurto de identidad agravado y lavado de dinero por el uso de transacciones con el dinero obtenido a través del esquema de fraude.

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Además, Figueroa Cruz encaraba un cargo adicional de falsa representación intencional por parte de un representante de una organización que recibe fondos federales, por su rol de aprobar las facturas fraudulentas que presentaban las otras dos acusadas por supuestos trabajos que en realidad no realizaban.

Robles Báez y Sánchez Santiago se declararon culpables en agosto de 2019 y fueron condenadas el pasado 6 de febrero a cuatro y diez meses de prisión, respectivamente.

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Durante la vista de sentencia, salió a relucir un memorandum en el que el abogado de Sánchez Santiago, Jason González, señaló directamente a Rivera Schatz como “co-conspirador no acusado” por el esquema de empleados fantasmas, y sugirió que la Fiscalía federal no lo acusó por tratarse de un alto funcionario público.

Según los alegatos de la acusación, desde 2016 hasta junio de 2018, los condenados participaron en un plan para defraudar dinero y propiedades del gobierno de Puerto Rico por medios de representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas.

Los demandados buscaron cumplir su plan de defraudar facturando, aprobando y cobrando por el trabajo de servicios profesionales contractuales que no se completó o se realizó en contravención de los términos explícitos de los contratos.

Los acusados participaron en actividades de campañas electorales para candidatos a cargos electivos durante las elecciones generales de 2016. Luego de las elecciones, los acusados comenzaron a explorar oportunidades laborales con el Gobierno de Puerto Rico, incluidos contratos de servicios profesionales.

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El 1 de enero de 2017, Robles Báez incorporó Global Instant Consulting Group, Inc. El propósito de la corporación era brindar asesoría administrativa y política, talleres y relaciones públicas, y consultoría.

El mismo día, su pareja, Sánchez Santiago, incorporó International Legislative and Governmental Consulting Group, Inc. (ILGCG). El propósito de la corporación era brindar consultoría administrativa gubernamental, creación de propuestas, oferta de talleres y trámites legislativos y parlamentarios.

En el proceso de constitución de las corporaciones, Robles Báez solicitó a través de comunicaciones electrónicas interestatales la documentación necesaria de varios departamentos, agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado a: el Departamento de Estado; el Departamento de Hacienda; y la Policía de Puerto Rico.

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Finalmente, los acusados celebraron contratos de servicios profesionales con el Gobierno de Puerto Rico, específicamente, el Senado y la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el auto de procesamiento, Robles Báez, en numerosas ocasiones, certificó y solicitó pagos indicando que había acudido a la Oficina de Asuntos Gubernamentales para brindar servicios profesionales como se detalla en los dos contratos de Global Instant Consulting Group, cuando en realidad en esos días la demandada no asistió o brindó los servicios profesionales.

Además, los imputados Robles Báez y Sánchez Santiago utilizaron la información de identificación personal de numerosas personas –con o sin su conocimiento– para dar la impresión de que el imputado, como “coordinador intergubernamental” en representación de Global Instant Consulting Group, había proporcionado servicios profesionales, cuando de hecho esas personas nunca solicitaron tales servicios.

Además, el condenado Robles Báez utilizó la asistencia, los contactos y los servicios del acusado Sánchez Santiago para justificar de manera fraudulenta el trabajo supuestamente completado bajo los contratos de Global Instant Consulting Group.

El hoy sentenciado certificó falsamente como correcta la información contenida en las facturas de servicios presentados por el acusado Robles Báez como “coordinador intergubernamental” en nombre de Global Instant Consulting Group.

El caso fue procesado por el fiscal federal auxiliar y jefe de la División Criminal, Timothy Henwood.