La jueza federal Sylvia Carreño Coll retrasó la fecha del inicio del juicio contra Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados por corrupción pública para el lunes, 25 de agosto de 2025.

La decisión la tomó en una vista del estado de los procedimientos que se realizó en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, en la que no se discutieron las dos mociones para desestimar este caso criminal. En este proceso, los abogados y los fiscales federales no acudieron a la sala, sino que se presentaron mediante videoconferencia.

La fecha anterior del juicio que se había fijado para el juicio era del 21 de enero al 14 de febrero de 2025.

La también exsecretaria de Justicia fue acusada por un gran jurado federal el 8 de marzo de 2022 junto a Julio Martín Herrera Velutini, dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, así como el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini.

En los pasados años, el proceso se ha centrado en la entrega de la prueba de parte de la Fiscalía federal a la defensa de los acusados, así como en el intercambio de mociones.

En esta ocasión, el juicio se retrasó por pedido de los abogados de defensa.

Una de las razones destacadas para este cambio de fecha fue que el investigador que utilizaba la exgobernadora para buscar información sobre su defensa, el exalguacil federal Roberto Vizcarrondo, falleció el pasado martes. De hecho, la jueza y la Fiscalía federal, representada por los fiscales Ryan Crosswell, Nicholas Cannon y Miriam Fernández, emitieron sus condolencias.

Según el abogado de Vázquez Garced, Edgar Sánchez, el investigador había realizado entrevistas y buscado información, de la cual ahora desconocen.

Además, hizo constar que “tenemos que buscar a alguien que nos ayude... Tenemos mucho trabajo que hacer, que es apropiado extender el tiempo” para iniciar el juicio.

En un inicio, la jueza había abierto la puerta para el cambio de fecha por peticiones realizadas por los abogados de defensa de los coacusados Herrera Velutini y Rossini.

En sus argumentos vertidos en la videoconferencia, el abogado de Rossini, Michael Nadler, hizo constar que recibieron mucha prueba de parte de la Fiscalía federal y que necesitaban tiempo “para prepararnos mejor para la defensa”.

Por su parte, el abogado de Herrera Velutini y quien es abogado del expresidente Donald Trump, Chistopher Kise, expuso que la prueba entregada por la Fiscalía al 31 de julio pasado consta de 61,000 millones de papeles.

“La mayoría de esta prueba, 58,000 millones de papeles, se entregaron en el 2024″, aludió, al también reclamar tiempo para preparar la defensa.

Kise aprovechó para quejarse de que la Fiscalía federal hacía pretender que hubo un intercambio de dinero en este caso. Aludió a que lo único que se puede señalar es una encuesta.

Más allá del cambio de fecha, no se discutieron otros temas referentes al caso criminal. En parte, las mociones de desestimar las acusaciones, presentadas por Rossini y Herrera Velutini, no se discutieron, debido a que los abogados de defensa de los otros acusados y la Fiscalía federal todavía tienen entre una a dos semanas para fijar su posición por escrito.

No obstante, la jueza Carreño Coll inició la vista con una advertencia a los abogados de que impondría sanciones si continúa observando que los abogados van a la prensa a discutir el caso. Aludió a que su medida no constituirá la imposición de una mordaza.

La advertencia la lanzó la jueza, tras hacer referencia de un artículo publicado por un medio nacional en el que los abogados de Rossini presuntamente discutieron el caso.

“Desde que empezó este caso dejé claro que no impondría una mordaza. Sin embargo, este artículo es inapropiado. Trae el caso a ser discutido en los medios de comunicación y no en la corte”, afirmó.

Mientras, dijo que también vio una entrevista a los abogados de Vázquez Garced que estaban en el “límite” (’borderline’).

“Sus clientes tendrán su día en la corte. Pero, ir al público, a la prensa, y discutir la evidencia, su estrategia, es inapropiado. No lo voy a permitir. En la próxima ocasión, en la próxima violación, impondré sanciones”, sentenció Carreño Coll.

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.