El juicio por la demanda que el exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte, le radicó al analista político Josué “Jay” Fonseca por difamación y, que surgió como secuela de la controversia del chat de Telegram, comenzará el 12 de abril de 2027, según acordaron las partes y presentaron en una moción conjunta ante el Tribunal federal.

Se espera que el proceso judicial se extienda por unos cinco a siete días.

En este periodo que resta de dos años previo al juicio, las partes estarían inmersas en descubrimiento de prueba, entrevistas a los testigos y también hay espacio para un proceso de mediación, que culminaría el 7 de diciembre de 2026. En estos procesos de mediación se le da oportunidad a las partes a alcanzar un acuerdo que evite el juicio.

Esta demanda fue radicada por Sánchez Sifonte, quien también fue secretario general del Partido Nuevo Progresista, junto a su esposa y ahora secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, a finales de 2020 en Miami. Pero, fue transferida a la Isla en febrero del 2021. La presentaron cuando el periodista laborada en Telemundo, por lo que la cadena televisiva y su central, NBC Universal, también están involucradas, entre otros directivos del canal.

Sánchez Sifonte y su esposa alegan que fueron difamados por Fonseca. Reclaman $5 millones en compensación por daños a su reputación y $30 millones en compensación por daños económicos.

En general, la demanda expone que el cúmulo de expresiones que Fonseca supuestamente hizo contra Sánchez Sifonte provocaron que se le identificara como una “persona corrupta”. Además, se alega que se fabricaron rumores para ganar audiencia para el canal.

“Mintieron sistemáticamente a sabiendas, inventaron hechos, anunciaron el arresto inminente de Sánchez, falsearon documentos deliberadamente y sobrepusieron asuntos públicos para crear una falsa impresión de actividades inmorales, ilícitas, corruptas e ilegales desenfrenadas por parte de los demandantes”, dicen los documentos judiciales presentados ante la corte.

De estos documentos judiciales radicados este mes con relación al acuerdo de las fechas para ver el juicio, se da por conocida una larga lista de testigos. Esta incluye en el puesto número 58 al exgobernador Ricardo Rosselló, quien tuvo que renunciar en medio de las manifestaciones pueblerinas que se registraron tras la divulgación del controvertible chat de Telegram. En los mensajes se incluyeron expresiones misóginas y sexistas, además de homofóbicas, de parte del mandatario y 11 allegados. Entre los miembros del chat estuvo Sánchez Sifonte.

Otros que aparecen en la lista de testigos son las periodistas Ivonne Solla y Valeria Collazo Cañizarez, la presentadora Saudy Rivera, y los productores Soraya Sánchez y Tony Mojena. También incluye diversas agencias estatales, como los departamentos de Justicia y Salud, la Junta de Supervisión Fiscal, así como la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y el exsecretario de Vivienda, Fernando Gil.

El senador Juan Oscar Morales y otros funcionarios que estuvieron en el controvertible chat, como Christian Sobrino, figuran como testigos.

Además, aparece en el extenso listado,un directivo de una aseguradora de salud, otras empresas, incluyendo una emisora radial, así como las personas que se han identificado como responsables de divulgar el controvertible chat, el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y su hijo, Raúl Maldonado.