El 31 de julio en la sala especializada de violencia doméstica del Tribunal de Carolina, el juez Edgar Figueroa, dará inicio el juicio en su fondo contra Miguel A. Rodríguez Nieves, de 40 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado, un cargo de encubrimiento y otros cuatro cargos por violar la Ley de Armas que tienen que ver con tener, apuntar y disparar un arma de fuego sin licencia, por la mutilación de serie de esa arma y la posesión de municiones, por el crimen de su expareja Melissa Belén Falú Allende.

“Es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que el Departamento de Justicia (DJ) está haciendo todo lo posible porque Melissa Belén Falú tenga su día en corte y que llegue ese día y que se vea la causa de acción y se le dé paz tanto a Melissa como a su familia”, aseveró la fiscal Zulmarie Alverio Ramos, quien tiene asignado el cargo desde que investigó la escena de asesinato.

Anticipó que espera presentar de 15 a 22 testigos, entre ellos siete investigadores y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“El caso ya está en la etapa de juicio, ya tenemos fecha. El Ministerio Público ya le solicitó al tribunal que diera fecha cierta para comenzar el juicio sea por jurado o por tribunal de derecho”, expuso Alverio Ramos, quien indicó que ya se separó la semana del 31 de julio al 4 de agosto y si es necesario se establecerán otras fechas para culminar con los procedimientos.

Agregó que, desde que entregó el descubrimiento de prueba está lista para ver la causa de acción, respondió al preguntarle si cree que cuenta con una prueba sólida para sostener las acusaciones en esta etapa.

“Desde el inicio yo asistí a la escena, en ese momento era parte de la Unidad Especializada (de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Carolina). Desde el momento en que entré a la residencia de Melissa se tomó las previsiones para que fuera asistido y analizado como una muerte violenta. No teníamos duda de que eso no era una muerte violenta”, subrayó la fiscal.

El imputado, que es representado por la Sociedad para la Asistencia Legal, ha cumplido con las condiciones impuestas para mantenerse en libertad bajo fianza, según lo ha certificado el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

El hombre fue quien alertó a las autoridades sobre la muerte de su expareja de 42 años, el 25 de junio de 2021, en la residencia de la mujer localizada en el barrio Torrecilla Baja, en Loíza y alegó que se trató de un suicidio. No obstante, el caso se investigó como un asesinato y la autopsia combinada con la evidencia analizada estableció que la herida de bala que presentaba en la cabeza no fue autoinfligida.

Al momento de los hechos el sospechoso había sido acusado en ausencia para la fecha del 17 de marzo de 2021, por un cargo de apropiación ilegal de un cheque del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), caso que sigue vigente.

No obstante, debido a que la víctima fue asesinada quedaron sin efecto las acusaciones por violación al artículo 3.3. (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, por lo que se le había expedido una orden de arresto con una fianza de $50,000.00, la cual se le había diligenciado.

“Esos casos se archivaron, en el sentido de que ahora (lo que se está considerando) es el asesinato. Desde el principio se dijo y se aclaró. Había unos casos de violencia doméstica, tenía una orden de arresto por un caso de violencia doméstica, pero la realidad es que al ella morir ese caso muere y renace otro caso que es por el asesinato y los casos de fraude que están vivos”, explicó la fiscal.

La familia de la víctima ha estado al tanto del desarrollo de todas las etapas de la pesquisa del crimen y cuentan con el apoyo del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, adscrito a la oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del DJ, que le asignó a la técnica Erica Rivera Domínguez, quien está disponible las 24 horas del día.

“Los técnicos hacen una labor encomiable y la verdad es que siempre están tras bastidores...ellos son pilar esencial en los casos de justicia, porque ellos son los que les dan el soporte y el apoyo a las víctimas de delitos”, resaltó.

La investigación del caso está a cargo del agente Pedro E. Medina Negrón, de la División de Homicidios de Carolina.