El proceso para traer ante la justicia a dos de las personas que figuran como coacusados en el complejo caso de corrupción gubernamental que desencadenó en el arresto y radicación de cargos ayer contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, podría tener una variedad de escenarios, toda vez que ninguno de los dos había sido arrestado y se presumía estaban en otros países.

Según dio a conocer ayer el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, el fiscal federal Stephen Muldrow, dos personas identificadas como Julio Martín Herrera Velutini y Mark T. Rossini están señalados junto a la exgobernadora como acusados de defraudar al gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico. De ser hallados culpables, podrían enfrentar cada uno hasta 20 años de prisión.

De acuerdo a la información provista, Herrera Velutini es un banquero venezolano dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, que estaría residiendo en el Reino Unido. Rossini es un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que estaría viviendo en España.

Traerlos a responder ante la justicia en Puerto Rico conllevaría, en el mejor escenario, un proceso conocido como extradición.

De ordinario, explicó Carlos Díaz Olivo, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, si se trata de un ciudadano de los Estados Unidos que va a otra nación con la que existe un acuerdo de extradición, pues ese acuerdo se pondría en vigor para devolverlo a los Estados Unidos.

Sin embargo, los escenarios son diferentes si no hay acuerdo de extradición, o si se trata de personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos.

“En términos generales existe lo que se conoce como el principio de territorialidad, que es que el estado ejerce sus funciones, su autoridad, su poder, sobre el territorio de ese país o comunidad. Un país, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno de Canadá, tiene autoridad sobre el territorio de Estados Unidos, o sobre el territorio de Canadá. Ahora, Estados Unidos no tiene autoridad sobre el territorio de Canadá. Por lo tanto, si alguien cometió un delito en Estados Unidos y se va a Canadá yo no puedo ir a Canadá así y cogerlo y llevármelo, porque yo no tengo autoridad sobre Canadá. Yo tengo autoridad sobre mi territorio”, explicó Díaz Olivo.

“Pero, como ese juego se puede dar, los países usualmente firman unos arreglos, unos tratados de extradición, que lo que dice es, si hay un fugitivo, alguien que está llamado a responder en los Estados Unidos, y se va a Canadá, Canadá llega a un entendimiento y entonces mis autoridades van allá, porque sí yo tengo autoridad sobre Canadá, identifican dónde está la persona, lo arresto y te lo envío para Estados Unidos. Y lo mismo si pasase con un canadiense que fuese a los Estados Unidos y lo identifican allá”, abundó.

Sin embargo, enfatizó el catedrático, para que ese escenario ocurra, “tiene que haber un acuerdo entre esos países, un tratado de extradición”.

“Extradición es eso, yo, en esa otra jurisdicción, pido que me lo traigan, que me devuelvan o me lleven esa persona a mi jurisdicción”, insistió. “Ese tratado de extradición es eso, que mutuamente se coordinan y se comprometen a servir de la ley del otro estado para llevarte ese fugitivo allá”.

“Y lo interesante es eso, que, con el ejemplo que estoy usando, si alguien de Estados Unidos se fue a Canadá, aunque Canadá no tiene reclamos contra esa persona, sí se comprometió con Estados Unidos al reclamo que tuviera Estados Unidos de alguien que se fuera a Canadá devolvértelo a ti, y (Estados Unidos) mutuamente hacer lo propio”, agregó.

Sin embargo, aclaró, “hay países que no tienen ese acuerdo con Estados Unidos. Por lo tanto, si la persona se fue a un país de esos, por ejemplo, Italia, no tiene Estados Unidos manera de ir allí a pedir que se lo devuelvan”.

Al no existir acuerdo de extradición, las autoridades de los Estados Unidos, entiéndase en este caso el FBI, no podrían pedir la colaboración de las autoridades locales para arrestar a la persona fugitiva.

“Y si Estados Unidos se metiera a buscar a esa persona allí, por sus pantalones, pues eso sería como un acto de agresión a la soberanía de ese otro país. Sería un escándalo internacional”, acotó Díaz Olivo.

Comentó que mecanismos de autoridades con carácter internacional, como la Interpol, pueden colaborar en investigaciones y compartir información, “y si hay los tratados, pues trabajan en conjunto”.

“Pero es con el aval, con el permiso de la jurisdicción, o por un tratado”, reiteró. “Porque cuando hay un tratado, el tratado se convierte en parte de la ley de esa jurisdicción, y por lo tanto está coordinada la autoridad y reconocerías eso para que opere en tu jurisdicción. Básicamente, aquí está la orden de arresto, y te la envío a ti para que tú la ejecutes allá, porque tú te comprometiste a servir de eso, como un brazo asistente en este proceso”.

Pero lo anterior sería tan solo el escenario más simple para devolver a un fugitivo al país que lo busca, cuando la reclamación que se hace es de un ciudadano de tú país, y con un tratado de extradición en vigor con la otra nación involucrada.

La situación, sin embargo, cambia considerablemente si esa persona es ciudadano de esa nación a la que se le está reclamando que lo entregue, o si es ciudadano de un tercer país, o incluso es una persona con múltiples nacionalidades, algo cada vez más común en estos tiempos.

“Si es ciudadano de allí, pues ya ciertamente va a ser más complicado, y tendrá unas garantías frente a esa jurisdicción. Ya cuando eres un ciudadano de ese otro país, tú tienes unas garantías adicionales como ciudadano”, comentó el catedrático.

Dichas garantías, pueden variar considerablemente según cada nación. De igual forma, los procesos para la solicitar una posible extradición son diferentes según las leyes y procesos vigentes en cada país. Un elemento adicional a tomar en cuenta en casos como este es la facilidad de movimiento que existe entre algunas naciones, como los países que conforman el bloque de la Unión Europea, donde se presume podría estar al menos uno de esos dos sujetos mencionados en la acusación.

De igual forma, otro factor adicional es que se trata de individuos que se presume tiene bastantes recursos financieros a su disposición, que podrían usar para intentar evadir a las autoridades de manera más efectiva.