El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa anunció que estableció guías operacionales para uniformar y reforzar los servicios a las víctimas de violencia doméstica que acuden a los cuarteles en busca de ayuda, que servirán de complemento de las labores de investigación.

El repaso de las instrucciones a los agentes contenidos en la Orden Administrativa 2024-01, surge tras reportarse el 24 de enero, el cuarto feminicidio íntimo del año y la segunda masacre, en una residencia de la carretera PR-372 del barrio Caimito, en Yauco, donde fueron asesinados la estudiante para asistente de veterinario, Linnette Morales Vázquez de 30 años, quien había acudido al Tribunal de Ponce para asistir a una vista preliminar en la sala del juez Rubén Serrano Santiago contra su expareja Wilfredo Hiram Santiago Figueroa de 33 años, porque violó una orden de protección vigente hasta marzo, pero se suspendió hasta el 28 de febrero, lo que desencadenó el trágico desenlace.

Durante la vista de Regla 6 se determinó causa por violación al Artículo 3.1 (maltrato psicológico) de la Ley para la Protección e Intervención con la Violencia Doméstica y no por violación a la orden de protección. El caso se pautó para el 28 de febrero de 2024.

La víctima también había denunciado la falta de acción cuando llamaba a un cuartel de la Policía para denunciar el patrón de acecho que mantenía el hombre, quien se privó de la vida tras cometer los hechos en la residencia de un hermano.

“La muerte de Linnette Morales Vázquez, su madre Lissette Vázquez Vélez y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez, así como el de víctimas anteriores, nos obliga a todos los integrantes del sistema jurídico y la sociedad en general, a actuar de manera preventiva. Debemos establecer procesos continuos para evaluar, recalcar, mejorar y/o modificar todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a combatir este mal social”, manifestó López Figueroa, en un comunicado de prensa.

Como los cuarteles de la Policía son el primer nivel de atención a las víctimas de los maltratos y abusos que conforman la violencia de género, se les recalcó a los agentes que sus acciones serán centradas en la querellante, que deben proceder con diligencia, premura y observando los más altos estándares de respeto, sensibilidad y empatía.

Además, destacó que los policías tienen el deber “mantener bajo custodia a la víctima, escucharla, centrarse en ella, brindarle seguridad y confianza, y expresarle que, independientemente de las circunstancias de su caso, ella es importante”.

De igual forma, se dispone que cada vez que una víctima solicite servicios, no importa cuántas veces acuda a una instalación policiaca, se generará la querella correspondiente y se canalizará conforme a las políticas aplicables y estas guías.

López Figueroa recalcó que ningún policía puede desalentar a la víctima, ni emitir juicios o llegar a conclusiones durante el proceso de investigación. Por el contrario, se les instruye a consultar los casos, sin excepciones, con los fiscales del Departamento de Justicia, para que estos determinen si existen los elementos constitutivos de delito, aun si la parte perjudicada manifieste falta de interés, se retracte o cambie de versiones.

Las guías están contenidas en la orden administrativa complementan las órdenes generales vigentes, a saber: la 100-118, que establece la estructura y las divisiones asignadas a atender los incidentes de violencia de género; la 627, que dispone cómo se van a investigar los incidentes y las funciones operacionales y administrativas de los policías de todos los rangos; y la 644, que rige sobre las investigaciones de incidentes que involucren a empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

“Si bien es cierto que los agentes son constantemente adiestrados conforme a los requerimientos del Tribunal Federal y las directrices de la Reforma, así como al Estado de Emergencia, ordenado por el Gobernador, Pedro Pierluisi, en las distintas modalidades de la violencia de género, a los policías, como primeros interventores en estos casos, nos corresponde igualmente actualizar y optimizar nuestros procesos internos de intervención e investigación de los incidentes que llegan a nuestra atención. Estas guías toman en cuenta secciones de trabajo y evaluaciones continuas que han estado realizando la División de Violencia Doméstica y el personal de la Reforma, con apoyo de fiscales y otros profesionales”, explicó López Figueroa.

Entre los pasos a seguir, se debe atender sin dilaciones a la víctima, documentar detalladamente su situación y orientarla sobre los servicios de apoyo integral disponibles, que brindan otras agencias, como la Oficina de Procuradora de la Mujer, o los departamentos de Justicia y de la Familia, según sea el caso.

De igual forma se instruye a notificar cada caso a la División de Violencia de Género del área policíaca correspondiente, a gestionar un intercesor y corroborar si existen incidentes previos u órdenes de protección.

Si observa o sospecha que hubo una agresión física, debe transportar a la víctima a una institución hospitalaria, instrucción previamente establecida en los protocolos de la Policía, como lo establecían ya las guías vigentes.

La orden expresamente prohíbe enviar a la víctima a recibir servicio en otra dependencia, documentar el incidente bajo la clasificación de “Otro servicio” (PPR-621.2) y despachar el asunto o sustituir la investigación criminal con una orientación sobre orden de protección.

En cuanto a las órdenes de protección, se especifica que las prohibiciones aplican solo a la parte peticionada, o el victimario. La víctima no es quien viola una orden de protección, sino contra quien se emitió, subrayó.

Al informar sobre la adopción de las guías, López Figueroa manifestó que todos los componentes de la sociedad están llamados a aportar, de todas las maneras posibles, y de acuerdo con sus recursos y capacidades, a la protección de las personas que son objeto de violencia.

“Las guías son una herramienta que pondremos en vigor con miras a reforzar la protección de los derechos de las víctimas a una vida digna y sin violencia y la aplicación del derecho vigente”, finalizó.