La Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST) hará cambios en las estrategias que se implementará en las campañas de prevención de lesiones o muertes de menores por no utilizar el asiento protector.

El director ejecutivo de la CST, Luis Rodríguez Díaz, reveló que les ha causado alarma una modalidad que se ha observado en estudios recientes los cuales demostraron que los conductores no están haciendo uso de los asientos protectores para recorrer distancias cortas en carreteras locales, rurales o en calles de urbanizaciones.

“Esto significa que las familias muy probablemente cuando van a transitar hacia casa de un familiar que vive cerca o van a un comercio o una farmacia que está a corta distancia, pues montan al niño y no utilizan el asiento protector porque es para un lugar cercano lo cual no debería ocurrir porque el choque puede ocurrir en cualquier momento...así que tenemos que tomar todas las medidas preventivas para que, si ocurriera, garantizar la vida de todos los que están en el vehículo”, enfatizó Rodríguez Díaz.

Los investigadores de la firma a cargo del estudio observaron a vehículos de motor que transitaban por la carretera primaria, en este caso la autopista Luis A. Ferré (PR-52), la avenida Iturregui en Carolina, la secundaria la PR-2 y como local la calle Hoare en Santurce.

“De acuerdo a la evaluación en la avenida Iturregui como en la calle Hoare no se estaban utilizando los asientos protectores, o sea, no tenían niños en su asiento protector. Obviamente conociendo ambas carreteras todos sabemos que en la avenida Iturregui en Carolina hay muchos comercios y normalmente eran personas que residen en urbanizaciones cercanas que probablemente iban a comprar comida y regresaban de nuevo a su hogar y en el caso de Hoare allí hay un centro de diagnóstico temprano, que muy probablemente era que iban hacer alguna gestión”, detalló el funcionario.

La muestra total que se tomó en el 2020 incluyó 6,800 vehículos de los cuales 171 debieron usar asientos protectores porque transportaban menores de edad de los cuales 168 tenían instalado el mismo.

A su vez, los análisis de las campañas de prevención realizadas les dieron a conocer que a pesar de que un 95.1% de los vehículos que debieron utilizar los asientos protectores la muestra analizada certificó que estaban cumpliendo con la ley, sin embargo, uno de cada tres, no está debidamente instalado.

Las multas expedidas por no utilizar el asiento protector ascendieron a 941 una diferencia de 400 más que los reportadas el año pasado, que fue un período atípico debido a que por la pandemia ocasionada por el COVID-19, el gobierno estableció un toque de queda en el 2020.

Las estadísticas fueron provistas por el Negociado de Patrullas de Carreteras a la CST que hizo el cálculo con cifras contabilizadas hasta el 8 de octubre y comparadas con el año pasado, que cerró con 541 multas por la violación al artículo 13.03 de la Ley de Vehículos y Tránsito.

“Estas multas nos preocupan porque hemos visto que en las últimas dos semanas se han reportado casos lamentables donde los menores no están en el asiento protector, pero adicional a eso la otra preocupación que nosotros tenemos por la cual estamos haciendo cambios en las estrategias de cómo manejamos este programa es porque de igual manera uno de cada tres está incorrectamente instalado”, abundó Rodríguez Díaz.

En el año 2019 se expidió un total de 909 boletos, en el 2018 una cantidad de 1,307 y 1,366 multas en el 2017.

Entre las medidas que ha tomado la CST está la firma, hace dos semanas, de un acuerdo colaborativo con la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, administradores del programa de Head Start en la isla, y el Departamento de la Familia para adiestrar a unos 200 nuevos técnicos de asiento protector que serán certificados, ya que estos funcionarios tienen contacto directo con los padres de menores. El programa se encuentra en la etapa de la selección de candidatos.

En la actualidad, el Negociado del Cuerpo de Bomberos y la CST tienen con dos instructores cada uno, para un total de 120 técnicos.

Recordó que muchas personas no saben que los asientos protectores tienen un máximo de vigencia de seis años y que después deben desecharlos, también que hay que cambiarlo si el vehículo en el que estaba instalado se vio involucrado en un accidente de tránsito porque luego no cumplen con su función correctamente y los mismos deben ser los adecuados para la edad, peso y estatura para la protección de la cabeza, el pecho y la espalda.

“Muchas veces se generaliza, vamos a comprar un ‘car seat’ y simplemente a veces se hace para cumplir con la ley, pero no se trata de cumplir con la ley, se trata de cumplir con la responsabilidad que todos los padres y las madres tienen con asegurar la vida de su hijo y para hacerlos correctamente hay que tomar en consideración todos estos aspectos técnicos para tener el asiento protector adecuado”, afirmó.

Además, anunció que cuentan con asientos protectores disponibles para aquellas familias que tengan un ingreso menor de $18,000.00 anuales, los cuales han sido adquiridos con fondos federales.

Para más detalles sobre estos beneficios puede comunicarse al teléfono (787) 721-4142

La información surge en el contexto de la muerte de un niño de 6 años, que murió durante la mañana del domingo, por los traumas que recibió cuando su padrastro chocó el automóvil que conducía contra un talud de tierra, en el barrio Laguna en Guánica.

El niño Dylan K. Cruz Ojeda, no estaba sentado en un asiento protector ni tenía el cinturón de seguridad puesto. El menor llegó sin signos vitales al hospital.

El conductor fue identificado como Christian Collazo Prosper de 21 años, quien conducía un automóvil marca Toyota Corolla, color azul, del año 1998, a una velocidad mayor a la permitida que no le permitió mantener el control del volante, desviándose fuera de la vía de rodaje e impactó un talud de tierra. Collazo Prosper resultó con lesiones leves y se le realizó la prueba de alcohol y toxicológica mediante una muestra de sangre.

La investigación, está a cargo del agente Rene Pérez, adscrito a la División de Patrullas Carreteras Ponce y el fiscal Alfredo Lugo. Se evalúa la posible radicación de cargos una vez concluya la investigación.