Boston.- Los jueces del Tribunal del Primer Circuito de Boston que presidieron la vista hoy del caso del Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña contra el Gobierno de Puerto Rico estuvieron especialmente atentos a tres asuntos: el alegato de daño irreparable a la comunidad si se implanta la Ley 32 que transfiere los terrenos al Estado y al Municipio de San Juan, si el Fideicomiso es una entidad privada o pública, y en qué etapa del proceso está el caso en el Tribunal federal de Distrito en Puerto Rico.

Los representantes legales del Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña y del Gobierno de Puerto Rico ofrecieron hoy sus argumentos orales frente a un panel de tres jueces en el Tribunal del Primer Circuito de Boston, compuesto por Michael Boudin, el puertorriqueño Juan R. Torruella, y Kenneth F. Ripple. Ahora hay que esperar a que el panel decida si extenderá el interdicto preliminar que le concedió al Fideicomiso el pasado 13 de agosto, luego que el Tribunal federal en Puerto Rico le denegara el recurso de entredicho provisional (TRO-Temporary Restraining Order) y relegara celebrar una vista para atender la solicitud de interdicto preliminar.

El Fideicomiso demandó al Gobierno de Puerto Rico luego que el gobernador Luis Fortuño firmara el 24 de junio la Ley 32 que enmienda un artículo de la la Ley 489 de 2004 y desarticula al Fideicomiso, un innovador proyecto comunitario de tenencia colectiva de unos 200 acres de terreno aledañas al Caño Martín Peña en Santurce. El efecto del interdicto preliminar es paralizar la implantación de la Ley 32 hasta que se dilucide el caso.

"Creo que los jueces entendieron que hay daño irreparable y que el Fideicomiso es una entidad privada, pero hay que esperar por su decisión", explicó a Primera Hora la abogada del Fideicomiso, Judith Berkan. La necesidad de identificar al Fideicomiso como una entidad pública o privada se debe a que el Gobierno sólo puede confiscar terrenos a entidades privadas. Éste es precisamente uno de los argumentos en el que se fundamenta el Fideicomiso para alegar que la Ley 32 es inconstitucional, porque  revertir al Estado y al Municipio de San Juan la tenencia de las tierras concedidas en el 2005 constituye una confiscación sin el debido proceso de ley ni compensación.

"La posición de nosotros es que el Gobierno quiere adelantar una política pública de hace años: dar títulos de propiedad", dijo a este diario uno de los abogados del Municipio de San Juan, Eliezer Aldarondo López.

El Gobierno de Puerto Rico estuvo representado por una batería de abogados: Aldarondo López y Eliezer Aldarondo Ortiz por el Municipio de San Juan; Ángel Roger por el gobernador Luis Fortuño y el secretario de Justicia Antonio Sagradía; Carlos Cardona por la Autoridad de Tierras, Orlando Durán por la Autoridad de Energía Eléctrica y Raúl Castellanos por la Autoridad de Carreteras.  Aldarondo López y Cardona fueron los que presentaron argumentaciones orales.