La presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances T. Berríos Meléndez, opinó hoy que debe caerle todo el peso de la ley a las personas involucradas en un esquema de fraude en el que están implicadas dos exempleadas de la pasada administración y a otras 22 personas que desviaron el dinero del Fondo de Beneficencia de esa institución, que fue descubierto mediante una auditoria que realizó al asumir su posición.

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Según la investigación de la agente Katiria Rossini Padilla, adscrita la División de Robo a Bancos, y la fiscal Roxanne Rivera Carrión, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, para los años 2019 y 2020 la entonces secretaria ejecutiva del CPEPR generó 32 cheques por la cantidad de $4,000.00, para un total de $128,000.00, que hizo pagadero a 32 personas haciéndolos pasar como beneficiarios de familiar colegiado fallecido.

La secretaria fue identificada como Jennifer Ruiz, quien como parte de sus funciones tenía a cargo hacer todos los cheques pagaderos a nómina y todas las facturas relacionadas al colegio, además que era la única encargada del archivo de los expedientes de los colegiados.

De acuerdo a la pesquisa, las 32 personas que recibieron el beneficio no tienen ningún familiar colegiado ni algún vínculo con la entidad.

“Nuestro Colegio tiene 53 años de servicio continuo a los trabajadores de la industria eléctrica y ofrece un servicio indispensable a la ciudadanía. Mi petición, la del Comité Ejecutivo actual, nuestra Junta de Gobierno y de cada compañero perito es que todo aquel que sea encontrado culpable de esta o cualquier acción criminal contra la estabilidad de este prestigioso Colegio, sea juzgado y procesado con todo el rigor de las leyes aplicables. No permitiremos que inescrupulosos manchen la trayectoria de servicio de esta organización que es indispensable para el país”, dijo la presidenta en un comunicado de prensa.

Berríos Meléndez explicó que al inicio de asumir la presidencia en agosto del 2020 solicitó una auditoría forense de las operaciones fiscales del CPEPR. Tras los resultados ha estado cooperando con las autoridades en la pesquisa que culminó hoy con el diligenciamiento de 24 órdenes de arrestos.

Afirmó que, luego de los hallazgos ha implementado medidas de seguridad para garantizar el funcionamiento correcto de la institución y el uso adecuado de sus fondos.

“Esta es una administración transparente, de puertas abiertas y de gran respeto a nuestros colegiados y a la sociedad que servimos. El uso de nuevas tecnologías y el establecimiento de medidas de control y procesamiento fiscal garantizan que no tengamos que volver a pasar por una situación similar”, mencionó.

A su vez, le solicitó a sus afiliados y a la ciudadanía en general que confíen en esa institución ya que “seguimos en la implementación de más medidas de seguridad para garantizar la pureza y transparencia de los procesos del CPEPR y para cuidar celosamente el Fondo de Beneficencia que tanto ayuda a nuestros colegiados. Siempre estamos vigilantes y trabajamos para el mejor uso del dinero de nuestros colegas”.