La fiscal Diana Méndez instruyó anoche a que los detenidos en el área de la construcción del Muelle de Azúcar en Aguadilla fueran puestos en libertad hasta el 9 febrero, cuando deberán comparecer a las 8:30 a.m. al tribunal para la radicación de cargos.

Durante una manifestación convocada ayer domingo en el área del rompeolas para recuperar las zonas de dominio público marítimo terrestre, ya que existe una orden de demolición de varias estructuras -la cual no ha sido ejecutada-, se suscitó un incidente cerca del mediodía, cuando los participantes observaron a los miembros de la compañía de seguridad SJA Security Police Inc. apuntándoles con armas mientras se encontraban fuera de las verjas. Estos alegaron que se les roció el rostro con gas pimienta, mientras que algunas personas optaron por lanzar piedras, escuchándose los disparos.

Uno de los manifestantes, identificado como Ángel Luis Torres Rosado- de 39 años, residente en Trujillo Alto, recibió una herida de bala con entrada y salida en la pierna izquierda y se encuentra hospitalizado en condición estable. Tras el suceso, un grupo de manifestantes irrumpió al predio de terreno y fueron desalojados por policías estatales, porque según un comunicado de prensa circulado ayer estaban ocupando una zona que consideraban que era una escena criminal.

Los seis detenidos por delitos de obstrucción a la justicia y violación de morada fueron identificados como Johana Santiago Santiago, de 49 años y residente de Río Grande; Melanie Villalobos Rivera, de 43 años de Ciales; Dennis Otero Hernández, de 50 años de San Juan; María Feliciano Rodríguez, de 23 años de Mayagüez; Yamize Elías Rosa, de 52 años de Luquillo y José Soto Badillo, de 48 años de Aguada. De acuerdo con otros manifestantes el grupo realizaba una manifestación de desobediencia civil pacífica.

El guardia de seguridad que se alega le disparó al manifestante, identificado como César Toledo Montilla, fue desarmado ocupándole la pistola calibre 9 milímetros con 19 balas y un cargador. Además, entregó una Colt calibre .45 con un cargador y 9 balas, para las cuales también poseía licencia de portación.

El portavoz del Negociado de la Policía, Pedro Sánchez, negó que Toledo Montilla fuera un policía estatal que estaba haciendo labores a tiempo parcial como guardia de seguridad y agregó que se está investigando a la compañía de seguridad a cargo de la vigilancia en el área en conflicto. No pudo precisar si cuentan con la certificación para utilizar equipos tácticos.

“Como parte de la pesquisa se va a verificar si la compañía tiene licencia, si el personal que contrataron posee la licencia correspondiente. Se van entrevistar a los empleados de allí, al gerente o a la persona que esté encargada. Se había detenido al que alegadamente hizo los disparos y la fiscal ordenó citarlos para el 9 de febrero e igualmente se citó a las personas que se detuvo”, sostuvo Sánchez.

La compañía fue registrada en febrero del 2019 y está presidida por Sixto J. Acevedo Rosario.

En la escena se recuperaron casquillos como evidencia, agregó Sánchez.

La intervención fue realizada por los agentes Elvin Aponte, Rolando Arvelo, David González, Antonio Avilés, Rosa Montes y Rubén Hernández de ese distrito policiaco y la pesquisa sobre el herido de bala la lleva a cabo el agente José Medina adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

El 15 de enero, el juez Rolando Matos del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, determinó causa para arresto por un cargo de agresión en su modalidad menos grave y otro de violación al artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas de la Ley de Armas, contra Carlos Acevedo Pérez, de 49 años, un guardia de seguridad privado del proyecto de construcción que se desarrolla en el área del Muelle de Azúcar.

Durante la vista de Regla 6, se le señaló una fianza de $5,000.00, la cual fue prestada.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en el barrio Pueblo en Aguadilla, durante la madrugada de ayer cuando se alega que agredió a dos manifestantes identificados como Manuel A. Alvarado Negrón de 48 años, quien recibió 2 heridas abiertas en el área de la cabeza. En este caso no determinó causa para arresto por cargos de agresión agravada ni por la violación a la Ley de Armas. La fiscalía estaba evaluando acudir en alzada.

Mientras que, por los hechos contra Edgard Yadier Torres de 26 años, que resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo presuntamente propinados con una macana mientras se encontraban apostados en el portón que da acceso al área en construcción se determinó causa por agresión modificándolo a menos grave y por el cargo de Ley de Armas.

Miembros de los Campamento Carey y Pelícano se han mantenido frente al portón ya que existe una orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la paralización del proyecto mientras se obtienen los permisos para la demolición de las estructuras para intentar que se cumpla con la misma y evitar que se siga construyendo.