El exsenador Antonio “Chuchin” Soto y su esposa, Agnes López Díaz, fueron citados este martes a una nueva conferencia con antelación al juicio, en relación con los cargos presentados contra la pareja por proveer información falsa en sus planillas de contribución sobre ingresos.

La nueva vista de estatus fue pautada para el próximo 27 de abril, en la Sala 1103 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Soto y López Díaz comparecieron hoy, martes, al Centro Judicial de San Juan. La pareja, sin embargo, no asistió a la vista celebrada el pasado 12 de marzo, cuando el juez Henry Massanet Pastrana determinó que exlegislador debía entregar documentación diversa para poder procurar un acuerdo de alegación de culpa.

Esa documentación solicitada fue entregada a finales de la semana pasada, se informó hoy en la Sala 1103. 

“En horas de la tarde del viernes (pasado), recibimos la comunicación con la información solicitada, y se van a estar haciendo las gestiones pertinentes, incluyendo una reunión con los compañeros de la defensa”, confirmó en sala el fiscal especial independiente (FEI) Emilio Aril.

Además de las acusaciones que enfrenta junto a su esposa, el exlegislador también está acusado de 13 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, 13 de falsedad ideológica, en relación con el cobro de $2,106 en dietas legislativas mientras se encontraba de viaje en República Dominicana, y otros tres por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

En relación con los cargos sobre las planillas de contribución sobre ingresos, se alega que el matrimonio dejó de reportar $481,000 en sus planillas.

Soto podría ser sentenciado a 10 años de cárcel por cada uno de los cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, como pena fija y sin la opción de una sentencia suspendida o probatoria. El juez, igualmente, podría ordenarle que restituya el dinero que cobró de manera ilegal.

El acusado renunció a su escaño en el Senado el 15 de septiembre de 2011, en medio del escándalo surgido luego de que afirmó que recibió como regalo un lujoso carro Bentley, valorado en $400,000, por parte de una persona que le pidió que la mantuviera bajo anonimato, aun cuando el Código de Ética del Senado prohíbe que los miembros de la Asamblea Legislativa reciban regalos.