La secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, informó que Julio Martorell González de 78 años, quien funge como dueño del Laboratorio Clínico de San Juan, fue sentenciado a cumplir cinco años en libertad supervisada por apropiarse ilegalmente de las identidades de beneficiarios del Programa de Medicaid para poder facturar y cobrar ante los planes médicos.

Previo al acto de dictar sentencia Martorell González restituyó la cantidad de $49,119.54 al Programa de Medicaid.

La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, impuso una pena de cinco años de libertad supervisada que deberá cumplir de forma concurrente por los delitos de someter reclamaciones falsas y fraudulentas, apropiación ilegal de identidad y apropiación ilegal.

Mientras que, al Laboratorio Clínico de San Juan, que lleva más de 10 años operando en la Avenida Lomas Verdes, se le ordenó la cancelación del certificado de incorporación ante el Departamento de Estado.

La pesquisa reveló que Martorell González, utilizó su posición como propietario del laboratorio para apropiarse de la identidad de pacientes del programa y así lograr someter reclamaciones falsas y fraudulentas entre los meses de agosto de 2018 a diciembre de 2022.

El laboratorio sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos: Humana Health Plan, MCS Advantage, MMM, Plan de Salud Menonita y Triple S por la cantidad de $49,119.54.

Por estos hechos, la fiscal Brenda Rosado Aponte, adscrita a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia, formuló 17 cargos contra Martorell González y 10 cargos contra el Laboratorio Clínico de San Juan tras violentar los artículos 182 del Código Penal y 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico, según un comunicado de prensa.

“Toda persona que mediante engaño cometa el delito de fraude será investigado y procesado como corresponde. Que este caso sirva de advertencia para todo aquel que esté pensado cometer este delito desista inmediatamente de incurrir en tales acciones. El Departamento de Justicia está preparado para procesar toda acción fraudulenta contra los servicios de salud y atención médica. Destaco la encomiable labor de los fiscales y agentes de MFCU, así como del Negociado de la Policía que trabajaron en el procesamiento de este caso”, expresó Parra Mercado.

El caso surgió a raíz de un referido del Program Integrity Unit del Departamento de Salud de Puerto Rico a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico. La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte y el agente de MFCU, Ricardo Del Valle Vélez, en colaboración con agentes de la Oficina del Inspector General adscrita al Departamento de Salud federal.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal federal 2024-2025. El 25% restante, que totaliza $326,693.79 para el año fiscal 2024-2025, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico