El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa de una querella por “desfalco” tras desaparecer 100 cajas de balas calibre 9 milímetros que iban destinadas a ser entregadas en el Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.

Según informes preliminares, el martes, 22 de agosto, eso de las 11:50 a.m., el querellante, que labora para una compañía privada que debía entregar las municiones, llegó al Cuartel General y cuando los encargados verificaron el inventario, se percataron que faltaban 100 cajas de calibre 9 milímetros, para un total de 5,000 balas.

“Informa el querellante que alguien con control y custodia se apropió de 100 cajas de balas calibre 9 milímetros”, indica el documento oficial.

La empresa volvió a verificar en su almacén y como no encontró las cajas de balas se querelló en el precinto de Juan Domingo, en Guaynabo.

“La Policía de Puerto Rico no tiene nada que ver con relación a esa entrega de municiones. Es una compañía de transporte privada que brinda los servicios y cuando llega donde se van a entregar según el protocolo no llegaron completas y lógicamente no se aceptaron porque la orden no estaba completa, ellos regresan para realizar su investigación como compañía y piden la cooperación de la Policía de Puerto Rico”, detalló el coronel Israel Vázquez, comandante de área de Bayamón.

El funcionario se reafirmó en que no hubo ningún tipo de negligencia en ninguno de los distritos de su área policíaca. Mientras que, el inspector Roberto Ramos director del CIC de Bayamón, afirmó que no tienen ninguna responsabilidad porque nunca recibieron las balas.

La investigación, que se concentra en la transportación de las mismas, va a determinar si se configuró algún delito, si no tuvieron algún control de las balas o si fallaron en la contabilidad.

“Cuando la compañía culmine la contabilidad, si en realidad existe la desaparición de las balas, la negligencia es de la compañía no es de nosotros...hasta que ellos no culminen con el inventario no descartamos ningún ángulo”, subrayó Ramos.

En el caso de que no se puedan localizar las balas o se determine que fueron hurtadas se consultaría con las agencias federales correspondientes para que determine si asume la jurisdicción de la pesquisa.

Una vez la empresa tenga una idea clara de los sucedido, se comenzarán las entrevistas de rigor a las personas que tenían acceso a las municiones o conocimiento del trámite de entrega.