La jueza superior Vivian Durieux Rodríguez sentenció hoy, miércoles, a Christopher Sánchez Asencio a cumplir 254 años, cinco meses y seis días de prisión, por los asesinatos de cuatro miembros de una familia en Guaynabo, un hecho que estremeció al país el 18 de noviembre de 2014.

Del total de la pena, Sánchez Asencio deberá cumplir primero unos 96 años naturales tras las rejas, correspondientes a violaciones a la Ley de Armas, para poder cualificar a la Junta de Libertad bajo Palabra o a bonificaciones, advirtió la magistrada.

Sánchez Asencio, vestido con mameluco azul, esposado de manos y pies, no se inmutó cuando escuchó a la jueza leer el monto de la sentencia. Poco antes, Durieux Rodríguez le preguntó si quería decir algo y declinó con una mueca.

El hombre de 28 años fue condenado a 99 años de cárcel por el primer cargo de los asesinatos imputados y a 19 años, nueve meses y 22 días por cada uno de los otros tres cargos de asesinato en primer grado incoados en su contra. 

También se le impusieron 50 años por el delito de secuestro, 20 por robo agravado, 20 por tentativa de asesinato, ocho años por agresión agravada, seis por conspiración y tres por destrucción de evidencia, pero estas penas serán cumplidas de forma concurrente con las anteriores.

Por las infracciones a la Ley de Armas, en relación al uso de una pistola Kimber, una pistola Intratec y un cuchillo, según la prueba presentada en el juicio, Sánchez Asencio fue sentenciado a cumplir 96 años, pero de forma consecutiva.

Al dictarle la sentencia, la jueza explicó que al convicto le aplicaba la cláusula de favorabilidad aprobada en las últimas enmiendas al Código Penal en 2012, que establece que cuando un ciudadano encara una pena de más de 99 años, el tribunal lo sentenciará por el primer asesinato a 99 años, pero en los restantes tres delitos la pena será a base de un 20%, que se sumarán a la condena.

El 13 de noviembre de este año un jurado encontró culpable a Sánchez Asencio en los 19 cargos que se le imputaban. En votación unánime, el jurado –de ocho mujeres y cuatro hombres- falló en contra del acusado en todos los cargos. Sólo en el cargo de poseer una pistola Intratec, la votación fue de 11-1. El juicio, que se ventiló en la Sala 704, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, se prolongó por un mes. 

El jurado lo encontró culpable de asesinar a su casero Miguel Ortiz Díaz; a la esposa de éste, Carmita Uceda Ciriaco; a su suegra, Clementina Ciriaco López, así como al hijo mayor de la pareja, Michael Ortiz Uceda, de 15 años. Sánchez Asencio fue acusado de actuar en concierto y común acuerdo con José Luis Bosch Mulero, de 27 años. Éste encara los mismos cargos, pero en un juicio separado que se llevará a cabo a partir de febrero de 2016.

Infructuosa moción de nuevo juicio 

El abogado defensor, Orlando Cameron Gordon, intentó que no se le dictara la sentencia al convicto al invocar sin éxito la sentencia reciente del Tribunal de Apelaciones en el caso del convicto corredor de seguros Pablo Casellas Toro, que sostiene que los veredictos en los tribunales estatales tienen que ser por unanimidad, como establece la jurisdicción federal. 

En una moción que presentó poco antes de que comenzara la vista de sentencia, Cameron Gordon reclamó un nuevo juicio para su cliente amparado en la decisión del Apelativo en el caso Casellas Toro, sentenciado por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón. Argumentó que en este caso sólo en uno de los casos el veredicto no fue unánime, pero él lo interpretó a la inversa.

Sin embargo, la fiscal Janet Parra Mercado ripostó que la sentencia en el caso Casellas Toro no es final y firme. “El estado de derecho sigue siendo el mismo y el Apelativo no es el foro que va a determinar si una ley es constitucional o no”, sostuvo la fiscal.

La jueza acogió los argumentos de la fiscal y denegó la solicitud de la defensa. Durieux Rodríguez dijo que en estos días le “han llovido” las solicitudes de abogados reclamando la excarcelación de sus clientes.

“Nuevamente hoy se reitera la justicia para la familia Ortiz Uceda, para estos familiares que han estado aquí con nosotros todo el tiempo”, dijo la fiscal Parra al salir de la sala acompañada de María del Mar Ortiz Rivera, la otra fiscal del caso. 

Parra Mercado calificó de absurda la moción de la defensa solicitando un nuevo juicio para el convicto. “Eso en derecho no procede porque eso no cambia el estado de derecho en este país. Eso es ley solamente en el caso de Pablo Casellas y en su momento, incluso se determinará si es ley porque el Ministerio Público irá al Tribunal Supremo”, indicó la fiscal.

Posteriormente, en declaraciones escritas, el secretario de Justicia, César Miranda reiteró que están en vías de solicitar una reconsideración al foro de apelaciones de la sentencia en el caso de Casellas Toro, por entender que es errada y sostuvo que la misma “no es vinculante a otros casos”. 

En torno al juicio contra Bosch Mulero, la fiscal Parra Mercado dijo que no haría expresiones públicas “ya que se ha planteado una publicidad excesiva y nosotros en respeto al proceso no vamos a hablar nada”.

Sobre la decisión del convicto de no expresarse antes de que se le dictara la sentencia, el licenciado Cameron Gordon dijo que “ese es su derecho”. 

Mientras, la madre del acusado, Alexandra Sánchez, salió de la sala judicial cubriéndose el rostro para evitar ser captada por las cámaras de fotoperiodistas. La mujer no quiso hacer expresiones a la prensa.

Cuando Sanchez caminaba a prisa por el pasillo, uno de los familiares de las víctimas se acercó y le dijo que orarían por su hijo y que no le guardaban rencor.