El secretario de Justicia, César Miranda, insistió ayer que la fiscal Francelis Ortiz nunca se querelló de posibles actos de corrupción en esa agencia en reacción a declaraciones de su viudo, Fermín Arraiza, quien cree que el crimen de su esposa fue uno de encargo, en represalia por una pesquisa que ella inició contra altos funcionarios.

La fiscal fue asesinada en la entrada de su casa en Río Grande, al ser emboscada por un grupo de jóvenes que salió a robar un carro para  el líder de la pandilla, dedicada al hurto de vehículos.

Esa versión, comentó Miranda, ha sido corroborada por tres de los cuatro implicados en el crimen, como parte de una investigación que calificó como exahustiva y ya condujo a  la convicción de dos de los acusados por los hechos.

Para Miranda no existen elementos para que se lleve a cabo una investigación ulterior pues estima que todos los ángulos de la pesquisa fueron meticulosamente cubiertos.

A su vez, descarto que al momento del crimen existiera en curso una investigación sobre actos de corrupción que implicara al exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, al jefe de los fiscales, José B. Capó y contra José Lozada Medina, exdirector del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

“Fuimos tan lejos como cotejar todos los expedientes que trabajó la fiscal, conversar con sus compañeros de la fiscalía de San Juan, con sus compañeros en el área de Crimen Organizado...A mi entender responsablemente se han agotado todos los ángulos que se podrían cubrir en esta investigación”, dijo Miranda.

Para Arraiza,  no obstante, Sagardía es “persona de interés” en el asesinato de su esposa, pero el exfuncionario responde que sus declaraciones son “infundadas, temerarias y lamentables… fruto del desespero de un viudo que no encuentra consuelo”.