La jueza Yazdel A. Ramos Colón, del Tribunal de San Juan, determinó hoy causa para juicio contra Santiago Apolinar Rondón, de 30 años, por cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y violación al artículo 6.05 (portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia) de la Ley de Armas, por el crimen de dos hermanos en un restaurante en Condado, donde todos trabajaban.

Según la oficina de prensa del Poder Judicial en dos de las tres denuncias por violación al artículo 6.14 (disparar o apuntar armas de fuego) de la Ley de Armas, no se determinó causa. Se citó a una vista en alzada con relación a estos delitos para el 16 de noviembre a las 2:00 p.m.

La lectura de acusación se llevará a cabo el 27 de octubre a las 10:00 a.m. y el inicio del juicio fue pautado para el 16 de noviembre a las 2:00 p.m.

El proceso se extendió por dos días con el interrogatorio a seis testigos.

De acuerdo con la pesquisa, el 10 de julio, Apolinar Rondón, asesinó a los hermanos maternos Jean Paul Oquendo Roldán, de 32 años y José Enrique Cotto Roldán, de 27 años, vecinos de Guaynabo y Caguas, durante la noche del lunes, en la cocina del restaurante Ropa Vieja Grill, localizado en la avenida Ashford, en Condado.

Los hechos se reportaron a las 9:00 p.m. cuando el imputado entró por la puerta de la cocina del negocio, donde hace cuatro meses laboraba como parrillero y lavaplatos en el negocio, a pesar de que no estaba de turno.

Este pasó por el lado de varios empleados a quienes les pidió salieran del lugar, mientras seguía caminando directamente hasta los fregaderos donde estaban trabajando los hermanos y les disparó.

Este viró para buscar la salida cargando su arma de fuego con otro peine y en medio de la confusión y gritos de empleados y clientes y se topó con el guardia de seguridad a quien le disparó, este repelió la agresión. No se reportaron heridos en este intercambio de disparos.

El doble asesinato quedó captado en los vídeos de las cámaras de seguridad del negocio, los cuales fueron mostrados como evidencia durante la vista preliminar.

Este fue acusado en ausencia y el 14 de julio se le diligenció una orden de arresto expedida por la jueza Sonya Nieves Cordero, con una fianza de $4 millones, la cual fue diligenciada en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey, donde se escondía.