El juez Héctor López Sánchez del Centro Judicial de Mayagüez encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez y la directora de finanzas municipal Yahaira Valentín Andrade por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.

Las denuncias presentadas por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), se relacionan al desvío de unos $9.8 millones en fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez y que fueron depositados en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.

López Sánchez señaló la lectura de acusación para el 27 de noviembre y el inicio del juicio será el 22 de diciembre.

Al recordar las instancias en que el suspendido alcalde se dirigió a los medios de comunicación, “implorando a la Legislatura que le asignara fondos para el Centro de Trauma, porque la gente se le moría”, la fiscal especial independiente (FEI), Leticia Pabón, repudió que, “estas personas no actuaron en beneficio del pueblo al recibir el dinero”.

“Este pueblo ha tenido unos derechos violentados por estos funcionarios. La Legislatura actuó y le asignó $9 millones al municipio de Mayagüez para esos fines. Como dijo la testigo, si no era suficiente para hacer la obra, tenían opciones y no poner en bandeja de plata ese dinero a estas personas”, denunció al referirse a los exasesores Arnaldo Irizarry, Eugenio García y Roberto Mejill, convictos en el sistema federal.

Pabón aludió al testimonio de Wanda Said Pérez, funcionaria de la Oficina del Contralor que fungió como testigo, quien advirtió en más de una ocasión que el dinero en cuestión no podía ser utilizado para un propósito distinto al especificado en las resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, para los años 2012, 2014 y 2015. Esto, aunque la defensa, integrada por los licenciados Harry Padilla y Ana María Strubbe, abogados del alcalde y la directora de Finanzas, respectivamente, insistieron en que el monto no daba “ni para los planos” y que tampoco se especificaba fecha límite para utilizar los fondos.

“Haga la parte que puede y pida más fondos si no le da. Evidencie lo que hizo y vaya a la Legislatura a pedir más fondos. Esto tuvo como consecuencia que se perdieron $9 millones y el pueblo de Mayagüez sigue yendo al Centro Médico de San Juan”, sostuvo en su alegato.

Igualmente, la FEI rechazó que el municipio mayagüezano recuperara los fondos, mientras que cuestionó las argumentaciones de los letrados que aseguraron que, el dinero invertido nunca salió de las arcas municipales.

“Los compañeros (abogados) dicen que el municipio recuperó los fondos. Se recupera, porque las casas aseguradoras pagaron. Cuando el municipio vio que era esto una situación de atención pública fue a tratar de recuperarlo, porque se había perdido luego de que la transacción saliera de Puerto Rico (hacia la cuenta de inversiones J.P. Morgan con base en Nueva York)”, apuntó.

“Esta inversión no es una de esas generales (permitidas en ley), sino una ilegal porque el primer requisito es que el dinero esté disponible y no comprometido. Esos $9 millones estaban comprometidos desde el día uno. No le da la razón a la defensa que el dinero se recuperó, entendemos que se recuperaron otros $9 millones y no los $9 millones que se otorgaron en las resoluciones conjuntas”, esbozó.

Asimismo, expresó: “Este caso es una traición a este pueblo cometida por estos dos imputados”.

Entretanto, al repasar la evidencia puesta en manos del tribunal, la fiscal destacó que, “el alcalde es funcionario público, estuvo 29 años de alcalde, 14 años adicionales en distintas funciones en el municipio y también fue legislador. ¿Alguien podría decir que alguien lo cogió de tonto?”.

“Yahaira tiene 11 años de experiencia y trabajó con uno de los asesores”, acotó la fiscal, al mencionar que “resulta increíble que estos funcionarios no supieran que esas personas (exasesores convictos) no estaban certificadas para hacer esas transacciones”.

“Este pueblo sigue sin su Centro de Trauma. ¿Cuándo fue que al alcalde y a Yahaira se olvidaron del sufrimiento del pueblo? (El municipio) recibió el dinero y no se hizo nada con la obra. El deber de Yahaira como directora de finanzas era asegurarse a dónde fue a parar ese dinero”, recalcó.

En su argumentación final, el licenciado Padilla rebatió las imputaciones contra los funcionarios al aludir que estos fueron “engañados”.

“El caso que aquí está envuelto es que, se reciben $9,850,000 que, se reciben en 13 cheques. Esos cheques, una vez que llegan al municipio se depositan a una cuenta y esa cuenta genera un ingreso. Ese dinero cuando se invierte se mantiene en el patrimonio del municipio, no se consume, sino que se queda ahí”, manifestó ante el juez.

“El dinero no era suficiente para hacer las obras que le asignaron. La resolución no tenía una fecha específica para hacer la obra. La inversión que se hizo y que se autorizó era una inversión que se liquidaba inmediatamente. Esa liquidación se podía hacer y en cualquier momento se podía retirar, en un término de 30 días. La inversión no tenía que ser avalada por la Asamblea Legislativa”, apuntó.

Igualmente, recordó que la querella que originó la investigación provino de un “adversario político”.

“Aquí fueron seis personas que actuaron a espaldas del municipio. Estas personas fueron encausadas criminalmente. Todos resultaron convictos. Claramente, el dinero está en el municipio, se invierte para levantar su rendimiento, se mantiene en las cuentas del municipio, pero cuando sale de Puerto Rico, estas personas se aprovechan y lo desvían para otros fines”, argumentó.

“En estricta juridicidad. Ese señor no ha cometido delito, porque delegó, confió su responsabilidad en funcionarios de primer orden. Por consiguiente, actuar así no es comisión de delito. Aquí no hay causa. Yo tengo plena confianza en que usted ha dirimido esta prueba”, concluyó.